Rentas del suelo y trámites amenazan el futuro digital de Chile en la era de la IA: Daniel Gurovich
Santiago de Chile. La revolución tecnológica, de los Centros de Datos y de la Inteligencia Artificial exigirá una expansión acelerada de las redes de telecomunicaciones en Chile, pero los elevados costos del suelo, la rigidez regulatoria y las rentas crecientes amenazan con frenar las inversiones necesarias para sostener esa demanda.
Esa fue la advertencia de Daniel Gurovich, representante de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), durante el panel Costos y competitividad de las telecomunicaciones en Chile, al señalar que el país enfrenta un problema estructural de costo del suelo y rentas elevadas que compromete la conectividad del futuro.
Gurovich destacó que la industria de telecomunicaciones ha mantenido un fuerte ritmo de inversión. Los operadores destinan alrededor de 25% de sus ingresos a reinvertir en infraestructura, una cifra que permitió desplegar redes 5G, ampliar la fibra óptica y fortalecer la conectividad nacional. Sin embargo, ese esfuerzo ocurre en un contexto de intensa competencia que redujo alrededor de 20% los ingresos promedio del sector durante la última década.
La consecuencia es que cualquier incremento en los costos estructurales afecta directamente la capacidad de seguir invirtiendo. Para Gurovich, el principal problema se encuentra en el costo del suelo donde se instalan torres y otros elementos de infraestructura crítica.
Chile registra uno de los costos de suelo más elevados de América Latina. El arrendamiento mensual alcanza un promedio de 961 dólares, con niveles cercanos a 1,224 dólares en zonas urbanas y 767 dólares en áreas rurales.
El gasto por renta representa hasta 45% del costo operativo de un sitio, muy por encima del modelo de empresa eficiente considerado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
El problema no se limita al precio que incrementan intencionalmente los propietarios. Gurovich explicó que trasladar una torre requiere largos procesos administrativos y permisos sectoriales y municipales que pueden extenderse por más de un año.
Esa inmovilidad reduce el poder de negociación de los operadores y fortalece la posición de los propietarios de los terrenos, quienes pueden exigir rentas muy superiores a las del mercado al saber que cambiar de ubicación implica elevados costos y riesgos para la continuidad del servicio.
La situación también afecta uno de los mecanismos que más beneficios ha generado para la industria. La regulación de compartición de infraestructura permitió que varios operadores compartieran una misma torre, lo cual redujo el impacto ambiental y territorial, además de acelerar el despliegue de tecnologías como 3G, 4G y 5G.
No obstante, Gurovich detectó que algunos propietarios incrementan automáticamente el valor del arriendo cada vez que un nuevo operador utiliza la infraestructura, pese a que la superficie ocupada y los costos del sitio permanecen prácticamente iguales.
Para la industria, esas prácticas de los propietarios desvían recursos que podrían destinarse a ampliar cobertura, construir nuevos sitios o modernizar las redes existentes.
Las empresas terminan por asumir rentas crecientes para mantener la infraestructura ya instalada, mientras disminuye su capacidad para invertir en nuevas zonas o mejorar la calidad del servicio.
Según el análisis presentado por el analista, las zonas donde predominan estas condiciones registran una calidad de servicio inferior y mayores dificultades para incorporar nuevas tecnologías.
En el norte de Chile, una parte importante de los terrenos pertenece al Estado, mientras que en el sur predominan grandes propietarios privados, situaciones que favorecen condiciones de mercado con escasa competencia y elevados costos de acceso para desplegar infraestructura de telecomunicaciones, habilitadora del ecosistema digital.
Gurovich propuso cuatro medidas regulatorias orientadas a reducir costos sin intervenir directamente en la fijación de precios y el libre mercado.
La primera alternativa consiste en simplificar la reubicación de infraestructura existente mediante autorizaciones más ágiles por parte de la Subtel. Dos, diferenciar los permisos para nuevas construcciones de aquellos relacionados con traslados de infraestructura, sustituyendo procesos complejos por avisos administrativos cuando corresponda.
La tercera propuesta es habilitar bienes fiscales mediante catastros públicos y políticas orientadas a facilitar el despliegue de infraestructura crítica. También llamó a proteger la colocalización, pero evitando incrementos automáticos en las rentas cuando nuevos operadores utilizan una misma torre sin generar costos adicionales para el propietario.
El representante de Idicam sostuvo que corregir estas distorsiones permitirá liberar recursos para ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y preparar al país para una etapa en la cual la Inteligencia Artificial y los Centros de Datos dependerán cada vez más de redes de alta capacidad, baja latencia y amplia cobertura territorial.
El reto ya no consiste en atraer inversiones, sino en eliminar obstáculos que encarecen el despliegue de infraestructura y ponen en riesgo la conectividad que demandará el futuro de la economía digital de Chile.