Foto: DPL News. Santiago de Chile. La economía colaborativa requiere promover entornos regulatorios escalables, no restrictivos y habilitantes; así como regulaciones modernas, fruto del diálogo técnico y la evidencia que protejan la infraestructura de movilidad y la creación de oportunidades, señaló Antonio Canale-Mayet, director de Asuntos Corporativos de DiDi Chile, durante su intervención en Chile Digital Summit 2026.
El directivo advirtió que la transformación digital no ha cumplido del todo su promesa; existe un desafío fundamental: la economía digital carecerá de legitimidad si sus beneficios no llegan a toda la población, sobre todo a esa quinta parte (20%) que enfrenta desafíos para aprovechar los beneficios de la conectividad.
No obstante, reconoció que el mundo está viviendo una redistribución estructural del poder económico y el acceso a las oportunidades y la tecnología es ahora el entorno donde se desarrolla la vida de la población.
Plataformas digitales: infraestructura y catalización
Canale-Mayet destacó el papel que las plataformas digitales desempeñan en ese escenario. Aseguró que son el catalizador que permite la convergencia entre la información y la redefinición del entorno social y, simultáneamente, la infraestructura sobre la que se construyen nuevas oportunidades de negocio.
Para poner de relieve su rol como pilar estructural del desarrollo productivo, compartió que DiDi aportó un valor agregado bruto de 147,200 millones de pesos a la economía chilena en 2025, el equivalente al 0.18% del PIB nacional o, si se toma en cuenta solo Santiago, el 0.40% del PIB de la región metropolitana.
El directivo subrayó esta condición sobre todo en un mercado laboral con altas tasas de desocupación, superiores al 9%; las plataformas digitales han respondido creando una red de protección social y coparticipación en oportunidades de ganancias inmediatas. Eso, aseguró, es formalización e inclusión financiera para quienes no la tienen.
Además, el ejecutivo de DiDi comentó que hay 140,000 conductores mensuales, de los que el 99% cuenta con educación secundaria o superior, el 35% con educación universitaria completa y el 30% con educación técnica profesional, por lo que se trata de capital humano calificado.
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En ese sentido, la oportunidad que ellos encuentran en las plataformas es la flexibilidad, pues el 87% declara que es el principal beneficio y más de la mitad (54%) complementan su labor con otras actividades.
Por ello, aseguró, se necesita una gobernanza moderna, legítima y acorde a la realidad de las plataformas para que continúen generando prosperidad. En suma, un modelo regulatorio digital, proporcional y equitativo bajo un enfoque que no elimine oportunidades a cientos de miles de chilenos.
“No somos transporte tradicional, no competimos con la infraestructura de movilidad, sino que la complementamos. La tecnología ya hizo su parte conectando a las personas. Ahora nos toca a nosotros, el sector público y privado, diseñar las reglas del juego que permitan que esta innovación siga impulsando a Chile a un futuro más inclusivo, más justo y más próspero”, concluyó.