domingo, noviembre 27, 2022
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El Salvador | Avalan reformas para dejar sin control escuchas telefónicas

 La Prensa Gráfica Gabriela Villarroel

Diputados del oficialismo en la comisión de Seguridad avalaron ayer reformas a las leyes de crimen organizado, de telecomunicaciones y especial de intervención a las telecomunicaciones que crean mecanismos de vigilancia ciudadana más simplificados, y obligan a compañías telefónicas a brindar datos personales de sus usuarios.

Entre las reformas que se aprobarán a ley de intervención, hay una modificación que permitirá a la Fiscalía General de la República (FGR) librarse de las auditorías de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a su centro de escuchas telefónicas, publicadas y entregadas cada año a la Asamblea Legislativa.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que las reformas buscan “hacer más eficaz el uso de las escuchas telefónicas para obtener pruebas incriminatorias que permitan capturar a las estructuras terroristas”, en el marco de la llamada “guerra contra las pandillas” que ejecuta el Gobierno en el régimen de excepción.

Las iniciativas fueron entregadas a la Asamblea Legislativa el pasado 14 de septiembre, y a pesar de su carácter “urgente”, no habían sido discutidas durante casi un mes por la bancada oficialista. En la jornada de este jueves, los diputados recibieron observaciones leídas por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, que se incorporaron automáticamente, sin ningún tipo de discusión de los parlamentarios.

“Pedimos que se puedan unificar las propuestas y aportes del fiscal general, porque han sido bastante acertadas”, se limitó a decir el diputado Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas. Giovanni Zaldaña, también oficialista, pidió inmediatamente que se emitiera el dictamen.

Sin auditorías

Una de las propuestas del fiscal general fue profundizar los cambios hechos al artículo 33 de la ley de intervención de las telecomunicaciones, sobre la fiscalización del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, un ente adscrito a la FGR que se encarga de las escuchas telefónicas a los ciudadanos, previa orden judicial.

Mientras el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había pedido únicamente que se eliminara la obligación de la PDDH de practicar auditorías anuales a este Centro, el fiscal fue más allá: pidió que la PDDH designe a un delegado al interior del Centro de Intervención, que se encargará de supervisar el quehacer de la institución, sin emitir ningún tipo de informe.

“Esto es para corregir errores del pasado, cuando se pretendía fiscalizar sobre el sistema de intervención de las telecomunicaciones que posee el Centro. En realidad, la función del procurador es únicamente verificar que no se violenten garantías constitucionales”, explicó el fiscal Rodolfo Delgado a la comisión. Ni oficialistas ni opositores le cuestionaron al respecto.

El titular del Ministerio Público también pidió que se eliminen todo tipo de procedimientos de oficio hechos desde la PDDH, en referencia incluso a auditorías específicas, “y que solo se hagan cuando haya una denuncia sobre violaciones al derecho a la intimidad” de un afectado.

En todo caso, estas auditorías tendrán carácter de reservado, y serán remitidas directamente al mismo fiscal de la República, para que él mismo decida si tomará acción, indicó Delgado.

Actualmente, tanto las auditorías al Centro de Intervención como los informes especiales son remitidos a la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa.

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