La ciberseguridad es un requerimiento cada vez mayor en los sectores públicos y privados. Se espera que para el cierre de 2021 existan daños a la economía global alcanzando los 6 mil millones de dólares. Este riesgo es cada vez más alto y representa un impacto no sólo desde el punto de vista económico, sino también en daños en la propiedad intelectual de las empresas y gobiernos.

Se ha incrementado en los últimos dos años debido a la necesidad del trabajo remoto de millones de trabajadores, lo que ha creado la necesidad de definir estándares adecuados para garantizar la confidencialidad de la información y la infraestructura física.

Existen casos de violaciones a la seguridad de las redes de empresas, gobiernos y universidades en todo el mundo. Adicionalmente, se espera que los delitos informáticos sean más rentables que los delitos transnacionales globales combinados. Incluso, el desarrollo de las vacunas contra la Covid-19 ha sido ejemplo de los ciberataques. Durante febrero de 2021, ciberdelincuentes atacaron el departamento que trabaja en el desarrollo de las vacunas de la Universidad de Oxford, según Forbes.

Adicionalmente, más de “80 por ciento de los eventos de ciberseguridad involucran ataques de phishing”, según CSO online. Este tipo de ataques están dirigidos a las cuentas de correos electrónicos tanto de empresas como personales. Con lo cual muchas veces los delincuentes obtienen datos de las cuentas bancarias, afectando también al sistema financiero. De hecho, Google descubrió 2.1 millones de sitios de phishing en enero de 2021. Representan la mayoría de los ataques que afectan tanto a las personas como a las empresas, generando grandes pérdidas de dinero.

Según la Universidad de Maryland, existen 2 mil 244 ataques por día. Probablemente los ataques más conocidos fueron realizados a las empresas Yahoo y Facebook. En el caso de Yahoo, más de “3 mil millones de cuentas de Yahoo se vieron afectadas en 2013”, según el New York Times. Las pequeñas y medianas empresas no están exentas de estos ataques: “43 por ciento de todos los ciberataques se dirigen a pequeñas empresas. Estos ciberataques incluyen (64%) ataques basados en la web (62%), ataques de phishing (51%), ataques de denegación de servicio y (59%) códigos maliciosos” (Cybintsolutions).

Ahora bien, es importante centralizar los esfuerzos en la seguridad de las redes y de la información. Incluso los operadores móviles han sido objeto de estos ataques a la seguridad de las redes. También ha crecido la necesidad de alojar en la nube información crítica de las empresas, por lo que los centros de datos que componen la infraestructura digital requieren cumplir estándares de seguridad de las redes. Y contar con una organización que certifique el cumplimiento de los estándares, con el objeto de reducir los riesgos e incluso las posibles acciones legales que puedan ejercer los clientes de las empresas.

Desde IFGICT (International Federation of Global and Green Information Communication Technology) se ha anunciado recientemente la publicación de su nuevo estándar de ciberseguridad. IFGICT es una organización independiente que toma la iniciativa y establece estándares de la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación, basada en Estados Unidos, con sedes en Suiza, Jordania y Brasil. IFGICT trabaja con organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

Los estándares de IFGICT están basados en los sistemas de gestión interna (IMS, por sus siglas en inglés) o el sistema de gestión del medio ambiente (EMS, por sus siglas en inglés). Están desarrollados en cuatro áreas fundamentales: estándares de seguridad o ciberseguridad, estándar de Tecnologías de la Información y Comunicación, estándar de Tecnologías de la Información y Comunicación aplicado a los centros de cuidados de la salud y estándares de tecnologías verdes.

El estándar de ciberseguridad de IFGICT les permite a las empresas contar con una certificación sobre sus procesos, tener un control y balance de los acuerdos de seguridad de la información y disminuir los riesgos para evitar que los piratas informáticos roben sus datos. Estas auditorías periódicas ayudan a exponer cualquier tipo de inseguridad o los resultados no deseados.

El proceso de acreditación desarrollado por IFGICT consta de tres etapas. La primera de un diagnóstico de los aspectos de seguridad que comprende un análisis de la estructura organizacional, los procedimientos y políticas de seguridad de la información y la infraestructura digital. La segunda etapa, un reporte del análisis de las brechas de seguridad identificadas, el cual corresponde una evaluación de la seguridad y la documentación asociada.

La última etapa corresponde a la evaluación de los aspectos asociados a las Tecnologías de la Información y Comunicación y entrevistas con el personal que gerencia la seguridad de la información en la organización. Esta etapa está centrada en determinar la calificación del personal asociado, los procedimientos de monitoreo y control y una evaluación completa del cumplimiento de las medidas de seguridad.

Al final del proceso, la evaluación y acreditación permite obtener una auditoría de verificación, reporte auditado, acciones de corrección y acciones de prevención. Focalizado en la verificación de los procesos y controles que permiten a la organización concentrarse en un sistema de información individualizado, acorde a su negocio. El período de tiempo de la acreditación se realiza de tres a cuatro semanas.

Los objetivos de la auditoría realizada por IFGICT se centran en comprobar que los controles internos existen y están funcionando como se espera, para minimizar el riesgo en el negocio utilizando KPIs para cuantificarlo. Estos objetivos de la auditoría incluyen el cumplimiento con los requerimientos legales y regulatorios, así como la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Los riesgos en la seguridad de la información, centros de datos propios o de terceros son cada vez mayores, por lo que contar con una certificación les permite demostrar a sus clientes la gestión eficiente de los riesgos. Posicionando a su empresa, productos y servicios en un mercado cada vez más competitivo, con un atributo adicional y muy valorado por los clientes, como lo es la seguridad de la información. 

Las telecomunicaciones han evolucionado en América Latina. En un inicio estaban conformadas por empresas privadas y extranjeras, posteriormente pasaron por una etapa de nacionalización y a partir de los años noventa empezó un proceso de apertura del sector. El último de estos procesos de apertura se desarrolló en Costa Rica, hace 10 años. Igualmente, la regulación sectorial ha cambiado desde distintas perspectivas; ahora en una etapa centrada en entender las telecomunicaciones como parte de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Los procesos más recientes en este sentido fueron llevados a cabo en Colombia durante 2019, cuando se creó una ley centrada en regular las TIC. En República Dominicana, durante 2021, se anunció un proceso que permitirá adaptar la regulación de las telecomunicaciones, un marco legal que tiene más de 20 años de formación. Ambos procesos, centrados en formular un marco legal centrado en las TIC.

Sin embargo, los últimos dos años en el mundo han creado un escenario totalmente distinto en la economía. La forma tradicional de producción ha cambiado y se ha acelerado la economía digital. Para tener una idea del traslado de las transacciones económicas, basta con revisar los ingresos de empresas como Amazon y Mercado Libre en América Latina. Ambas empresas no sólo crecieron en un período donde la mayoría no sólo sufrió pérdidas o retrasos, sino que tuvieron que acelerar su transformación digital para ofrecer productos y servicios digitales.

