La arquitectura digital de Brasil en 2026: espectro, infraestructura estratégica e Inteligencia Artificial

Por Mayara Figueiredo y Paula Bertolini

Brasil ingresa en 2026 con una agenda digital ambiciosa que combina política de espectro, fortalecimiento de infraestructura estratégica, mayor conectividad y simplificación de marcos regulatorios. El país apunta a consolidar el despliegue de 5G, posicionarse como hub regional de cables submarinos y Data Centers, y avanzar hacia una regulación más moderna, en un año que estará fuertemente condicionado por dos factores principales: el cierre del ciclo estratégico actual de la Anatel y el contexto político asociado al año electoral.

Política de espectro 

Este año se consolidará un plan de licitaciones por fases con mayor previsibilidad regulatoria, incluyendo la preparación de pliegos para bandas estratégicas como 450 MHz, 700 MHz y 850 MHz, alineando política de espectro con objetivos de cobertura rural, corredores logísticos y expansión de capacidad. Se requería especial atención a la banda de 6 GHz, donde el desafío es equilibrar su uso licenciado para redes móviles de próxima generación con la preservación del ecosistema Wi-Fi sin licencia. Sin embargo, la banda fue retirada de la lista de espectro a ser subastado en una reciente revisión de entregables de la agenda regulatoria de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para 2026 y no hay previsión de cuándo será incluida nuevamente.

Tras recibir el aval del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la Anatel avanzó con la licitación de la banda de 700 MHz, considerada estratégica para expandir la cobertura 4G y 5G en zonas rurales y de baja densidad, con publicación de bases y subasta estimada para abril. En las bases para la licitación se detallan bloques regionales en las modalidades FDD (Frequency Division Duplex) y TDD (Time Division Duplex), autorización por 20 años y posibilidad de descuento de hasta 70% del valor ofertado mediante la asunción de compromisos adicionales de interés colectivo.

En paralelo, Brasil avanzará hacia una gestión del espectro más estratégica y orientada a resultados, en línea con la recalibración competitiva iniciada tras la revisión del PGMC. La Anatel deberá equilibrar la promoción de la competencia basada en infraestructura con la necesidad de preservar incentivos de inversión de largo plazo, en un contexto de debate sobre límites máximos de espectro y distribución de costos en la cadena digital. La clave estará en diseñar reglas proporcionadas que fomenten la rivalidad sin comprometer economías de escala, eficiencia ni sostenibilidad económica del sector.

En cuanto a la política pública en materia espectral, el Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional 2026 señala que la política de espectro continúa orientada a consolidar el despliegue de 5G y preparar el terreno para futuras evoluciones tecnológicas. En ese marco, el gobierno destaca el papel de la Anatel en la conducción de procesos de licitación y en el reordenamiento (refarming) de bandas, con el objetivo de optimizar el uso de frecuencias ya asignadas y habilitar nuevas porciones para servicios móviles avanzados.

El documento enfatiza que la planificación del espectro no se limita a subastas recaudatorias, sino que incorpora compromisos de inversión, cobertura y obligaciones de hacer, alineadas con la estrategia nacional de transformación digital.

Infraestructura estratégica digital: cables submarinos y Data Centers

La estrategia del gobierno de Brasil para este año parte de la premisa de que la infraestructura digital es un pilar del desarrollo económico, la inclusión social y la autonomía tecnológica. En el Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional se plantea la ampliación y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones como condición para aumentar la competitividad, integrar el territorio y reducir desigualdades regionales. En este marco, los cables submarinos son vistos como activos estratégicos para garantizar conectividad internacional robusta, reducir la dependencia de rutas concentradas y mejorar la resiliencia y seguridad de las comunicaciones del país. Es por eso que el gobierno puso a consulta pública el año pasado la Política Nacional de Cables Submarinos, y se espera que este año se cristalice en una estrategia.

El gobierno enfatiza la necesidad de diversificar las rutas internacionales de datos y fortalecer la capacidad nacional de conexión directa con otros continentes. La estrategia combinará coordinación con el sector privado, instrumentos de financiamiento público y marcos regulatorios que favorezcan inversiones en nuevas conexiones y en la ampliación de capacidad. El objetivo no es sólo técnico, sino geopolítico: posicionar a Brasil como hub digital regional, reduciendo vulnerabilidades externas y aumentando su protagonismo en la economía digital global.

