La economía digital está definida como el intercambio de bienes y servicios, físicos y/o digitales, los cuales concluyen con el pago de la transacción. Sin embargo, este intercambio podría ser a través de dinero o mediante el pago usando medios electrónicos, tanto de los servicios bancarios como de nuevas formas usando servicios digitales denominados Fintech.
Debido a la pandemia generada por la Covid-19 ha crecido el intercambio de bienes y servicios que requieren el uso de sistemas de pagos digitales y servicios bancarizados como las tarjetas de débito o crédito, otorgadas por el sistema bancario tradicional.
Sin embargo, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Global Findex de 2017, solo 51 por ciento de la población de América Latina y el Caribe tiene una cuenta corriente o de ahorro, y mucho menos el acceso a tarjetas de crédito en una institución financiera formal, porcentaje mucho más bajo que el promedio de Asia Emergente (78%) y el grupo de economías avanzadas (96%).
Para que la economía digital e incluso la economía de América Latina y el Caribe atraviese la complicada situación financiera que se avecina, es necesario desarrollar una política que disminuya las barreras para acceder a los servicios financieros, no sólo para acceder al crédito, sino aún más importante para garantizar el consumo en un escenario donde los pagos por medio del dinero físico disminuyan para evitar la propagación de Covid-19.
El BID explica que “existen varios factores que explican estas brechas, como los altos niveles de informalidad en la región, los estrictos requisitos de documentación para abrir cuentas bancarias, la baja penetración de productos financieros como el arrendamiento y la factorización, la deficiencia o inexistencia de servicios de información crediticia, la falta de un adecuado registro público de bienes muebles e inmuebles, y la baja educación financiera, entre otros”.
En este escenario, la inclusión financiera juega un papel preponderante en la recuperación económica de América Latina y el Caribe, ya que será necesario incrementar el acceso para lograr garantizar la salud de la población. Obviamente, sin perjudicar el desarrollo de las actividades económicas. En este particular las Fintech juegan un rol fundamental.
Veamos el caso de Venezuela. Según el BID “se destaca como el país con la mayor penetración de pagos digitales en la región, lo que se explica en parte por los altos niveles de inflación que prácticamente han imposibilitado la realización de transacciones en papel moneda”. Aunque este caso es muy particular, vemos cómo el uso de los pagos digitales puede presentar una ventaja, cuando el uso del papel moneda puede representar un riesgo para la salud o incluso el distanciamiento social requiere el uso de las plataformas digitales. Específicamente, a través de las redes móviles de telecomunicaciones, ya que ofrecen soluciones que pueden utilizarse desde un smartphone o incluso desde un equipo de baja gama a través de envíos de SMS.
Según un estudio presentado en diciembre de 2019 por Juvo, una empresa pionera de las identidades financieras para los no bancarizados, existen en México 61 millones de adultos en edad productiva no bancarizados, 49 millones en Brasil, Colombia con 21 millones, Argentina con 17 millones, Perú con 14 millones, Chile con 4 millones y Panamá con 2 millones.
Respecto de esta información presentada por Juvo, en estos siete países de América Latina y el Caribe existen 168 millones de adultos en edad productiva no bancarizados, lo cual definitivamente es una cifra muy alta que reduce el número de personas que podrán acceder a los medios de pagos digitales para adquirir productos y servicios.
En el caso particular de México, según el BID existen 85 millones de personas que tienen edades comprendidas entre los 15 y 64 años, donde se encuentra la gran mayoría de la población económicamente activa, por lo que según las cifras del estudio encargado por Juvo, 72 por ciento de la población económicamente activa no tiene acceso a los servicios bancarios. Esta cifra, de estar correcta, es un número bastante alto de personas que se encuentran en edad productiva y no tienen acceso a la banca.
Según la empresa Minsait Payments, en México 36.9 por ciento de la población estaba bancarizada al finalizar 2019. Estas son cifras importantes debido a que muestran la cantidad de personas excluidas de los servicios de la banca tradicional, las cuales no le permitirán utilizar esos servicios para adquirir los bienes y servicios requeridos. También les limitan las posibilidades de realizar una actividad para la obtención de ingresos e incorporarse a la economía digital.
Por otra parte, según el Inegi para 2018 15.1 millones de mexicanos tenían acceso a una tarjeta de crédito, la cual es una puerta de entrada para las transacciones de comercio electrónico. En este sentido, es claro que no sólo en México sino en el resto de la región es necesario desarrollar una política regulatoria que permita incrementar el acceso a las personas para el uso de las plataformas electrónicas de pago.
