Vivo concluyó oficialmente la migración del régimen de concesión pública al régimen privado de autorización del Servicio de Telefonía Fija Conmutada (STFC). Como parte de este acuerdo, Vivo se comprometió a invertir 4,5 mil millones de reales (767 millones de dólares) en infraestructura en Brasil.
Aunque el acuerdo inicial fue firmado en diciembre de 2024, la firma del Término Único de Autorización con Anatel y el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) fue divulgada en un hecho relevante el pasado viernes, 11 de abril.
Esto incluye la construcción de redes de transporte de fibra óptica en 121 municipios, el mantenimiento del servicio de telefonía fija en ciudades donde no haya competencia hasta 2028 y la implementación de redes móviles en 649 localidades.
Además, la empresa cerró procesos judiciales y administrativos relacionados con la concesión, incluyendo un arbitraje en el que buscaba el resarcimiento de 25 mil millones de reales por parte de la Unión.
La operadora también podrá descontinuar gradualmente la infraestructura de cobre en regiones donde exista competencia y comercializar activos que antes estaban vinculados a la concesión, como inmuebles.
Contexto
La migración de Vivo sigue un movimiento natural del mercado brasileño de telecomunicaciones, frente al crecimiento de los servicios móviles y digitales, y al hecho de que los contratos del antiguo régimen vencen en 2025. Oi también ya realizó su migración.
Esta adaptación fue posible gracias a la Ley n.º 13.879/2019, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), permitiendo que las concesionarias de STFC solicitaran la migración al régimen de autorización, con la aprobación de Anatel y el cumplimiento de requisitos específicos, como asumir compromisos de inversión y mantener la oferta del servicio donde ya se presta.
Bajo el régimen de autorización, Vivo obtiene mayor flexibilidad regulatoria y operativa. Esto permite que la empresa direccione las inversiones de forma más estratégica, priorizando áreas con mayor demanda de innovación y retorno financiero.
En febrero de 2025, Vivo contaba con 3,83 millones de abonados al servicio de telefonía fija bajo el régimen público, lo que representaba el 68,4% de su base total en ese servicio. Esos clientes serán migrados al nuevo régimen, que ya contaba con 1,77 millón de usuarios.