Reforma Jorge F. Negrete P.
Cada quien quiere su registro. La Asociación de Bancos de México ha señalado en varias ocasiones que “es urgente que en México haya una sola identidad digital para todos los ciudadanos. En México no tenemos un documento de identidad nacional. Usamos como identificación oficial una credencial que nos dan para otro propósito”. En 2017, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la Federación acciones para combatir el robo de identidad e incorpora y regula el uso de datos biométricos para la autenticación de los usuarios de la banca.
Desde hace unos años, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro estableció el uso obligatorio de la autenticación biométrica con huella digital para sus principales actividades. Ahora la Consar informa que 29 millones de mexicanos ya cuentan con su Expediente de Identificación Electrónico.
El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo García Berdeja, ha señalado que el problema en materia de delincuencia organizada y extorsión es “la falta de una cédula de identidad nacional”. La cruzada del subsecretario es tan feroz que comprometió la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la creación de un padrón de dispositivos móviles, cuya única función es coadyuvar con la seguridad pública.
La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con uno de los más robustos sistemas de captura de datos personales y biométricos generando una identidad digital. En los últimos días, experimentó fallas en el sistema de expedición de pasaportes.
En la administración pública se capturan datos personales y biométricos en el ISSSTE, Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y de forma relevante la Secretaría de Gobernación, vía el Registro Nacional de Población y su producto estrella, la Clave Única de Registro de Población; sin embargo, no existe una coordinación entre todas las instituciones públicas que permita construir objetivos y políticas comunes.
El problema. Cada vez que se capturan datos se trabaja con material sensible que requiere de una gestión administrativa, jurídica y tecnológica compleja. Capturar datos personales y biométricos es una actividad que, sin una armonización de procesos y elementos, genera falta de certeza jurídica y desconfianza pública.
La captura de datos e información de forma repetitiva por los órganos del Estado y de las empresas tiene consecuencias. Aquí, el Banco Interamericano de Desarrollo, Gartner y yo, coincidimos en lo siguiente:
El diseño de muchos sitios haciendo lo mismo vuelve cara y ociosa la inversión de recursos económicos. Tantos registros no construyen confianza, diluyen esfuerzos, repiten datos y violan la privacidad. Cada registro se debe regular, ya que se recopilan, almacenan y gestionan datos sensibles. Existe un problema de calidad de los datos debido a que existen muchos almacenes de información. Son vulnerables a los ataques de seguridad y se exponen a su pérdida y corrupción. Son susceptibles a hackeos debido a la falta de control del propietario de la identidad.
Conclusión. El Gobierno genera una actividad de captura datos irreflexiva, anómala, sin presupuesto, sin políticas de gestión, sin seguridad, irresponsable y sin impacto en las políticas públicas, ya que la data no se puede medir o usar por lo fragmentado de la misma y las autorizaciones de uso no recopiladas.
La semana pasada, el G20, en su cumbre de Ministros Digitales recomendó: “aprovechar el potencial de la digitalización para una recuperación resiliente, fuerte, sostenible e inclusiva, abordando las desigualdades. Los gobiernos deben seguir el ritmo de la transformación que la digitalización ha generado en la economía y la sociedad”. Doce acciones y un principio, la identidad digital.
El Estado mexicano debe garantizar la Identidad Digital Universal.
Sin identidad digital no hay democracia, justicia, derechos fundamentales, seguridad pública, transformación digital, economía digital ni competitividad.
Presidente de Digital Policy & Law
Twitter @fernegretep
