Congreso de Perú analiza un dictamen que impondría multas más grandes a las telcos
El Congreso de Perú está examinando un proyecto de dictamen que busca elevar el monto de las multas administrativas impuestas a los operadores de telecomunicaciones, por infracciones al régimen de protección de los consumidores.
Incrementar de manera tan significativa los parámetros de cobro para las sanciones generaría consecuencias negativas para el desarrollo del mercado, la competencia, la expansión de los servicios de conectividad como la telefonía y el Internet y afectaría a los usuarios, advierte Carlos Huamán Tomecich, presidente de DN Consultores.
La propuesta contempla permitir que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aplique tres tipos de multas: leves de un monto no menor a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y hasta 500 UIT, sin sobrepasar el 8 por ciento de los ingresos brutos percibidos por el infractor. Esto equivaldría a entre 460 mil y 2 millones 300 mil soles.
Si la falta es considerada grave, la sanción podría ir de las 501 a las mil UIT, lo equivalente a entre 2 millones 304 mil 600 y hasta 4 millones 600 mil soles. La sanción más alta sería aquella calificada como muy grave, por la cual las empresas tendrían que pagar más de mil 001 UIT, o por lo menos 4 millones 604 mil 600 soles.
Después de ese tope, el documento señala que las multas pueden ser mayores pero sin rebasar el 12 por ciento de los ingresos brutos percibidos por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la sanción.
Actualmente, el esquema establece parámetros de multas mucho menores: las leves pueden ser de hasta 50 UIT; las graves, de 51 hasta 150 UIT, y las muy graves no superan las 350 Unidades Impositivas Tributarias.
Las reglas vigentes indican que las sanciones no pueden ser mayores al 10 por ciento de las ventas de las compañías, y en el caso de las pequeñas empresas el límite de la multa es del 20 por ciento de los ingresos brutos.
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Huamán Tomecich señala a DPL News que se trata de un monto sumamente grande. “Si consideramos, por ejemplo, que el margen de Ebitda en el mercado se encuentra actualmente en un rango de entre 20 y 25 por ciento, (…) es un crecimiento de un millón 600 mil soles a entre 500 y 800 mil millones de soles”.
Además, explica que esto implicaría un aumento de las proporciones de las multas de entre 200 a 500 veces más respecto a las sanciones actuales, tomando en cuenta que los operadores más grandes del mercado de telecomunicaciones ―Claro, Telefónica y Entel―facturan miles de millones de soles.
El predictamen que está en la mesa de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Copaco) del Congreso integra cinco proyectos de ley que nacieron de manera separada. La Copaco decidió unirlos debido a que todos coinciden en tratar la misma problemática de protección al consumidor.
Durante el análisis de las propuestas, la Comisión pidió opiniones a las diferentes instituciones involucradas. En el caso del sector de telecomunicaciones, el Osiptel argumentó que se deben elevar los topes de multas permitidas porque las vigentes no resultan suficientemente disuasivas para las empresas.
La institución dijo que era necesario fortalecer su potestad sancionadora, ya que el actual tope de hasta 350 UIT “no es un desincentivo suficiente de la comisión de ilícitos”, ni abona a mejorar la calidad y cobertura en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Carlos Huamán contradice la postura del órgano regulador. “No encaja en un entendimiento integral del mercado”, pues explica que el mercado ha ido creciendo, las redes se han expandido, el acceso a los servicios de banda ancha, telefonía e Internet ha aumentado y ha habido mejoras en la calidad y asequibilidad de los servicios.
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Para el experto, el enfoque del Osiptel es sancionatorio en lugar de impulsar la creación de incentivos. Esto se suma a que en los últimos años el órgano regulador ha incrementado considerablemente la cantidad de multas impuestas a los operadores. Sólo en 2021 aplicó sanciones por 108 mil millones de soles y en 2020 acumuló 117 mil millones.
También hay que tomar en cuenta que el año pasado el Congreso promulgó una ley para elevar de 40 a 70 por ciento el umbral de velocidad mínima que las compañías deben garantizar a los usuarios, en relación con el nivel de rapidez contratada en el servicio de Internet.
Los y las especialistas alertaron en ese entonces que sería un retroceso y un desincentivo para expandir la infraestructura que se requiere para cerrar la brecha digital y modernizar los servicios en el país. Huamán visualiza las mismas consecuencias con el nuevo predictamen.
El experto expresa que existen otros mecanismos más eficientes y menos onerosos para promover la cobertura y la calidad de la telefonía y el Internet de banda ancha, como el intercambio del canon de pago de espectro por proyectos de conectividad.
Además del cambio en los parámetros de las multas a los operadores de telecomunicaciones, el documento contiene otras propuestas vinculadas a la protección del consumidor, el funcionamiento del organismo regulador, los criterios de selección para los miembros del Consejo Directivo del Osiptel y otros temas.
Se trata de “un proyecto ómnibus” porque engloba una serie de materias relacionadas entre sí pero distintas. El predictamen iba a ser discutido este martes en la Copaco del Congreso de Perú. Sin embargo, el debate se pospuso. Huamán Tomecich puntualiza que esto podría ser una señal de que “existe espacio para una mirada más reflexiva antes de tomar una decisión”.