Cuba actualiza marco jurídico telecom y tipifica ‘incidentes de ciberseguridad’
Este martes, el gobierno de Cuba actualizó el marco jurídico sobre las telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el uso del espectro, y creó un modelo para tipificar incidentes de ciberseguridad.
La normativa en general mantiene las disposiciones que hasta ahora han regido al sector, como la única titularidad del Estado en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y en el uso del recurso radioeléctrico, pero dicta algunas consideraciones adicionales.
Una de las novedades es que se destaca la relevancia de garantizar el servicio universal de telefonía móvil y fija, acceso a Internet, radiodifusión, telefonía pública, comunicaciones de emergencia y con tarifas preferenciales para “personas con necesidades especiales”.
También se establece la posibilidad de que personas naturales y jurídicas accedan a los servicios de difusión de señal de televisión por cable, y se proyecta la ampliación progresiva de la oferta de televisión por las entidades autorizadas.
Además, las actualizaciones al cuerpo legal de telecomunicaciones, TIC y espectro apuntan a promover la modernización de la infraestructura para contribuir al desarrollo social, económico y político de la isla mediante planes y programas orientados a fomentar la conectividad y “la informatización de la sociedad”.
En abril pasado, el Consejo de Estado aprobó un decreto que reconfigura el marco jurídico del sector. En ese momento, la prensa y algunos activistas cubanos alertaron que algunos contenidos se encaminaban a ejercer un control sobre el uso de Internet y limitarían la libertad de expresión. La actualización de este agosto volvió a encender las alarmas, especialmente por las reglas que buscan resguardar la seguridad cibernética.
Modelo para la ciberseguridad
Dentro de las nuevas disposiciones al cuerpo legal que se publicaron este martes, el Ministerio de Comunicaciones emitió la resolución 105/2021 que define un reglamento para responder a los incidentes cibernéticos. En ese documento, la institución determina los mecanismos de su funcionamiento y los principios que se tomarán en cuenta para identificar una situación de riesgo.
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Entre la clasificación de los incidentes, la nueva disposición califica a los “daños éticos y sociales” como de alta peligrosidad. Este elemento podría tener repercusiones en la libertad de expresión y el acceso a Internet, pues considera como una amenaza la difusión de noticias falsas y de contenidos en línea que atenten contra los preceptos constitucionales del Estado o el orden público.
Otra de las categorías señala que el ciberterrorismo, la ciberguerra y la subversión social son incidentes de muy alto peligro para la ciberseguridad de Cuba, pues buscan desestabilizar las instituciones, derrocar al gobierno o alterar el orden público.
El reglamento también advierte que se tendrá que actuar contra los contenidos dañinos, la pornografía en línea, el ciberacoso, los daños físicos a la infraestructura digital, el robo de equipos informáticos, el uso ilegal de software, programas maliciosos, intrusiones en equipos y servicios y otro tipo de incidentes.
Será la primera vez que Cuba cuenta con una norma especial asociada a tipificar los incidentes cibernéticos, según el propio gobierno. La elaboración de este marco normativo se da en un contexto de tensión en Cuba, pues el mes pasado la población utilizó Internet para protestar contra las restricciones impuestas por el régimen durante la crisis social y sanitaria en el país.