CEPAL propone “Embajadas de Datos” para blindar la continuidad digital del Caribe frente a desastres y ciberataques
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó de manera virtual la publicación “Embajadas de Datos: un enfoque innovador para fortalecer la resiliencia digital en el Caribe”, un estudio elaborado por Tyra Greene y Dimitris Herácleo, que propone nuevas estrategias para proteger infraestructuras digitales críticas de los países caribeños frente a desastres naturales, ciberataques y fallas estructurales de conectividad que afectan a los países de la región.
Durante la apertura del evento, Sebastián Rovira, representante de la CEPAL, dijo que la iniciativa responde a un contexto regional cada vez más complejo y vulnerable. “Esta publicación refleja nuestro compromiso de apoyar a los Estados miembros del Caribe con un análisis práctico para avanzar en la transformación digital, intentando que sea sostenible e inclusiva”.
Rovira señaló que el documento analiza el modelo de Embajadas de Datos como un instrumento estratégico para fortalecer la resiliencia digital y la soberanía de los datos en la era de la Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, subrayó que proteger los datos es también proteger al Estado, “La soberanía digital está muy cerca de la soberanía política. En el mundo actual, proteger los datos es también proteger al Estado”.
Embajadas de datos: soberanía digital
El concepto de embajadas de datos se basa en acuerdos diplomáticos que permiten a un país alojar sus datos críticos en territorio extranjero, sin perder jurisdicción ni control soberano sobre ellos. De esta forma, incluso si un desastre natural o un ataque cibernético paraliza la infraestructura local, el Estado puede mantener la continuidad operativa.
Este modelo ha sido desarrollado y probado en Europa, particularmente en Estonia y Luxemburgo, experiencias que de acuerdo con la CEPAL ofrecen referencias clave para el Caribe, al combinar garantías legales, infraestructura resiliente y acuerdos internacionales de confianza.
Respaldo de la Unión Europea
Desde la perspectiva europea, Claudia Pablos Lorenzo, representante de la Comisión (CE) y responsable de la Alianza Digital UE–América Latina y el Caribe, destacó que el estudio forma parte de una cooperación estratégica más amplia con la región. “La Alianza Digital es una colaboración entre la Unión Europea y 24 países de América Latina y el Caribe para avanzar en la transformación digital”, explicó.
“En este marco, la Unión Europea ya ha movilizado 100 millones de euros en soluciones digitales incluyendo despliegue de conectividad vía satélite y cables submarinos y uso de datos espaciales (satélites Copernicus) para enfrentar desastres naturales”.
Pablos indicó que las embajadas de datos representan un ejemplo concreto de la oferta digital europea, al combinar tecnología con marcos jurídicos sólidos. “Las embajadas de datos permiten que un país, incluso si es afectado por un desastre natural o un ataque cibernético, externalice sus datos críticos, manteniendo siempre su jurisdicción nacional sobre ellos”.
Declaró que este enfoque permite activar sistemas de emergencia y continuidad gubernamental, aun cuando las operaciones domésticas estén comprometidas: “Esto garantiza que el gobierno pueda seguir funcionando durante una crisis. Es, en esencia, una cuestión de resiliencia y soberanía digital”.
Infraestructura digital crítica bajo presión
De acuerdo con el diagnóstico, la infraestructura digital del Caribe enfrenta vulnerabilidades sistémicas en múltiples dimensiones. Estas brechas se agravan entre sí, creando riesgos de fallas en cascada que amenazan la estabilidad económica regional y la continuidad del gobierno.
Tyra Greene, coautora del estudio explicó que “los sistemas digitales son ahora la columna vertebral de nuestras economías, de los servicios de gobierno electrónico y, en última instancia, de la existencia misma de nuestros países”. Sin embargo, esta creciente digitalización también ha profundizado la exposición a riesgos estructurales.
El informe identifica escasa capacidad de Centros de Datos, donde menos de la mitad de los estados de CARICOM poseen instalaciones de Nivel III y solo Jamaica cuenta con un sitio certificado de recuperación ante desastres. A esto se suman graves deficiencias en ciberseguridad, con un índice regional (47.5) muy por debajo del promedio mundial y sólo cinco países con equipos de respuesta (CERT) operativos.
La resiliencia se ve aún más comprometida por prácticas de respaldo insuficientes, ya que el 58% de las agencias almacena copias de seguridad en el mismo sitio físico que los datos primarios. Finalmente, la dependencia de uno o dos cables submarinos para el acceso a Internet representa un riesgo catastrófico de aislamiento; un ejemplo histórico es el caso de Haití, que perdió su única conexión internacional durante el terremoto de 2010 debido a la falta de rutas de redundancia adecuadas.
Cuando la vulnerabilidad digital se vuelve crisis nacional
El estudio analiza el impacto del huracán María en 2017 como un caso de devastación digital. Este fenómeno no solo afectó a Puerto Rico y las Islas Vírgenes, sino que dejó a Dominica en una situación crítica al destruir el 90% de sus torres de telecomunicaciones y deshabilitar por completo la red móvil, lo que mantuvo al país en un aislamiento absoluto durante semanas.
“La población no podía comunicarse ni acceder a servicios de emergencia. Esto no solo afectó el rescate y la recuperación, sino que tuvo un impacto económico equivalente al 226% del PIB anual del país”, recordó Greene.
Agregó que a estos riesgos se suman los ciberataques. Greene citó el caso de Costa Rica, donde un ataque de ransomware provocó pérdidas estimadas en 30 millones de dólares diarios, afectó a más de 30 agencias gubernamentales y requirió más de tres meses de recuperación. “La región enfrenta una doble amenaza estructural: desastres naturales recurrentes y una exposición creciente a ataques cibernéticos”.
Propuestas técnicas para cerrar la brecha de resiliencia
Tyra Greene expresó que el estudio propone una estrategia técnica integral basada en la diversificación y la redundancia de datos. Esta incluye la implementación de la Regla 3-2-1, que exige mantener tres réplicas encriptadas de información gubernamental crítica con sincronización continua en menos de cinco minutos.
Agregó que se plantea el modelo FLE (Fibra-LEO-Edge) para extender la fibra óptica al 85% de la población, respaldada por satélites de órbita baja y nodos periféricos con energía solar que garantizan la conectividad incluso ante fallas eléctricas o cortes de red.
A nivel regional, el plan busca maximizar los recursos compartidos mediante la creación de un Anillo de Nube regional caribeña, y la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) regional que permita coordinar la prevención y respuesta ante incidentes cibernéticos.
“El modelo se completa con Centros de Datos regionales compartidos, capaces de reducir costos entre 40% y 60%, bajo estándares de seguridad comunes y flujos de datos alineados con el Reglamento General de Protección de Datos”, indicó Greene .
Continuidad del Estado como objetivo central
Para Dimitris Herácleo, coordinador institucional de la publicación, el valor central del modelo no es solo tecnológico, sino político y jurídico: “La embajada de datos permite pasar de la simple recuperación tras un desastre a la continuidad real de la capacidad de gobierno, creando un perímetro legal que protege la infraestructura y los datos, mientras el control soberano permanece firmemente en manos del Estado”.
El estudio concluye que, para los pequeños Estados insulares del Caribe, las embajadas de datos no deben entenderse como una opción tecnológica avanzada, sino como una infraestructura crítica para garantizar la continuidad gubernamental, proteger la soberanía digital y reducir la exposición a crisis cada vez más frecuentes.