Las telecomunicaciones, las Tecnologías de Información y Comunicación, las redes sociales y los medios digitales están íntegramente relacionados. Basta con revisar cualquiera de ellas para observar cómo se utilizan para intercambiar productos y servicios. Empresas como Netflix no sólo han cambiado la forma tradicional de ver televisión, desbancando a las empresas de difusión por suscripción; canales de TV de paga como HBO y Disney han cambiado su estrategia para ofrecer su contenido digital. Incluso los tradicionales cines han visto cómo su negocio casi ha desaparecido debido a la pandemia y los medios digitales.

Igualmente ha pasado con los servicios de voz. Es más común en estos momentos tener videollamadas o reuniones virtuales por Zoom, MS Teams o Meet que tener una llamada tradicional usando el móvil, menos aún el teléfono fijo. WhatsApp tuvo que incluir videollamadas en su oferta para no perder parte del mercado, ahora cada vez más digital.

Incluso los operadores móviles tradicionales están cambiando su estrategia, separando sus redes de los servicios para centrarse en desarrollar un nuevo modelo de negocio. Todos estos cambios se han presentado en mayor medida desde la pandemia y no se detendrán, como tampoco lo ha hecho hasta ahora la pandemia generada por la Covid-19, la cual también ha evolucionado en distintas cepas más rápido que incluso las vacunas.

Desde mi punto de vista, estamos viviendo una época en la cual los cambios tecnológicos se han acelerado de forma abismal. En este sentido, la regulación debe acelerar su velocidad, ya que es necesario enfrentar este nuevo ambiente con políticas, decisiones y acciones concretas totalmente distintas a las implementadas hasta ahora. Es necesario cambiar el enfoque desde las TIC a un enfoque centrado en la economía digital.

Especialmente, en América Latina, donde la informalidad y el trabajo manual cada vez irán perdiendo valor en el mercado. Existen nuevos actores en el ecosistema digital que hacen necesario promover acciones concretas para permitir su desarrollo. Incluso en la región existen nuevas empresas de la economía digital que han retado a los reguladores a cambiar su enfoque, basta con revisar las empresas que se dedican a la movilidad. Éstas han utilizado un cambio de enfoque en los procesos de contratación de personal, facilitando la formación de emprendedores y no utilizando trabajadores, quienes enfrentan retos importantes porque muchos gobiernos no comprenden las ventajas que ofrecen.

Hace falta un cambio importante en la necesidad de crear emprendedores capaces no sólo de ofrecer sus servicios y habilidades a través de medios digitales, también un cambio en los procesos de seguridad social. Aunque muchos no lo crean, este cambio impacta en los servicios de telecomunicaciones y las TIC. 

No se trata de descuidar los contratos de interconexión entre los operadores móviles y fijos, o los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Sino de entender que ese usuario de telecomunicaciones ahora también es usuario de plataformas digitales, nacionales y transnacionales, las cuales le ofrecen servicios.

Es necesario empoderar al usuario para fortalecer su rol dentro del mercado con mayor poder de seleccionar su prestador de servicios digitales. Especialmente, definir los elementos de privacidad sobre los servicios digitales. Garantizar la privacidad y resguardo de la información recopilada por las plataformas digitales. Así como fortalecer la capacidad de expresión en los medios digitales.

Adicionalmente, centrar la política regulatoria en un cambio de enfoque, partiendo de un modelo tradicional o ex ante hacia la implementación de enfoques ex post. Incorporando acciones proactivas o vigilantes para permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Permitiendo la incorporación de los enfoques regulatorios que permitan implementar la innovación en los modelos de negocios, facilitando y ampliando la capacidad del regulador de utilizarlo, adaptado a los cambios constantes en el mercado de servicios digitales, incluido telecomunicaciones.

Es necesario establecer en el marco legal la capacidad de utilizar enfoques regulatorios innovadores, no sólo los sandbox regulatorios implementados en algunos mercados. Enfoques como “espera y veraz”, “prueba y aprende”, “centros de innovación y Reg-Tech” pueden traer enormes ventajas que permitan la aparición de nuevos modelos de negocios.

La mesa está servida. En estos momentos están dadas las condiciones para que los reguladores en telecomunicaciones o servicios TIC asuman la innovación como parte integral de su gestión. Configurando un nuevo marco legal, una nueva institucionalidad y el fortalecimiento de las habilidades digitales y empoderamiento de los usuarios de los servicios digitales, para aprovechar los cambios en la economía que sólo han iniciado su profundidad a partir de la pandemia.

Cambios en el mercado de telecomunicaciones iniciaron cuando Telefónica anunció su salida de la región; en un inicio la intención era vender sus operaciones en América Latina excepto Brasil. De hecho, alcanzó el objetivo en varios mercados en Centroamérica, como en Panamá, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. En El Salvador no logró concretar la operación en un principio, ya que Claro y Telefónica decidieron de mutuo acuerdo no insistir ante las condiciones establecidas por el regulador de competencia, pero al final encontró un comprador local.

En México, Telefónica alcanzó un acuerdo con AT&T para compartir espectro y red con el objeto de mejorar la rentabilidad de la empresa debido a los pagos anuales del espectro. Colaboración mucho más amplia a la que se ha logrado en otros mercados, como Reino Unido para compartir espectro y red para cubrir las zonas rurales. En Perú, Telefónica también realizó acuerdos similares, esta vez, para el despliegue de fibra óptica. En Colombia, Telefónica compró la operación de Internet fijo de DirecTV para lograr acceso al espectro en la banda de 2.5 GHz.

En Chile, Claro, del grupo América Móvil, anunció un acuerdo con la empresa VTR del grupo Liberty Latin American para fusionar las operaciones; VTR presta servicios fijos, un acuerdo parecido también al logrado por Telefónica en Reino Unido con Liberty Global, el cual presta servicios fijos con su marca Virgin.

En Panamá, Claro vendió sus servicios a Liberty Latin American, aunque mantendrá la propiedad de los sitios, con la intención de impulsar su operación con la nueva empresa creada para tal fin, Sitios Latinoamérica. Esta operación gestionará 36 mil sitios en la región.

Estos son ejemplos claros de cómo el mercado en América Latina está cambiando y ampliando la colaboración entre competidores. Probablemente, la crisis en la región debido al coronavirus haya sido la razón principal. Sin embargo, esta colaboración también crea el camino necesario para avanzar en el despliegue de las redes 5G, las cuales requieren un incremento importante en el número de sitios, dependiendo de las bandas de frecuencia utilizadas.

Como he mencionado en otras colaboraciones, si se desea cubrir la misma área geográfica con un despliegue 5G utilizando la banda de frecuencias medias, por ejemplo 3.5 GHz, se requerirán de 20 a 25 sitios nuevos respecto de la misma cobertura con las bandas bajas, 600 ó 700 MHz. Adicionalmente, en América Latina son pocos los países que disponen de espectro en las bandas bajas para el despliegue de 5G. Revisemos algunos datos.

En 2019, Colombia realizó la subasta de espectro en la banda de 700 MHz, la cual ha sido utilizada por los operadores móviles para desplegar 4G. Colombia aún no cuenta con la banda de 600 MHz para desplegar 5G. Tal como lo ha anunciado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), planea subastar la banda de frecuencia de 3.5 GHz.