En cuanto a los Data Centers, la estrategia promueve la atracción de inversiones para instalar y expandir Centros de Datos en territorio brasileño, aprovechando ventajas como la matriz energética relativamente limpia y el tamaño del mercado interno. Entre las iniciativas en curso se encuentra el llamado Régimen Especial de Tributación para Servicios de Centros de Datos (ReData). El programa combina incentivos fiscales con contrapartidas obligatorias, como destinar el 2% de las inversiones a I+D y reservar el 10% de la capacidad instalada al mercado interno. Para 2026, están previstos R$ 5,200 millones en incentivos en el marco del régimen. Días atrás, el proyecto logró aprobación en la Cámara de Diputados y se espera que termine su aval en el Congreso en los próximos días.

La localización de datos en el país es entendida como un factor clave para generar empleo calificado, estimular cadenas de valor tecnológicas y reforzar la autonomía operativa del Estado y de las empresas brasileñas.

Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología estratégica para el desarrollo productivo, la modernización del Estado y la inserción internacional de Brasil. El enfoque del gobierno es consolidar una política nacional de IA que combine innovación, inclusión y soberanía tecnológica.

En el Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional se plantea fortalecer la investigación científica, la formación de talento especializado y la articulación entre universidades, centros de investigación y sector privado, con el objetivo de posicionar al país como referente regional en el desarrollo y aplicación de soluciones basadas en IA. También se enfatiza el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar la gestión pública y la prestación de servicios a la ciudadanía.

Toda la política pública relacionada con la IA está enmarcada en el Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA), que articula acciones estratégicas en infraestructura, formación de talento, inclusión digital y promoción del uso de IA en áreas como salud, educación, medio ambiente y productividad industrial. Con una inversión prevista de más de 23,000 millones de reales entre 2024 y 2028, el plan refuerza el compromiso del país con una transformación digital justa, inclusiva y centrada en las personas.

En este marco, Brasil avanzará en distintos frentes como el Programa IA 4.0 Brasil, que busca acelerar la adopción de la IA en el sector productivo. Para ello, el país cuenta con infraestructura de vanguardia, como la supercomputadora Santos Dumont, operada por el Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC).

Asimismo, el gobierno aborda la dimensión ética y regulatoria de la Inteligencia Artificial, destacando la importancia de un marco normativo que garantice derechos, protección de datos y uso responsable de la tecnología. Brasil debate desde 2023 el Proyecto de Ley 2338, que establece un marco regulatorio integral para los sistemas de IA. Inspirado en el modelo europeo, pero adaptado a las características sociales y económicas del país, el proyecto clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo, establece prohibiciones para usos considerados inaceptables, y propone la creación de un sistema nacional de regulación y gobernanza. El texto actualmente está en revisión en una comisión especial de la Cámara de Diputados y podría ser votado en las próximas semanas.

Agenda regulatoria de Anatel

En un contexto de transformación tecnológica, convergencia de mercados y creciente complejidad competitiva, la Anatel tiene una marcada hoja de ruta para los próximos meses. En el artículo, “Perspectivas regulatorias para el sector de las telecomunicaciones en 2026”, publicado por Carlos Baigorri y Alexandre Freire en el portal Teletime, el regulador ofrece un panorama de los principales cambios y desafíos que enfrentará la Agencia durante este año: la necesidad de mejorar los instrumentos regulatorios clásicos, como la gestión del espectro, los procesos de licitación y los límites de concentración; la guillotina regulatoria y la revisión de los marcos estructurantes, como los relativos a las obligaciones regulatorias del Servicio de Acceso Condicional (SeAC) y el Reglamento de Uso del Espectro, entre otros.

En 2026, la Anatel consolidará un giro hacia una regulación más prospectiva mediante la implementación del Entorno Regulatorio Experimental, formalizado por la Resolución n.º 776/2025 y la puesta en marcha de su primer sandbox regulatorio. Este mecanismo permitirá probar modelos de negocio y tecnologías innovadoras en un entorno controlado y con garantías jurídicas, incluso cuando no se ajusten plenamente a la normativa vigente, generando evidencia empírica para una toma de decisiones más informada. Así, la Agencia busca pasar de un enfoque reactivo a uno basado en aprendizaje institucional continuo, reduciendo barreras a la innovación sin perder de vista la competencia, la seguridad y el interés público.

