CGI.br propone 10 principios para la regulación de redes sociales en Brasil
En un escenario de intensa disputa sobre los rumbos de la regulación de las plataformas digitales, el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) lanzó este martes, durante el 15º Foro de Internet en Brasil (FIB), en Salvador, una propuesta con 10 principios para orientar la futura regulación de las redes sociales en el país.
La iniciativa marca la apertura de una consulta pública que estará abierta hasta el 17 de junio, en la plataforma dialogos.cgi.br, con el objetivo de recoger contribuciones de la sociedad.
Entre los principios propuestos están: soberanía y seguridad nacional, autodeterminación informacional, integridad de la información, innovación y desarrollo social, transparencia y rendición de cuentas, prevención de daños y responsabilidad, proporcionalidad regulatoria y gobernanza multisectorial.
En un comunicado, la coordinadora del CGI.br, Renata Mielli, destacó que el objetivo es “fomentar un debate amplio, multisectorial y transparente sobre los rumbos de la regulación en el país, con foco en la defensa de la soberanía nacional, la protección de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la promoción de un entorno informativo saludable y el estímulo a la innovación”.
El documento define a las redes sociales como servicios digitales que operan mediante moderación, recomendación y amplificación algorítmica, frecuentemente monetizados por publicidad, y que tienen un impacto directo en la formación de redes de información, expresión, influencia y mercado.
“Nuestro propósito es ayudar en el avance de la regulación de plataformas digitales en el país. No se trata de censura ni de limitar la libertad de expresión, sino de garantizar un entorno informativo saludable y alineado con los principios democráticos”, afirmó Mielli.
Contexto de disputa política y jurídica en Brasil
La propuesta del CGI.br llega en un momento crítico. El país vive un vacío legislativo tras el archivamiento del proyecto de ley 2630/2020, apodado “PL de las Fake News”, cuya tramitación fue fuertemente impactada por la presión de las Big Techs ante el Congreso Nacional y de parlamentarios que actúan en su defensa.
Al mismo tiempo, el Supremo Tribunal Federal (STF) analiza la constitucionalidad del Artículo 19 del Marco Civil de Internet, que actualmente limita la responsabilización de las plataformas por los contenidos publicados por los usuarios, salvo por orden judicial.
“El modelo de responsabilidad adoptado por el artículo 19 sigue siendo válido. No es inconstitucional, ni otorga inmunidad a las plataformas”, afirmó durante el evento Raquel Sarabia, presidenta del Instituto de Investigación en Derechos y Tecnología de Recife (IPREC). Recordó que esta discusión compete primordialmente al Legislativo, por garantizar una mayor participación social en el proceso.
Nuevos datos
Además de la propuesta, el evento presentó datos inéditos de una investigación conducida por InternetLab, que revela que Brasil, aunque esté a la vanguardia en el debate sobre regulación en comparación con otros países de América Latina, también es el país donde más se desconfía de la información que circula en las redes.
“Las personas abandonan plataformas por causa de la desinformación, pero, al mismo tiempo, temen que la moderación de contenido sea un ataque a la libertad de expresión. Eso revela que, en la práctica, una moderación adecuada no es enemiga de la libertad, sino condición para que se realice plenamente”, destacó Fernanda Campagnucci, directora Ejecutiva de InternetLab.
Según la investigación, 78% de los brasileños cree que las plataformas deben ser responsabilizadas por el contenido que difunden, y 60% apoya algún tipo de regulación legal, incluso entre personas críticas al actual gobierno.
Otro dato relevante es que Brasil es el país donde hay mayor percepción sobre el papel de los financiadores de la desinformación, reflejo de los episodios recientes de ataques a la democracia.
Desafío global, respuestas locales
El secretario de Políticas Digitales de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), João Brant, reforzó que el debate brasileño debe estar alineado con los esfuerzos internacionales, pero atento a las particularidades locales.
“Ese modelo de negocio de las plataformas, sustentado en la maximización del compromiso, tiene consecuencias bastante perversas para la democracia. Nos hace retroceder 200 años en los marcos de organización del entorno informativo”, afirmó.
Brant recordó que el avance de las tecnologías de Inteligencia Artificial también agrava los desafíos, con impactos sobre sectores como el periodismo, el diseño, el audiovisual e incluso la producción científica.
Para el secretario, Brasil necesita una regulación que promueva “condiciones más igualitarias que impidan el abuso de posición dominante de los grandes grupos que hoy dominan el espacio digital”.
Próximos pasos
El CGI.br espera que la consulta pública ayude en la construcción de consensos para una legislación capaz de proteger los derechos fundamentales, garantizar la integridad de la información y fortalecer la soberanía nacional. La propuesta de principios se suma a las discusiones que el gobierno federal señala que llevará al Congreso, con proyectos separados para la regulación de servicios digitales y de competencia en el entorno digital.
“La autorregulación ya no es suficiente. Ya no es una opción, es una necesidad”, reforzó Raquel Sarabia.