En el estudio de Mecanismos de pagos digitales (BID, 2020) se menciona que en 2017 “se identificaron 43 servicios de dinero móvil en 26 economías de la región (CEMLA, 2017). Sin embargo, la penetración del dinero móvil ha sido y sigue siendo baja en la región. Tan solo 7 por ciento de los adultos declaró poseer cuentas de dinero móvil, contra 24 por ciento en África Subsahariana” (Global Findex 2017).
Por otra parte, en términos absolutos, según la GSMA, la región de América Latina y el Caribe presenta bajos niveles de transaccionalidad. Sin embargo, estos estudios son previos a la situación generada por la pandemia, donde se ha incrementado el número de transacciones de comercio digital y abierto nuevas posibilidades para la economía digital aprovechada en su mayoría por las grandes empresas o BigTech.
Esto representa una oportunidad para el sistema bancario tradicional, las empresas Fintech y los operadores móviles, como el enlace entre la población no bancarizada, los servicios financieros y el acceso a los bienes y servicios comercializados a través de la economía digital, especialmente el comercio electrónico. La penetración de teléfonos móviles es mucho mayor que el número de personas bancarizadas y, lo que es más importante, se extiende a poblaciones no alcanzadas por los proveedores de servicios financieros tradicionales.
En este sentido, los servicios financieros de la banca tradicional se enfrentan a una gran posibilidad de cambio, ya que en algunos países el acceso a las entidades bancarias u oficinas se encuentran restringidos por el distanciamiento social. Esta situación podría limitar su capacidad de atender presencialmente a muchos de sus clientes, los cuales aún requieren trasladarse a una oficina bancaria para poder realizar algunos trámites como el cambio de tarjetas de débito o incluso poder acceder a los servicios de banca en línea o a través de Internet.
Probablemente, la estrategia de transformación digital de los servicios bancarios será clave para seguir ofreciendo sus servicios en los medios digitales. Además, creando la posibilidad de incrementar el número de personas con acceso a los servicios bancarios, abriendo la posibilidad de digitalizar los procesos e información para la creación del perfil bancario de nuevos clientes. La situación actual incrementará la demanda de los servicios financieros y permitirá disminuir los costos si la inclusión de los nuevos clientes se realiza a través de medios digitales, sin requerir la inversión para el despliegue de las oficinas físicas a lo largo del país.
Las empresas del mercado Fintech también tienen oportunidad en esta nueva formalidad de la economía, según el estudio del BID: “el segmento Fintech de pagos y remesas es, de hecho, el más grande en la región. Representó en 2018 24 por ciento del total de todos los emprendimientos Fintech y mostró un crecimiento anualizado de 61 por ciento, según el último informe sobre la industria Fintech del BID con Finnovista en 2018”.
Según la GSMA, en su reporte sobre el estado de la industria del dinero móvil 2020, a nivel global existen 290 servicios de dinero móvil, 1.040 millones de cuentas registradas, 372 millones de cuentas activas, 37 mil 100 millones de transacciones por un valor de 691 mil millones de dólares. En el caso de América Latina y el Caribe, existen 27 servicios de dinero móvil, 26 millones de cuentas registradas, 13 millones de cuentas activas y 601 millones de transacciones por un valor de 16 mil 500 millones de dólares.
En este sentido, la oportunidad para los servicios financieros tanto tradicionales como alternativos surge de la necesidad de acceder a los medios de pagos electrónicos, debido al incremento del consumo a través de medios digitales. Ahora no sólo para el acceso a servicios de las grandes empresas de comercio electrónico, sino hasta para el pago de los consumos en los comercios locales.
En el mismo informe del BID, se reconocen que “las características y los beneficios de las soluciones de pagos digitales son especialmente relevantes en el contexto de la crisis actual relacionada con la pandemia de Covid-19. Si bien en crisis pasadas ya se utilizaron programas existentes de transferencias condicionadas como canales para llegar a la población pobre con transferencias de recursos, un factor nuevo de esta crisis que no estuvo presente en las pasadas es la necesidad de mantener un distanciamiento social con el propósito de evitar contagio masivo de la población”.
Ahora bien, esta situación requerirá una regulación inteligente de la economía digital que permita impulsar las actividades que la componen con una visión integrada de cada uno de los procesos. Recordemos que el acceso a medios de pago electrónicos es sólo una parte de las transacciones comerciales que integran la economía digital, no sólo de las grandes empresas internacionales, también de los bienes y servicios que han debido migrar parcial o totalmente desde la economía tradicional a la digital en un contexto local.