Chile realizó a principios de 2021 la primera licitación para 5G en América Latina, licitación de espectro que incluyó sólo 10 MHz en la banda de 700 MHz, que obtuvo WOM Chile. Sin embargo, WOM anunció que desplegará 4G en esa misma banda. Razón por la cual el despliegue 5G en ese país se realizará en la banda de 3.5 GHz.

En Brasil pasa algo similar, en la subasta de espectro de noviembre se ha incluido una pequeña porción de la banda de 700 MHZ, remanente de la licitación de 4G. Dicha porción no será suficiente para desplegar 5G, por lo que el despliegue se realizará en las bandas de 3.5 GHz y 26 GHz.

Es importante considerar que en Brasil el uso de la banda de 3.5 GHz se ha realizado para los sistemas satelitales, por lo que probablemente el despliegue enfrente retrasos, no sólo por los costos y el tiempo requerido para obtener los permisos para los nuevos sitios, de 20 a 25 sitios respecto a las bandas bajas, también por la posibilidad de encontrar interferencias entre los servicios fijos por satélites y los servicios móviles.

Lo mismo sucede en Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina y gran parte de América del Sur. No hay espectro disponible en las bandas bajas, es decir, la banda de 700 MHz fue asignada y en algunos casos no se ha iniciado la planificación para liberar el espectro en la banda de 600 MHz, que tienen los operadores de televisión abierta. Proceso que, si miramos el ejemplo de la banda de 700 MHz, en algunos países alcanzó más de cinco años para concretarlo.

En el caso de México y Centroamérica es diferente, la banda de 600 MHz fue liberada por acción del regulador mexicano, y la banda de 700 MHz aún no ha sido asignada en todos los países, como en el caso de Costa Rica, donde será asignada para 5G. Representa una gran ventaja para estos países contar con espectro en estas bandas para el despliegue de 5G. Debido a los costos del despliegue podrán reducir el tiempo para alcanzar la cobertura deseada, si se realiza un diseño correcto de los procedimientos de asignación de espectro.

En el resto de los países se tendrá que utilizar un diseño diferente de los procesos de asignación de espectro. La colaboración entre los operadores móviles deberá ser mayor para lograr ejecutar un despliegue de 5G, al menos en las grandes ciudades, debido al uso de la banda de 3.5 GHz.

Mientras se alcanza la disponibilidad de las frecuencias en las bandas bajas, bien sea por la disposición de espectro en la banda de 600 MHz o el apagado de las redes 2G, para utilizar el espectro en bandas como 800 MHz o 900 MHz, aunque en el corto plazo no existen dispositivos móviles para el uso de 5G en esas bandas.

Definitivamente, la colaboración que estamos observando entre los operadores móviles es bastante ventajosa para alcanzar en el corto plazo un despliegue de las redes 5G. Estoy seguro de que en el corto plazo seguiremos conociendo el resultado de los acuerdos que probablemente están negociando los operadores móviles.

Recientemente, la GSMA publicó el informe Estado de Internet móvil: conectividad 2021, el cual considero de lectura obligatoria para quienes les interesa conocer cómo se encuentra a nivel mundial, en especial en América Latina, la conectividad a Internet. En lo personal, me parece revelador porque muchos de los datos presentados confirman el resultado de mis análisis, algunos de ellos compartidos a través de DPL News, a quienes agradezco su invitación.

En la primera imagen que extraigo del informe, se encuentran los datos de la contracción del PIB durante 2020. Considero importante observar el caso de la región donde el PIB disminuyó 11.3 puntos porcentuales, siendo la mayor disminución respecto a las regiones del mundo consideradas. Las perspectivas para 2022 no parecen variar mucho. Creo que en el cuarto trimestre de 2021 empezaremos a notarlo con claridad, a pesar de que la economía siempre repunta en ese período. La contracción triplica a la menor presentada en África Subsahariana. 

Obviamente, la situación económica en América Latina tiene sus particularidades, aunque visto como un todo puede aportar información muy interesante para el diseño de la política pública.

En especial, con el impulso del acceso a Internet móvil y el valor económico del espectro, el cual ha tenido un comportamiento histórico más alto que en muchas regiones del mundo.

En este caso particular, la GSMA publicó algunos datos específicos sobre la situación en América Latina, de los cuales me gustaría resaltar: “con 260 millones de personas cubiertas, pero no conectadas, la brecha de uso es 10 veces la brecha de cobertura”.

Recientemente, en México se publicó una información que concuerda con la presentada por la GSMA. Ahora bien, en mi opinión la brecha de uso puede ser incluso mayor, si consideramos que las conexiones prepago, a pesar de estar activas durante un mes, no necesariamente pueden acceder a Internet, lo que representa niveles de variación dentro del período de medición.

Es importante considerar que esta brecha de conectividad de 4 por ciento considera el acceso a las redes móviles 3G y 4G. En cuanto se implementen las redes 5G, las brechas de conectividad y uso a esta nueva tecnología serán más amplia, como es natural. Tomando en cuenta la importancia de las redes 5G para las economías, es necesario definir acciones concretas que faciliten cerrar las brechas de conectividad y uso que se presentarán al iniciarse los despliegues.

En otro orden de ideas, la figura a continuación muestra el cambio del costo y la asequibilidad de 1 GB del acceso a Internet móvil durante 2020. En América Latina el costo de un plan de datos de 1 GB decreció al menos 5 por ciento en seis países de la región, se incrementó en más de 5 por ciento en 10 países y se mantuvo en ocho países dentro del estudio.

En el caso de la asequibilidad, sólo en cinco países de la región mejoró al menos 5 por ciento y desmejoró en 14 por ciento de los países de la región. Estos datos muestran claramente el incremento en el costo y la disminución de la asequibilidad en momentos donde los requerimientos de conectividad han aumentado, y el PIB ha disminuido 11.3 por ciento.

Adicionalmente, es una región donde sólo 53 por ciento de las conexiones son 4G. Aunque se espera que para 2025 superen 71 por ciento. Penetración que mantiene un crecimiento bastante lento a pesar de los altos requerimientos de conexión. Además, como detalla el mismo informe, existe un alto número de personas cubiertas por las tecnologías 3G y 4G, que ofrecen la posibilidad de conectarse a Internet.

Por otra parte, la región aparece mejor posicionada respecto al resto incluidas en el estudio. Sin embargo, se debe considerar que estos datos sólo representan el número de SIM cards activas, es decir, el número de personas es mucho menor respecto de los porcentajes mostrados en la gráfica.

También es importante considerar que este número es muy superior respecto al real de personas que se conectan a Internet a través del móvil. Especialmente, por la gran cantidad de conexiones prepagos presentes en la región, cuyos usuarios pueden disponer de la conexión durante un tiempo menor a los 30 días calendario que representan un mes. Disminuyendo notablemente el número de personas quienes realmente disfrutan del servicio.

La utilización del Internet móvil es muy diferente respecto de los países de altos ingresos con los países en América Latina, donde la cantidad de GB consumido es casi la mitad respecto de los países de mayor consumo de datos. Esto fortalece lo mencionado anteriormente donde a pesar de la disponibilidad de la tecnología, su utilización es menor debido al costo y asequibilidad.

