Brasil | Aliados votan en contra del veto presidencial a la desgravación de la nómina
La derrota del gobierno ya se esperaba, los 17 sectores afectados se organizaron para presionar a un Congreso que ya era favorable a la prórroga.
El pasado jueves 14 de diciembre, durante una sesión conjunta del Congreso Nacional de Brasil, senadores y diputados federales decidieron anular el veto presidencial al proyecto que extiende la desgravación de la nómina a 17 sectores económicos; entre ellos, TIC, TI y telecomunicaciones. Con la anulación del veto, la desgravación se extenderá hasta 2027 en lugar de hasta finales de 2023.
En el Senado, la anulación del veto tuvo 60 votos a favor y 13 en contra. En la Cámara, 378 votos fueron a favor de la anulación del veto y 78 por la retención del veto presidencial. La derrota del gobierno ya era esperada por el líder en el Congreso, Randolfe Rodrigues, ya que incluso la base aliada se posicionó a favor de anular el veto.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó el proyecto argumentando que la desgravación reduce la contribución a la Seguridad Social, considerándola inconstitucional al no demostrar el impacto financiero presupuestario ni indicar la compensación de esas pérdidas.
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El diputado federal Lindbergh Farias criticó la anulación del veto, sugiriendo que el Congreso podría discutir alternativas a la desgravación. Consideró la decisión una provocación al gobierno y destacó que el ministro Haddad estaba dispuesto a negociar una transición para la desgravación.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había defendido que el tema se discutiera en la segunda fase de la reforma tributaria, programada para 2024. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta alternativa.
El senador Rodrigo Pacheco afirmó que la medida puede evitar despidos en los sectores beneficiados. También argumentó que las alternativas a la desgravación deben presentarse con la medida en vigor para proporcionar previsibilidad a los 17 sectores afectados.
El proyecto aprobado por el Congreso en octubre prorroga hasta 2027 la contribución a la Seguridad Social de sectores intensivos en mano de obra, variando entre 1 y 4.5 por ciento sobre la facturación bruta. Antes de 2011, cuando se aprobó esta medida, estos sectores contribuían con 20 por ciento de la nómina a la Seguridad Social.