Brasil propone tercera vía para regular a dominantes en mercados digitales
El proyecto de ley (PL) 4675/25, enviado por el Ejecutivo al Congreso, propone la creación en Brasil de la Superintendencia de Mercados Digitales dentro del CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica), con facultades para designar plataformas de “relevancia sistémica” e imponerles obligaciones específicas.
De acuerdo con una fuente del gobierno que solicitó el anonimato, la decisión política fue separar el paquete de competencia del proyecto de “servicios digitales”, justamente para reducir resistencias y evitar que el gobierno fuera acusado de perseguir plataformas. El resultado es un texto que dialoga con experiencias internacionales, pero que intenta estar calibrado a la realidad brasileña.
La propuesta reemplaza la Ley Nº 12.529/2011 y surge tras la ofensiva de Donald Trump contra la soberanía brasileña, aunque ya se venía discutiendo desde 2023 y se había postergado en distintos momentos para no confundirse con el debate sobre regulación de contenidos en línea.
Entre las medidas previstas se incluyen la interoperabilidad y portabilidad de datos, limitaciones a prácticas de auto-preferencia y la exigencia de presencia jurídica en Brasil, bajo pena de multa diaria de R$ 20,000 (USD 3,740) que podría multiplicarse hasta 50 veces. Según el texto, los objetivos son la reducción de barreras de entrada, la protección del proceso competitivo y la promoción de la libertad de elección.
Como antecedente está la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, celebrada como un esfuerzo pionero para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas, pero ha recibido críticas significativas.
Principalmente, porque sus disposiciones son demasiado restrictivas y podrían frenar la innovación y la competitividad de las propias empresas europeas frente a rivales globales, especialmente en un contexto donde la región busca fortalecer su autonomía digital.
En comparación con el DMA europeo, que adopta una lista cerrada de obligaciones aplicables a los gatekeepers definidos por criterios objetivos, el proyecto de ley brasileño abarca los parámetros para designar empresas de relevancia sistémica, basándose en características como presencia en mercados de múltiples lados, efectos de red, integraciones verticales, posición estratégica para terceros, acceso a datos relevantes, número significativo de usuarios y oferta de múltiples productos o servicios.
| Temas | Brasil – PL 4675/25 | Unión Europea – DMA |
| Autoridad de aplicación | Superintendencia de Mercados Digitales dentro del Cade | Comisión Europea, con competencia centralizada para toda la UE |
| Criterios de designación | “Agentes de relevancia sistémica” con base en efectos de red, integración vertical, acceso a datos, número de usuarios y umbrales de facturación (R$ 50,000 millones globales o R$ 5,000 millones en Brasil) | “Guardianes de acceso” designados por umbrales de facturación/capitalización bursátil, usuarios activos y presencia en al menos tres Estados miembros |
| Obligaciones | Definidas caso por caso en procesos administrativos del CADE; pueden variar según productos/servicios | Catálogo uniforme de obligaciones ex ante (interoperabilidad, no self-preferencing, portabilidad de datos, etc.) |
| Territorialidad | Obliga a mantener oficina en Brasil y actualizar representantes legales | Busca armonización en todo el mercado único europeo; prohíbe normas divergentes de los Estados miembros |
La designación se restringe a grupos económicos con facturación global superior a R$ 50,000 millones (USD 9,300 millones) o nacional superior a R$ 5,000 millones (USD 930 millones), pudiendo ser ajustada por el gobierno tras consulta pública y mediante un proceso administrativo del CADE, que tendrá la prerrogativa de modular las medidas caso por caso.
A diferencia de la DMA europea, el brasileño es un modelo menos rígido, concebido como alternativa a dos extremos: la regulación ex ante y uniforme de la UE y la ex post de Estados Unidos, donde los procesos antimonopolio pueden tardar años, como en el caso de Google. Sin embargo, la tercera vía brasileña también vuelve complejo el proceso por todas las variables que podría considerar el CADE, al grado de tornarlo inoperante.
La medida, sin embargo, encendió una alerta en el sector privado. La ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet) sostiene que Brasil ya cuenta con un marco antimonopolio robusto y que la propuesta introduciría incertidumbres al reflejar el modelo europeo.
La entidad se manifestó en contra del proyecto, alegando riesgos de superposición institucional, costos elevados de cumplimiento y barreras que podrían penalizar a startups dependientes de la publicidad digital y de servicios ofrecidos por grandes plataformas. También cuestionó la premisa del PL de aislar un “mercado digital” de la política de competencia general, argumentando que las tecnologías atraviesan todos los sectores de la economía.
Pero el PL 4675/25 no viene solo. La semana pasada, el gobierno sancionó el “ECA Digital”, resultado del “PL de Adultización”, que establece una serie de nuevas reglas para las plataformas digitales en el país, protegiendo a los menores en las redes.
En junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió responsabilizar a las plataformas por contenidos dañinos publicados por los usuarios, y en el Congreso se tramita un proyecto de ley enfocado en la regulación del streaming. En conjunto, estas iniciativas refuerzan la percepción de que Brasil avanza en una agenda de regulación digital multifacética, lo que podría aumentar la tensión con Estados Unidos.
Si se aprueba, el proyecto de ley colocará al país en una posición singular: ni en el camino estricto -pero de sencilla regulación- de la Unión Europea ni en el de Estados Unidos que aplica el molde tradicional de la competencia económica a las plataformas de Internet, sino en el suyo propio.
Para los vecinos latinoamericanos, este intento de “camino intermedio” podría servir como laboratorio sobre hasta dónde es posible afirmar autonomía regulatoria en medio de la presión de las grandes potencias sobre los países emergentes.