Como he comentado en pasadas colaboraciones, el problema no se resuelve disminuyendo el costo del servicio sino mejorando su asequibilidad, la cual depende de obtener mejores ingresos. Aunque para lograrlo se requiere una mayor productividad de la economía, en especial de las personas. Específicamente, mientras la educación en América Latina siga siendo extremadamente baja, y con una calidad cuestionable, será muy complicado incrementar los niveles de productividad. Esto sin tomar en cuenta la visión política de la región, donde parece ir en un sentido diferente a lo deseado.

En la figura de arriba se observa la comparación de algunas actividades de uso de Internet móvil de las regiones menos favorecidas, incluida América Latina. En el resaltado mediante un rectángulo verde, he señalado las actividades que me permiten mostrar mi punto de vista. El uso de las redes sociales es una de las actividades más ejecutadas, mientras el acceso a la información educativa es la sexta actividad ejecutada, tanto en las zonas urbanas como rurales. Muestra con claridad que incluso durante la pandemia el acceso a la educación a través de Internet móvil es muy bajo respecto de otras actividades.

En el caso del acceso a la banca online, la utilización de Internet móvil es menor debido a la baja penetración de los servicios bancarios en la mayoría de las regiones. En este particular, desde el año pasado escribí una colaboración donde detallé este tema, incluso con datos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo.

En la última imagen anexa del estudio de la GSMA, se evidencia la comparación de estos mismos usos antes y durante la pandemia, durante la cual incluso el acceso a la educación tuvo una menor utilización respecto de 2019.

También el uso de Internet móvil para la búsqueda de un empleo se mantuvo casi inalterable en los datos totales. Aunque debido a la situación y las ventajas de Internet para el empleo, durante el 2020 la utilización diaria y semanal aumentó respecto de 2019.

Durante el Mobile World Conference 2021 (MWC), la GSMA presentó algunos datos interesantes sobre el número de personas a nivel mundial que cuenta con cobertura de al menos un operador móvil.

De acuerdo con GSMA Intelligence, 50 por ciento de las personas se encuentran conectadas a Internet móvil, 3 mil 800 millones de usuarios en 2019. Un incremento de 250 millones respecto de 2018. También existen 3 mil 400 millones de personas que cuentan con cobertura de al menos una red móvil, 3G ó 4G, que no utilizan los servicios móviles para conectarse a Internet. Adicionalmente, 600 millones de personas no tienen la posibilidad de acceder a Internet móvil porque no cuentan con cobertura.

La GSMA cataloga dos tipos diferentes de brechas: de cobertura y de uso. Esta última representa el mayor número de personas, nada despreciable, casi la misma cantidad de personas que sí tienen cobertura y utilizan las redes móviles para acceder a Internet.

La brecha de uso de Internet, especialmente en América Latina, es por falta de ingresos que le permitan a la población pagar los precios por el servicio y acceder a un smartphone e incluso a un computador portátil.

Como he mencionado en otras publicaciones, 46.8 por ciento de la población en nuestra región obtiene ingresos de la economía informal, muchas veces menores al salario mínimo en nuestros países. Y el resto, quienes pueden acceder a un trabajo formal con un salario mínimo, el cual varía entre un dólar (Venezuela) y 441 dólares (Chile).  

En la gráfica se muestran los salarios mínimos en América Latina en enero de 2021, según la empresa Statista.

Los bajos ingresos de la mayoría de la población, además de la baja tasa de su incorporación a la economía formal, indica claramente que en América Latina existe una brecha de uso importante. Debe resolverse de forma diferente a la brecha digital de cobertura. Esta última, en el caso de América Latina, también representa un número importante de personas sin acceso a Internet móvil, particularmente por una geografía extensa y una alta dispersión de la población en algunos países. Ambas brechas deben ser incluidas en el diseño de la política pública, pero con soluciones diferentes.

La brecha de uso debería ser resuelta no sólo con establecer zonas gratuitas con acceso a Internet o entregar acceso sin costo o definir políticas de zero rating para el acceso a contenido que permita garantizar la teleeducación y otros servicios de interés.

Estas soluciones van dirigidas al corto plazo y no logran resolver el problema de fondo. Realmente, es necesario integrar estas acciones con un esfuerzo real por mejorar la capacidad de las personas de desarrollar habilidades digitales, que les permitan insertarse en la economía digital.

En México, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH, 2020) presenta un panorama muy claro de lo expuesto por la GSMA en el MWC 2021.

Existen 88.2 millones de personas con acceso a telefonía móvil, lo que representa 75.5 por ciento de la población mayor a seis años. Este dato es muy interesante, debido a la pandemia niños a partir de 6 años que se encuentran al inicio de su etapa escolar requieren en este momento de conectarse a Internet para poder acceder a sus clases. Antes de 2020, quizás un niño de esa edad podía asistir a sus clases sin requerir acceso a Internet.

Otra información relevante: 91.6 por ciento de las personas conectadas al servicio de telefonía móvil cuentan con un smartphone, esto representa 80.79 millones de personas. Sin embargo, 67.4 por ciento cuenta con una conexión Wi-Fi y datos móviles, es decir, 59.45 millones de personas acceden a Internet a través del móvil.

Cabe destacar que este dato es sólo una fotografía en un momento determinado, puesto que el acceso a través del móvil depende de que el usuario cuente con gigas para conectarse. Los usuarios de prepago pueden tener acceso los 30 días del mes o sólo una parte, incluso un mes si tienen acceso y al siguiente no cuentan con la cantidad de datos o no pueden recargar el saldo.

Ahora bien, si se consideran estos datos presentados por la ENDUTIH, 59.45 millones de personas que acceden a Internet a través del móvil, de un total de 126.01 millones de habitantes, según el INEGI, representan 47.17 por ciento de la población en México.

Realmente, estos datos son extremadamente útiles para los diseñadores de política pública. El esfuerzo que se realiza en México por presentarlos de forma transparente es digno de reconocimiento público e internacional.

Otra conclusión importante de estos datos es que aunque existen 80.79 millones de personas que cuentan con un smartphone, podemos presumir que en su mayoría o totalidad con acceso a las redes 4G, solo 59.45 millones de personas acceden a Internet a través del móvil. Esta diferencia refuerza lo que he mencionado antes, especialmente con los usuarios de prepago y su acceso intermitente a Internet un mes o durante el año.

El acceso a Internet móvil representa para la mayoría de los países en América Latina el único medio para conectarse, ya que el acceso a Internet en los hogares es aún más bajo, en especial en zonas rurales. En este sentido, la brecha digital, debido a la falta de acceso, también es importante, pero requiere un tratamiento diferente y el diseño de política pública específica para lograr disminuirla.

Cerrar las brechas de acceso y uso es una prioridad en estos momentos que estamos viviendo. Los gobiernos, reguladores y operadores han estado haciendo una labor importante para cerrarlas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la pandemia ha puesto esta situación en la agenda principal de muchos países en la región y el resto del mundo.

