Reforma Jorge F, Negrete P.
No es correcto que la responsabilidad de conectar a las personas, a los ciudadanos, los consumidores, sea solamente de los gobiernos nacionales. Es hora de que estados, municipios y alcaldías hagan su parte. El derecho de acceso a Internet es un derecho fundamental que habilita todos los derechos fundamentales en el mundo digital y es responsabilidad de estos actores facilitar el despliegue de infraestructura de conectividad y diseñar sus hojas de ruta para la transformación digital de sus gobiernos. Ellos son los nuevos promotores de la sociedad digital.
Ha sido una verdad de Perogrullo que los estados nacionales, a través de sus ministerios o secretarías de gobierno, garanticen la conectividad y la planeación de la inclusión digital, incluidos ahora, los procesos de transformación digital. A cada nueva generación de conectividad, los gobiernos nacionales han respondido con procesos de licitación de espectro radioeléctrico y hojas de ruta que denominamos “agenda digital”. Sin embargo, esa responsabilidad ya no es sólo de ellos.
Barreras a la conectividad. Cientos de trámites, burocracia y falta de comprensión a las bondades de una sociedad digital han provocado que las autoridades de los gobiernos locales (estados y municipios) vean como una fuente de financiamiento alterna el despliegue de conectividad.
Prácticamente, no hay gobierno local que no retrase (hasta año y medio) los trámites para el despliegue de fibra óptica o radiobases para la comunicación móvil. Es frecuente que escuelas o colonias completas estén sin Internet debido a la falta de agilidad de trámites para desplegar conectividad. Hay alcaldías en el país que, literalmente, prefieren dejar sin Internet segmentos enormes de su jurisdicción, si no hay pagos especiales.
A los altos costos de desplegar infraestructura de conectividad, hay que agregar los costos que ocasiona la distorsión de la burocracia y, en algunos casos, de corrupción. De nada sirve el esfuerzo del gobierno nacional si no es correspondido por el esfuerzo de los gobiernos locales. Los procesos de mejora regulatoria son vitales para abatir estas barreras a la inversión.
Agenda Digital. Si tienes un carro deportivo, aprende a manejarlo y saca el mejor provecho de él. Es la analogía correcta para el momento en que tienes una red poderosa de conectividad. La infraestructura digital es la más poderosa de nuestro mundo digital. A partir de ella, los gobiernos locales deben construir su propia visión de sociedad y diseñar nueva política pública, que se llama “política digital”. Deben diseñar política digital para la salud, la educación, la cultura, la movilidad, la seguridad pública, servicios públicos y de gobierno, etc.
La agenda digital es la herramienta más poderosa de transformación social y económica para alcaldías, municipios y estados. La agenda digital es una herramienta que brinda habilidades digitales a los ciudadanos, y es el gran igualador social de nuestra sociedad. No existe herramienta estratégica más eficiente en la política pública, que la política digital, pero es responsabilidad única de los gobiernos locales.
¿Es suficiente una mejora regulatoria? No, es indispensable una agenda digital también. Hace unos años, el estado de Hidalgo fue la primera entidad del país en contar con una mejora regulatoria que generó inversiones en infraestructura digital, el problema fue que muchas poblaciones, contando con fibra óptica y tecnología 4G, no las usaban. Las gasolineras, tiendas, restaurantes y los gobiernos locales sólo aceptaban efectivo, sin usar las tecnologías digitales de pago, volviendo inútiles las inversiones.
La agenda digital facilita la transformación digital de la sociedad y vuelve rentables las redes, económica y socialmente hablando.
Los gobiernos locales son los nuevos actores de la transformación digital del país, son los nuevos habilitadores del derecho de acceso a Internet y la entrada a una sociedad digital.
Presidente de Digital Policy & Law
X / @fernegretep