También profundizará la recalibración de su política de competencia tras la revisión del PGMC en 2025, ajustando sus instrumentos regulatorios a un mercado transformado por la subasta 5G, la reorganización del sector móvil y la entrada de nuevos actores.

El concepto de guillotina regulatoria es quizás el más relevante que marca esta gestión de Anatel: un instrumento para mejorar la calidad normativa y fortalecer la seguridad jurídica, eliminando reglas obsoletas, ineficaces o desproporcionadas en un sector marcado por la convergencia y la rápida evolución tecnológica. La iniciativa parte del principio de que sólo deben subsistir aquellas regulaciones que sean necesarias, efectivas y adecuadas, reduciendo costos de transacción y promoviendo la competencia. Para 2026, el enfoque apunta a “regular mejor” en lugar de “regular más”, privilegiando claridad, coherencia y previsibilidad como bases de una regulación moderna y orientada a resultados.

Además, revisará las obligaciones regulatorias del Servicio de Acceso Condicional (SeAC) ante la creciente convergencia tecnológica y la competencia de plataformas OTT. La iniciativa evaluará los costos regulatorios derivados de normas sublegales –sin modificar obligaciones establecidas por ley– con el objetivo de identificar posibles simplificaciones y corregir asimetrías competitivas. El proceso, ya sometido a consulta pública, busca adaptar el marco regulatorio a la nueva dinámica del mercado audiovisual bajo criterios de proporcionalidad, neutralidad tecnológica y eficiencia.

En el citado artículo de Teletime, ambos funcionarios también destacan como un hito decisivo la construcción de un enfoque regulatorio capaz de seguir el ritmo de la rápida incorporación de la IA por parte de los proveedores de servicios, aunque entienden que la premisa debe ser “regular sin sofocar”.

Asimismo, la Anatel avanzará hacia un nuevo paradigma regulatorio para el sector satelital, marcado por la expansión acelerada de constelaciones no geoestacionarias y la creciente ocupación de la órbita baja. A partir de la alerta regulatoria emitida en 2025, la Agencia reconoce que el marco vigente requiere una revisión estructural frente a la concentración económica en el mercado espacial y a los riesgos asociados a la generación de desechos orbitales, la coordinación del tráfico y la explotación de recursos finitos como el espectro y las posiciones orbitales. La Iniciativa n.º 24 de la Agenda Regulatoria 2025-2026 abre así una fase de análisis para evaluar la incorporación de criterios explícitos de sostenibilidad en línea con directrices de la UIT y la COPUOS, con el objetivo de garantizar acceso equitativo, preservar la competencia y asegurar la viabilidad de largo plazo del entorno orbital.

Principales iniciativas regulatorias de Anatel 2026

En la reciente actualización de la agenda, publicada en febrero, el Consejo Director de la Anatel estableció nuevas iniciativas regulatorias para 2026:

• simplificación y consolidación de la regulación de remuneración por el uso de redes, incluidas disposiciones para el Servicio de Comunicación Multimedia (SCM);
• reevaluación del Reglamento General de Licenciamiento (RGL) para su alineación con la Súmula n.º 28/2025;
• reevaluación del Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (RQUAL).

Radiodifusión y TV 3.0: transición tecnológica en curso

En 2026, Brasil avanza en la implantación de la TV 3.0, nuevo estándar de televisión abierta integrado a Internet, mediante decreto federal y su inclusión en la agenda digital de 2026 presentada en el Mensaje al Congreso. El inicio comercial está previsto para agosto de 2026, con implementación gradual hasta 2035.

La propuesta es transformar la TV abierta en una plataforma híbrida, con interactividad, contenido bajo demanda y nuevos servicios digitales, preservando el acceso gratuito y masivo de la radiodifusión.

En el ámbito del espectro, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones abrió una consulta pública para actualizar los requisitos técnicos y operativos de la radiodifusión en el nuevo entorno tecnológico. La propuesta reserva principalmente la banda de 216 a 372 MHz para la TV 3.0, con uso específico entre aproximadamente 250 MHz y 322 MHz, mientras que la banda de 174 a 216 MHz se destinará preferentemente a las emisoras públicas federales.