¿Por qué es necesario cerrar la brecha digital? Porque la economía en América Latina y el Caribe se enfoca en actividades informales, más de 130 millones de personas, de las cuales 27 millones son jóvenes, según cifras del World Economic Forum (WEF, 2017).

Adicionalmente, las personas que tienen acceso a un empleo formal la mayoría obtiene el salario mínimo. Ahora bien, la cantidad de jóvenes en la región, llamados nativos digitales, pueden ser una ventaja competitiva si se sabe aprovechar.

Particularmente, los nativos digitales requieren la formación de sus habilidades digitales, las cuales difieren de la educación formal y tradicional. Sin embargo, no tendremos esta oportunidad para siempre, según el informe de la CEPAL, Panorama social de América Latina (2017). El documento refleja “el envejecimiento sostenido de la población en el aumento del porcentaje de personas mayores y la disminución del porcentaje de niños”. 

A nivel regional, se estima que el número de personas de 60 años o más superará el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080 (Naciones Unidas, 2017).

En definitiva, cerrar la brecha digital es de suma importancia para la región. Sin embargo, no es el fin en sí mismo. Es importante diseñar políticas públicas que permitan aprovechar las mejoras de la conectividad para la formación de las habilidades digitales y la pronta incorporación a la economía digital. Con especial énfasis en reducir la cantidad de personas que viven de la economía informal, creando las condiciones para su traslado a la economía digital. Debemos hacerlo lo antes posible para lograr resultados antes de 2036 que contaremos con cada vez menos jóvenes o nativos digitales en la región.

Las asociaciones público-privadas se han realizado en distintos mercados y sectores de la economía, logrando excelentes resultados, aunque durante 2021 la economía en América Latina está surfeando el fuerte oleaje generado por el inicio de la pandemia en 2020. Lo anterior nos ha permitido observar con mayor claridad los verdaderos retos de algunas decisiones que se han tomado, especialmente con miras a aumentar la conectividad.

En días recientes, se han hecho público dos situaciones que colocan una bandera amarilla, al menos, en los esfuerzos de la región por incrementar la cobertura, particularmente en zonas rurales y con baja densidad poblacional. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y la Red Compartida, la primera en Perú y la segunda en México, las cuales han dado muestra de ser un esfuerzo público-privado donde los objetivos no han sido alcanzados.

Ahora bien, ¿por qué estos esfuerzos no han logrado su objetivo? En general, mi respuesta a esta pregunta es que se han colocado los objetivos más allá de lo real, y el control público les resta agilidad en las decisiones para competir en un mercado, donde los otros también juegan. Veamos cada argumento por separado.

¿Objetivos más allá de lo real? Ambas asociaciones, la RDNFO y la Red Compartida se colocaron como objetivo establecer sus redes, no sólo en lugares donde no existían las redes de los operadores, sino también cubrir zonas donde ya estaban presentes otros competidores. 

Esto básicamente los dejaba expuestos a competir con actores privados, con un amplio conocimiento del mercado y un tiempo que les permite conocer muy bien a los clientes, personas, empresas e instituciones públicas.

En ambos casos, los operadores o competidores reaccionaron rápidamente. Quizá en Perú lo podemos evidenciar más fácilmente, debido a que los operadores desplegaron en corto tiempo sus propias redes de fibra óptica en las mismas rutas donde la RDNFO había sido diseñada.

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Retrasos en la implementación permitieron a sus competidores crecer donde lo necesitaban a pesar de que la RDNFO contaba con los recursos para ejecutar sus obras de instalación, pero el mercado había cambiado para cuando el proyecto finalizó. Hasta el momento, se reportó que sólo 3.2 por ciento de la capacidad instalada es utilizada, y los ingresos representan 7.7 por ciento de los costos operativos.

En el caso de la Red Compartida, los objetivos de cobertura iniciales fueron cambiados en dos ocasiones, generando modificaciones en la inversión e incrementándose en el corto plazo. 

Adicionalmente, afectaron la posibilidad de obtener ingresos comparables con los incrementos de la inversión, no sólo para recuperar la inversión, también impidieron seguir creciendo según los planes.

Obviamente, estas modificaciones cambiaron el modelo de negocio y en el mediano plazo es complicado contar con un plan de negocio ajustado a la realidad, si se mantienen esos requerimientos. 

La Red Compartida cuenta con más de 3 millones de clientes, quienes poseen contrato con los Operadores Móviles Virtuales en un mercado como el mexicano de más de 126 millones de personas, es decir, 0.025 por ciento.

“Se han colocado los objetivos más allá de lo real y el control público les resta agilidad.”

— Gerardo Mantilla

¿El control público le resta agilidad? Quizás en ambos casos es más evidente este argumento. Desde 2017, la parte privada ya había informado a su contraparte pública que los precios ofrecidos por la RDNFO estaban lejos de sus competidores, al igual que los esquemas de negociación, que evidentemente eran más rígidos que la competencia.

Desde ese momento, la rentabilidad de la RDNFO estaba comprometida, por lo que no se tomaron decisiones rápidas o fueron insuficientes para que se permitiese aumentar su competitividad e incrementar el tráfico. 

Desde 2020, apenas se tomaron decisiones para aumentar la capacidad contratada por instituciones públicas que pudieron tomarse antes, o reducir los precios y aumentar la flexibilidad de los planes. Sin embargo, creo que mi punto a resaltar es que en las asociaciones público-privadas el operador requiere flexibilidad en su toma de decisiones, sin esperar la aprobación de ninguna parte en cuestión.

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En el caso de la Red Compartida este argumento está muy relacionado con los objetivos reales que se plantearon. Debido a que, como mencioné, los objetivos de cobertura fueron cambiados, incorporando zonas de menor rentabilidad y mayor inversión, pero que en total reducían la capacidad de recuperar la inversión en el corto plazo, lo que facilitaría la continuidad de la operación.

En realidad, esta decisión no fue impulsada por la organización privada responsable de la Red Compartida, y seguramente entendió muy bien las implicaciones de la decisión. 

Ahora bien, si las asociaciones público-privadas tienen que competir con actores privados, pero para reaccionar a sus acciones o realizar cambios deben esperar su aprobación por la parte pública, lo cual conlleva más tiempo, es muy difícil lograr el objetivo.

Quizá en América Latina debemos cambiar la forma de gestionar estas asociaciones. Veamos el caso de Reino Unido, donde se creó una Red Compartida para llevar cobertura 4G a las zonas rurales, vías de comunicaciones y zonas especiales. La red está conformada sólo por los operadores móviles privados que ya compiten en el mercado británico. La parte pública aportará parte del financiamiento para reducir el tiempo del despliegue, mil millones de libras esterlinas.

Las zonas seleccionadas para el despliegue de la red fueron acordadas entre las partes público-privada, así como el cronograma y compromisos bien definidos en cuanto a la velocidad de la red que ofrecerán a los clientes.

Obviamente, en América Latina los requerimientos son muy diferentes al Reino Unido. Este ejemplo sólo es un caso que me permito exponer. Sin embargo, considero que para nuestra región es necesario considerar otro tipo de factores. 

