El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó por completo la ley 3477/2020 que “establece el acceso garantizado a Internet, con fines educativos, a los estudiantes y profesores de la educación pública básica” utilizando recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST).
La norma preveía la transferencia de 3.5 mil millones de reales del FUST a estados, municipios y el Distrito Federal para garantizar la conectividad en escuelas públicas.
El mandatario justificó su decisión en que la propuesta legislativa prevé la garantía de acceso a Internet, con fines educativos, a estudiantes y docentes de educación básica pública mediante la transferencia de recursos económicos de la Unión a los estados y al Distrito Federal. “Sin embargo, si bien se reconoce la buena intención del legislador, la medida encuentra un obstáculo legal al no presentar una estimación del respectivo impacto presupuestario y financiero”, lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal, dice el veto.
Además, la propuesta aumenta la alta rigidez del presupuesto, lo que dificulta el cumplimiento de la meta fiscal, según el veto.
Días atrás, el Congreso Nacional logró, por mayoría absoluta en ambas cámaras, revocar el veto presidencial a la nueva Ley FUST.
En diciembre pasado, se publicó la modificación a la ley que actualiza las posibilidades de utilizar el Fondo para permitir que las políticas gubernamentales de telecomunicaciones se financien con estos recursos. Pero inmediatamente, Bolsonaro vetó puntos importantes de la legislación, asegurando que generarían gasto público sin presentar una estimación del impacto presupuestario y financiero.
El nuevo veto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOU) el viernes 19 de marzo y el Congreso aún puede revocar nuevamente.