El objetivo es garantizar mayor eficiencia espectral, calidad superior de imagen y sonido, protección contra interferencias y convivencia ordenada con otros servicios.

El Ministerio de las Comunicaciones, por su parte, es responsable de la política pública y del cronograma de implementación, coordinando el proceso con el sector y con el Foro SBTVD. La transición aún depende de la consolidación de las reglas regulatorias, la homologación de equipos y la planificación final de redes y canales, con el fin de asegurar una migración gradual, segura e inclusiva hacia la nueva generación de la televisión abierta brasileña.

Regulación de ciberseguridad

En el plano legislativo, continúa en tramitación el Proyecto de Ley 4752/2025, que propone la creación de una Autoridad Nacional de Ciberseguridad y un marco legal moderno para la protección de infraestructuras críticas, datos estratégicos y respuesta coordinada a incidentes.

Sectores específicos como el financiero y el de infraestructura crítica ya cuentan con requisitos de ciberseguridad reforzados por normas regulatorias propias; sin embargo, aún no existe un marco regulatorio amplio y consolidado aprobado.

El gobierno federal analiza distintos modelos para crear una autoridad nacional de ciberseguridad, incluida la posibilidad de transformar o adaptar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para asumir esa función. El debate surge porque las competencias actualmente están fragmentadas entre varios organismos, lo que dificulta la respuesta a los ataques.

La propuesta es centralizar estándares mínimos de seguridad, la coordinación de la prevención y la respuesta a incidentes, así como la integración entre el sector público y el privado.

El Mensaje del Gobierno al Congreso Nacional 2026 destaca la continuidad de la implementación de la Política Nacional de Seguridad de la Información y Cibernética y el fortalecimiento de la gobernanza coordinada por el Gabinete de Seguridad Institucional, con foco en la protección de datos gubernamentales, redes públicas y servicios esenciales.

El documento también refuerza la ampliación de la capacidad de prevención y respuesta a incidentes, incluyendo monitoreo de amenazas, integración entre organismos y protección de infraestructuras digitales estratégicas.

Conectividad y financiamiento: el papel en evolución del FUST

El Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST), históricamente un mecanismo de financiamiento pasivo, se ha convertido en un instrumento activo de política pública.

En 2025, el fondo registró R$ 3,200 millones aplicados en proyectos de conectividad, según datos oficiales del Ministerio de Comunicaciones, incluyendo expansión de redes e inclusión digital en localidades con cobertura insuficiente. Este nivel de ejecución representa un salto operativo respecto a años anteriores, reflejando un uso más efectivo de sus recursos.

Para 2026, el Consejo Gestor del FUST autorizó un presupuesto de R$ 1,284 millones, que deberá incorporarse a la Ley de Presupuesto Anual (presupuesto federal). Además, el fondo ya interactúa con agentes financieros: el BNDES reportó R$ 1,100 millones en operaciones que utilizan recursos del FUST para inversiones en conectividad, especialmente en las regiones Norte y Nordeste.

Proveedores regionales

La Cámara de Diputados avanzó en la creación de un programa orientado a ampliar la conectividad en áreas rurales y remotas mediante el fortalecimiento de pequeños proveedores de Internet, hoy responsables de gran parte de la conectividad de banda ancha en pequeñas comunidades de Brasil.

La propuesta crea el Programa Nacional de Incentivo a los Proveedores Regionales (PNIPR), con prioridad de acceso a crédito de bancos públicos y a recursos del FUST, además de incentivos tributarios para la adquisición de equipos por empresas que operen en regiones de baja cobertura.

El texto también prevé cooperación entre la Unión, estados y municipios para mapear vacíos de conectividad y formar mano de obra local, reconociendo el papel central de estos proveedores en la expansión de la banda ancha en ciudades pequeñas. Actualmente, aunque el FUST puede financiar redes, no existen mecanismos específicos que favorezcan a estos operadores ni regímenes tributarios dirigidos a los ISPs.

La propuesta aún debe ser aprobada por otras comisiones y por el Senado para convertirse en ley, pero señala una posible prioridad de política pública para 2026 al orientar recursos e incentivos hacia la expansión de la infraestructura de acceso, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.