La importancia de cerrar la brecha digital ha tomado relevancia. Se han venido realizando esfuerzos desde el sector público y privado. Sin embargo, como lo explica la CEPAL en el informe Panorama Social de América Latina 2020, “como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída de PIB de -7.7 por ciento, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12.5 por ciento y la tasa de pobreza alcanzó 33.7 por ciento de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior.”

Obviamente, estas cifras impactan en el acceso a las TIC, especialmente debido a la pérdida de capacidad de pago de los servicios, reduciendo el número de personas que acceden mensualmente a Internet móvil. 

Es necesario observar esta situación desde un enfoque real, dejando de lado los mitos, como es la penetración, que muchos reguladores utilizan para medir la cantidad de líneas o personas que acceden a los servicios móviles. En este caso en particular, me centraré en el servicio de Internet móvil.

Es importante entender el ciclo de vida de los clientes. Se utiliza para describir el proceso que sigue el consumidor cuando captas su atención por primera vez, considera tu producto, lo compra, lo utiliza y mantiene la lealtad a la marca.

Por ejemplo, un usuario pospago tiene un ciclo de vida más largo, debido a que su método de pago le permite crear una relación más larga. En algunos casos, si un cliente pospago deja de cancelar sus servicios, el operador mantiene activa la línea por un tiempo prudencial, en algunos casos de 3 a 6 meses.

Sin embargo, para los clientes prepago es totalmente diferente el ciclo de vida. Si el cliente no tiene saldo en su cuenta o paga por un plan mensual con una capacidad previamente acordada, no podrá acceder a Internet.

En algunos casos podrá recibir llamadas o SMS. Lo anterior debido a que algunos operadores permiten recibir llamadas de voz o SMS como una forma de recibir ingresos debido al consumo de otros clientes de su misma red o de la red de otro operador, llamadas on net y off net.

El cliente prepago sin renta introduce un saldo en la cuenta que le permite utilizar los servicios de voz, SMS o datos a discreción hasta que se consuma el valor de su saldo. En algunos mercados, este saldo puede tener una duración de 15 ó 30 días continuos. Este tipo de cliente puede permanecer activo dentro de la base de datos de los operadores entre 3 y 6 meses, aún sin saldo en su cuenta. En otros mercados, los operadores prefieren eliminar este tipo de clientes de su base de datos para promover el consumo.

Ahora bien, ¿porqué es importante considerar el ciclo de vida del cliente? Definitivamente, nos da una idea clara de la cantidad de clientes que realmente tienen activo el servicio móvil. Especialmente, el servicio de Internet móvil, ya que para acceder el cliente debe estar activo o tener saldo en su cuenta para poder conectarse.

Adicionalmente, queda claro que si se tiene la intención de crear política pública o regulación para promover el acceso y utilización de Internet a través del móvil, es necesario conocer cuál es la brecha de acceso que realmente existe.

En algunos países se indica una penetración del servicio móvil superior a 100 por ciento debido a que considera que más de una persona puede contar con dos equipos o servicios contratados. Sin embargo, es muy diferente al servicio de Internet móvil en función de la cantidad de personas que realmente tiene contratado el servicio.

Parece necesario profundizar en las estadísticas sobre el número de personas que utiliza realmente Internet a través de móvil, mensual o trimestralmente.

Adicionalmente a las estadísticas de acceso, existen muy pocos datos sobre el uso de Internet. Las cifras más interesantes provienen precisamente de empresas como Google, Facebook y Apple. En Costa Rica, por ejemplo, podemos observar algunos datos sobre las 20 búsquedas que las personas realizan en Google:

Estas estadísticas, en cuanto al uso de las búsquedas en Google, permiten identificar que es necesario fortalecer el uso del acceso a Internet hacia la ejecución de actividades económicas. No sólo para las actividades de entretenimiento. En especial, debido a que la mayoría de la población en Costa Rica, y el resto de América Latina, son nativos digitales.

Su intrínseco conocimiento en el uso de las computadoras, redes sociales e incluso la banca digital permite obtener ventajas con mayor facilidad, teniendo en cuenta que las actividades tradicionales basadas en el turismo están enfrentando retos en los actuales momentos. Costa Rica posee grandes ventajas que no pueden ser aprovechadas debido a la pandemia.

Por otra parte, las redes sociales también cuentan con una audiencia potencial que puede indicar la cantidad de personas que acceden. En el caso particular de Costa Rica, Facebook y YouTube son las redes sociales con mayor número de personas que utilizan frecuentemente esas mismas redes sociales.

Es importante notar que aún las redes sociales tienen un incipiente uso para llevar a cabo las actividades relacionadas con la economía digital, a pesar de que ambas redes poseen aplicaciones para la actividades económicas. En el caso de Facebook, su aplicación de Marketplace e Instagram es una plataforma que puede ser utilizada para la promoción de pequeños negocios y su actividad comercial.

En este momento, es necesario dotar de las habilidades digitales a las personas de forma tal que les permita realizar una actividad comercial. Especialmente, a pequeños emprendedores, aunque es necesario crear las condiciones para la formalización de la economía digital. 

Particularmente, ofreciendo ventajas para la formalización de las pequeñas empresas. Permitiendo que un mayor número de personas puedan trasladar su actividad económica, obteniendo ventajas para la formación de empresas y seguridad social, como hemos planteado en otras publicaciones.

Particularmente, es importante avanzar en la bancarización de la población. Costa Rica posee un alto porcentaje de la población con acceso a la banca respecto de otros países en América Latina. El 67.8 por ciento posee al menos una cuenta bancaria y sólo 13.9 por ciento tiene acceso a una tarjeta de crédito. Según estos datos, 27.5 por ciento utiliza las compras y/o pagos en línea. 

Para que la economía digital sea parte importante de la actividad comercial el acceso a la banca debe incrementarse, permitiendo que un mayor número de personas pueda participar activamente.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) definió el servicio universal como una forma de llevar el acceso a los servicios de telecomunicaciones a toda la población. En un principio, los servicios de telefonía fija eran el eje central de la política pública. Ahora bien, Internet ha concentrado el esfuerzo de los organismos reguladores de telecomunicaciones para desarrollar o aplicar los fondos de servicio universal o la financiación pública para lograr llevar Internet a las zonas rurales. En un principio fue el servicio fijo e incluso el servicio móvil en algunos países.

La recomendación UIT-T D.53 (2016), sobre aspectos internacionales del servicio universal, realiza su definición basada en tres principios: “Disponibilidad: el nivel de servicio debería ser idéntico para todos los usuarios, en todo lugar y en cualquier momento. Asequibilidad: el precio del servicio no debería ser prohibitivamente alto y así repercutir negativamente sobre el acceso. Accesibilidad: los abonados deberían recibir el mismo trato en términos de servicio, precio, calidad de servicio, cuando quiera y donde quiera que accedan al servicio.”

Cabe destacar que en el caso de las Américas o Región 2, según la UIT, Canadá y Estados Unidos no aplican la recomendación UIT-T D.53. Tampoco otros países en el resto del mundo, de los cuales me gustaría destacar Reino Unido, Alemania, Suiza y Finlandia.

