La empresa brasileña de telecomunicaciones Oi y la Fiscalía General de la Unión (AGU, por sus siglas en portugués) están en proceso de firmar un acuerdo para renegociar las deudas administrativas del operador con el Estado, informó el medio local Valor Económico.
Según una ordenanza existente, las grandes empresas en recuperación judicial, como Oi, pueden obtener un descuento de hasta el 50 por ciento y pagos a plazos de hasta 84 meses.
La deuda del operador con el gobierno federal asciende a alrededor de 13 mil millones de reales, relacionada principalmente con multas impuestas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) desde 2010.
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En los términos del decreto, la Procuraduría General de la República (PGF) podrá exigir a la empresa el cumplimiento de una serie de condiciones para suscribir el contrato, como el establecimiento de garantías reales y la venta de activos.
La decisión sería otra noticia positiva de Oi, que logró aprobar una enmienda al plan de recuperación judicial el 8 de septiembre, con una disminución en el valor nominal de parte de la deuda y permiso para vender activos.