Reforma Jorge F. Negrete P.
“Tenemos tecnología que no existía hace 25 años cuando se firmó el primer TLCAN, dispositivos, cibernética”. “Va a ser bueno para el comercio digital el comercio electrónico”: Robert Lighthizer, negociador del TMEC por Estados Unidos.
La nueva legislación digital, que incluye las áreas de infraestructura digital (antes telecomunicaciones) y la regulación digital (plataformas y contenidos en Internet), son la nueva materia legislativa. Competencia económica, derechos digitales, protección al consumidor, infraestructura digital, propiedad intelectual, protección de datos personales y regulación de la tecnología digital, incluida la Inteligencia Artificial, deben ser objeto del más cuidadoso diseño.
Leyes, regulación y política pública al vapor y con urgencia pueden tener impactos negativos en la inclusión digital, la transformación digital del país y las inversiones en los próximos años.
Cada vez que se crea un órgano, una nueva regulación o se diseña nueva política pública, temblamos pensando en qué saldrá de la misma. La legislación es general, abstracta e impersonal; la regulación, específica y temporal; y la política pública debe diseñar y ejecutar acciones estratégicas para la persona digital.
La legislación debe ser comprensible, transparente y generadora de eficiente política pública. Pero, ¿qué pasa cuando legislamos con duda, miedo e ignorancia? ¿Qué genera la duda? Incertidumbre. ¿Qué origina el miedo? La ignorancia. La ignorancia se expande, pero nunca destruye la verdad. Tarde o temprano veremos la realidad en la forma de falta de conectividad, falta de inversión y mala calidad de servicio. Eso nos ha pasado en los últimos años.
¿Somos el país con la mejor conectividad e inclusión digital de América latina? No. ¿Tenemos los mayores anchos de banda de la región? No. Somos un gran mercado, pero con deudas de conectividad. Brasil, con 210 millones de habitantes y un gobierno de izquierda, tiene mejores indicadores y política digital más clara qué México.
El modelo que se propone en el Congreso incluye la consolidación de CFE Telecom con Altán, como empresa pública de conectividad, la creación de la Agencia de Transformación Digital y su diseño interno (Que me gusta por la importancia al sector y el uso de conceptos contemporáneos como infraestructura digital).
El capítulo para la creación de un regulador bajo la visión del actual régimen pasa por modificar la Constitución, la creación de un regulador, cuyas facultades se dividen en dos: competencia económica y telecomunicaciones. La primera transferida a un órgano antimonopolios y la segunda a la Agencia de Transformación Digital. A partir de ahí, corren tiempos y procesos que ya han sido descritos por distinguidos colegas. Pero nada quedará claro, hasta que el Senado reciba, debata y concluya esta propuesta. Es decir, todo está en el aire, todo es especulación.
Lo que no es especulación son dos temas:
Primero. EUA cuenta con un espléndido cuerpo técnico para debatir el TMEC- Telecom, Robert Lighthizer ex presidente de la USTR, y Brendan Carr, que será presidente de la autoridad de Telecomunicaciones, la FCC. Dos abogados, profundos conocedores de este sector y que esperan una actualización upgrade del regulador, no un regulador disminuido, desmembrado o sin sus competencias en materia de derecho de la competencia completas.
Segundo. No habrá Nearshoring e inversión extranjera de alta calidad con el tipo de conectividad que tenemos; ni empleo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, sin conectividad. El regulador que resulte, dividido o no, debe ser mejor que el IFT, contemplar la incorporación de la defensa de los derechos humanos en sus resoluciones y dotarlo de todas sus capacidades de regulación en derecho de la competencia, sin la regulación ex ante de la preponderancia. No habrá inclusión digital sin estas definiciones.
Si el nuevo regulador no promueve más inversión, cobertura en zonas rurales, ni mejora el ancho de banda, no le sirve a México, ni EUA.