Ahora bien, garantizar el acceso al servicio de Internet, bien sea a través de redes fijas o móviles, requiere centrar la atención en dos aspectos fundamentales: el despliegue de las redes nacionales y su conexión a las redes internacionales para llegar a los servidores de los grandes proveedores de contenido en Internet. Algunos ubicados en los países antes mencionados.

En el contexto latinoamericano, es cierto que aún siguen pendientes esfuerzos para llevar cobertura de las redes de telecomunicaciones a las zonas rurales. Sin embargo, el acceso a la conexión internacional, especialmente sus costos para cubrir dichas zonas rurales, también es un elemento por considerar. No siempre es considerado por los reguladores al momento de definir los planes u obligaciones para los operadores nacionales a quienes imponen obligaciones de cobertura.

La recomendación UIT-T D.53 reconoce la importancia de considerar los costos de acceso a las redes internacionales para lograr un servicio universal exitoso. De hecho, determina tres factores que establecen el éxito de los proyectos de servicio universal:

1. “El nivel de competencia en el mercado para la prestación de capacidad internacional de Internet, tanto en el plano local como regional.

2. “La evolución de los precios y de los temas fiscales en lo que respecta al tránsito internacional de los precios de los contratos de IRU, o de otros tipos de contrato para la prestación de capacidad internacional de Internet.

3. “La capacidad para establecer y propiciar contratos de paridad entre operadores nacionales, los operadores regionales y los operadores de todo el mundo en materia de capacidad internacional de Internet.”

Justo en este momento, el acceso al servicio de Internet es fundamental debido al impacto de la pandemia en la salud, educación e ingresos de las personas. No sólo en las zonas rurales, sino en toda la población.

Ahora bien, los ingresos de los operadores móviles y fijos están comprometidos debido al impacto en la economía de la región. Obtener ventajas en el acceso internacional a Internet es una forma de mejorar la posibilidad de incrementar su utilización, reducir sus costos y garantizar el derecho a la vida (salud, educación e ingresos).

Definitivamente, reducir los costes de la conectividad internacional de Internet puede traer grandes ventajas para ampliar su acceso y reducir su coste. Específicamente, si esa reducción es aplicada directamente al cliente o usuario, de forma directa o indirecta. Adicionalmente, puede permitir incluso aumentar la velocidad contratada para poder prestar un servicio de calidad.

La velocidad de acceso a Internet depende en gran medida del acceso internacional. En este sentido, en América Latina este acceso tiene las menores velocidades contratadas. 

Respecto de las velocidades de conexión a Internet móvil, el líder es Emiratos Árabes Unidos con una velocidad media de 177.52 Mbps, seguida de cerca por Corea del Sur con 169.03 Mbps y cerrando el top 3 se encuentra China, con una velocidad móvil promedio de 155.89 Mbps.

Específicamente en América Latina, Chile y Panamá lideran la región con la mejor velocidad de acceso a Internet. Chile con 124.17 Mbps y Uruguay con 96.26 Mbps. Venezuela y Guatemala poseen la menor velocidad de Internet en la región. Venezuela con la menor velocidad de la región, apenas 4.35 Mbps.

Sin embargo, es importante que los países sigan realizando esfuerzos para aumentar la cobertura de Internet, tanto de los servicios fijos como móviles. En este punto, todavía hay algunos temas pendientes que deben ser resueltos con cierta prioridad y en el menor tiempo posible.

La decisión de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales de suspender el perfil del Presidente de Estados Unidos, debido al asalto al Congreso por sus simpatizantes, ha levantado nuevamente la discusión sobre quién debe tener el control de la censura en las redes sociales.

Adicionalmente, la decisión de bloquear de forma permanente las distintas cuentas de Donald Trump para prever cualquier nueva publicación que incite a la violencia, ¿se puede considerar censura previa?

Lo que principalmente he mencionado es que parece más que oportuno hacerse las preguntas: ¿quién tiene la autoridad? ¿El Estado de derecho y las instituciones o las plataformas digitales?

Twitter publicó un comunicado donde explica sus razones para tomar esta decisión. Donde se detalla: “Después de una exhaustiva revisión de los tweets recientes de la cuenta de @realDonaldTrump y el contexto alrededor de ellos –especialmente cómo han sido recibidos e interpretados dentro y fuera de Twitter–, hemos decidido suspender permanentemente la cuenta debido al riesgo de mayor incitación a la violencia.”

En el momento cuando se toma esa decisión, Donald Trump es el Presidente de Estados Unidos de América, aunque la cuenta que fue suspendida fue la personal: @realdonaldtrump, no la cuenta oficial @POTUS.

Sin embargo, se ha generado mucha polémica sobre si las redes sociales o empresas privadas tienen el poder de tomar la decisión de bloquear una cuenta o si debería existir un organismo del Estado, considerando la independencia de poderes como la Corte Suprema o un organismo regulador, el cual apruebe la suspensión de la cuenta de instituciones oficiales o personas en cargos públicos.

Los usuarios, no los ejecutivos de tecnología, deben decidir qué constituye la libertad de expresión en línea.

En el mismo comunicado, Twitter explica: “Sin embargo, dejamos claro hace años que estas cuentas no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación.”

Por otra parte, Twitter considera que los twetts de Trump “podrían inspirar a otros a replicar los actos violentos que tuvieron lugar el 6 de enero de 2021, y que existen múltiples indicadores que se están recibiendo y se entienden como un estímulo para hacerlo.”

Esto implica que la red social ejerce un rol regulador de facto. Mi intención no es opinar sobre si es correcta o no la valoración que realiza Twitter y otras redes sociales, sino que centro mi análisis en considerar si son las empresas privadas las que deben tomar estas decisiones.

Lo que es cierto es que esta discusión se viene llevando a cabo en Estados Unidos desde hace varios años. En 2019, Jillian C. York, autora del próximo libro Silicon Values: The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism, y directora de libertad de expresión internacional en Electronic Frontier Foundation, escribió un artículo denominado “Facebook is the new censor office”, donde mencionaba que la red social estaba tomando las funciones de una oficina sobre la censura en las publicaciones.

En esta colaboración, se menciona lo siguiente: “En los pasillos del gobierno, las páginas de opinión de los principales periódicos y las recomendaciones de políticas de las ONG, el consenso es que Facebook, Google y similares deberían asumir el papel del gobierno y censurar el discurso de odio, regular las ‘noticias falsas’ y luchar contra el extremismo… todo sin una supervisión significativa (o en algunos casos, ninguna) de la sociedad civil.”

Adicionalmente, también comenta que: “Hemos permitido que los ejecutivos corporativos, en lugar de los funcionarios electos, definan un discurso aceptable…” Y esta es una preocupación que comparto, aunque también ha sido el mismo Facebook el que ha planteado la necesidad de una regulación.

El propio Mark Zuckerberg pidió a la Unión Europea que lidere la regulación de plataforma digitales. “Asimismo, mencionó que cada vez es más visible que las empresas de tecnología no deberían decidir qué contenido se debe permitir en Internet, y que se necesita una regulación independiente en torno al tema.”

La misma Jillian C. York escribió recientemente un planteamiento que parece tener más sentido, o que al menos vale la pena considerarse: “Los usuarios, no los ejecutivos de tecnología, deben decidir qué constituye la libertad de expresión en línea.” Y aquí puede centrarse el debate en los próximos meses.

La Sección 230 de la Communications Decency Act de 1996 establece que, con algunas excepciones, las redes sociales no son legalmente responsables del contenido. Por otra parte, Facebook, Twitter o Instagram no pueden ser consideradas responsables si eliminan cualquier contenido que ellos o sus usuarios consideren “obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador o de cualquier otra forma objetable”.

Por lo tanto, es bastante claro que la sección 230 permite a la redes sociales eliminar cualquier contenido. Aunque haya sido publicado por el propio Presidente de EUA, lo cual traerá la posibilidad de aumentar la discusión sobre la necesidad de establecer cambios al respecto.

Ahora bien, esta discusión se vuelve más compleja si se mira desde un punto de vista internacional, o incluso en América Latina. ¿Qué pasaría si una red social decide suspender la cuenta o eliminar los twetts publicados por un funcionario oficial o el Presidente de un país, o incluso si el gobierno de un país decide eliminar el acceso a las redes sociales?

Particularmente, en América Latina no existen otras redes sociales o alternativas para expresar la opinión legítima de los ciudadanos y gobiernos distintas a esas empresas, en su mayoría estadounidenses.

En caso de que un gobierno decida bloquear una red social como Facebook, Twitter, Instagram u otra estará afectando la libertad de expresión de sus ciudadanos. Y si Facebook, Twitter, Instagram u otra decide bloquear la cuenta oficial de un gobierno o gobernante en América Latina, ¿qué implicaciones tendría?

Si el gobierno decide bloquear el acceso a las redes sociales, dejaría a sus ciudadanos sin oportunidad de expresarse o acceder al contenido ¿Hay otras alternativas o redes sociales?

Jillian C. York expresa lo siguiente respecto de la falta de alternativas a las redes sociales existentes: “El problema no es que Facebook tenga el derecho de hacerlo, sino que, debido a sus adquisiciones y crecimiento sin obstáculos, sus usuarios no tienen prácticamente ningún otro lugar adonde ir…”

En este sentido, en Estados Unidos se está evaluando la necesidad de dividir Facebook, WhatsApp e Instagram. Aunque, en mi opinión, esto no sería una solución para ofrecer mayores opciones a los ciudadanos.

En el caso de China, existen otras redes sociales alternativas a la estadunidenses, aunque obviamente bastante controladas por el gobierno. Si se considera China un país conformado por 1,425 millones de personas, lo anterior es posible respecto a nuestra región.

Mientras, en América Latina no hay alternativas al acceso a la información a través de las redes sociales distintas a Facebook, Twitter e Instagram; sólo Telegram (Rusia) puede ser una alternativa a WhatsApp. O incluso YouTube, que tampoco se tienen aplicaciones similares que puedan considerarse como competencia real.

En definitiva, esta situación particular o considerada como parte de la política doméstica de un país tiene implicaciones a nivel mundial. Coloca sobre la mesa una discusión sobre la cual quizás no existe un consenso. ¿Quién debe tener el control sobre el contenido en las redes sociales? 

Además, ¿es necesario que existan alternativas a las redes sociales para garantizar el acceso a la información? En mi opinión, esta situación genera más preguntas que respuestas, las cuales probablemente formarán parte de la discusión que se abrirá a partir de este momento.

La compartición de espectro y de red entre los operadores de telecomunicaciones móviles en un mercado es una ventaja que permite acelerar la cobertura, mejorar la calidad e introducción de nuevas redes, como 5G.

En momentos cuando es necesario reactivar la economía, automatizar la capacidad de la producción e impulsar la economía digital, ampliar la cobertura no sólo a los grandes centros poblados es un requerimiento que cada vez es más entendido por las autoridades nacionales de regulación.

Para cumplir con este requerimiento, logrando que cualquier persona tenga la posibilidad de acceder a Internet, es necesario incrementar la cobertura en zonas rurales y alejadas.

Sin embargo, dependiendo de la extensión territorial será necesario incorporar no solo las estaciones radiobases, sino las redes de transporte y backhaul, lo que en muchos casos incrementa fuertemente la inversión e incluso los costos operativos.

En este sentido, quiero aprovechar la oportunidad de presentar nuestros cálculos para comparar la cobertura de 5G entre un despliegue desagregado de tres operadores móviles en un mismo mercado con respecto al despliegue compartido del espectro y la red.

Esta compartición de espectro y red, que hemos venido proponiendo desde antes de la pandemia, tiene la ventaja no solo de presentar ahorros en las inversiones para incrementar la cobertura, sino de compartir el ancho de banda disponible en una misma banda de frecuencia, lo cual permitirá incrementar la velocidad del acceso a Internet.

Según nuestro estudio, identificamos un mercado donde existen en total 5,937 sitios con estaciones radiobases con distintas tecnologías, y donde están distribuidas por los operadores móviles de red (OMR) de la siguiente forma: OMR1, 43.24 por ciento; OMR2, 28.23 por ciento y OMR, 28.53 por ciento.

Supongamos que cada OMR decide desplegar una red 5G utilizando una porción de espectro de las bandas bajas, por ejemplo 600 ó 700 MHz, y una porción de espectro de las bandas medias comprendidas entre 3,300-3,600 MHz, colocándose como objetivo cubrir 100 por ciento de los sitios en las bandas bajas y al menos 60 por ciento de la cobertura en las bandas medias.

Ahora bien, comparemos la inversión necesaria para realizar un despliegue de red basado en una compartición de espectro y red entre los tres OMR de ese mismo mercado, con el objetivo de cubrir 100 por ciento de los sitios desplegados en las bandas bajas y 100 por ciento de la cobertura en las bandas medias.

Cabe destacar que la compartición de espectro, tanto en las bandas bajas como medias, permitirá ofrecer mayores velocidades.

Según un estudio realizado por Qualcomm en China, un despliegue en la banda de frecuencia de 700 MHz, con un ancho de banda de 30 MHz, logró alcanzar velocidades de 300 Mbps.

La inversión requerida con la compartición de espectro y red será de sólo 54.93 por ciento de la suma del monto total de inversión requerida por cada operador móvil de red, permitiendo ahorros importantes en la inversión, que en parte son utilizados para incrementar la cobertura en las bandas medias, logrando alcanzar 100 por ciento respecto de las bandas bajas.

En el escenario de despliegue independiente el OMR1 estará realizando una inversión de 39.91 por ciento, el OMR2 de 29.95 por ciento y el OMR3 de 30.15 por ciento. Considerando el despliegue actual de las redes móviles de cada OMR.

En definitiva, la compartición de espectro y red que hemos venido impulsando permitirá en este escenario actual de pandemia utilizar los limitados recursos disponibles para poder conectar a Internet a la población aún desconectada, y recuperar la inversión con un margen de rentabilidad interesante.