El próximo salto del gobierno digital: un Estado que se anticipe al ciudadano
Andrés Felipe Gaviria Cano – Empresario e inversionista
Durante años, en América Latina entendimos buena parte de la transformación digital del Estado como la tarea de llevar trámites del papel a la pantalla. Fue un paso necesario: digitalizamos formularios, creamos portales, habilitamos pagos electrónicos y desarrollamos aplicaciones.
Pero mientras la tecnología avanza a una velocidad extraordinaria, vale la pena hacer una pregunta más exigente y menos cómoda: ¿estamos transformando el Estado o simplemente digitalizando su burocracia?
Un trámite que antes exigía cinco documentos y una fila de tres horas no se convierte en un buen servicio público sólo porque esos mismos cinco documentos ahora se cargan en PDF.
La verdadera transformación empieza cuando nos preguntamos por qué el ciudadano tiene que hacer ese trámite, por qué debe entregar información que el Estado ya posee y si la tecnología podría permitir que el servicio llegue antes de que la persona tenga que pedirlo.
Esa conversación ya ocurre en los países que lideran el GovTech mundial.
En febrero de 2026, GovTech Singapore presentó una idea reveladora: un “sistema nervioso digital” para la ciudad, que conecta sensores, Internet de las Cosas, datos e Inteligencia Artificial para que la infraestructura pública entienda mejor lo que pasa y responda con más rapidez.
Lo interesante no es tanto la tecnología como el cambio de rol que propone: un Estado que deja de limitarse a recibir solicitudes y empieza a anticipar lo que la gente va a necesitar.
Ese cambio debería interesarnos en América Latina, aunque enfrentamos problemas muy distintos a los de Singapur y ningún modelo se copia mecánicamente.
Tenemos enormes diferencias territoriales, brechas de conectividad e instituciones con capacidades digitales desiguales. Por eso el GovTech regional tiene que pensarse desde nuestra propia realidad, no importarse de otra.
Colombia ha construido, durante años, activos importantes en gobierno digital: interoperabilidad, identidad y autenticación digital, datos abiertos, servicios ciudadanos. Hay conocimiento acumulado, talento tecnológico y un ecosistema público y privado capaz de desarrollar soluciones sofisticadas. El reto es conectar mejor esas piezas.
Un primer principio, sencillo de enunciar y difícil de lograr: el Estado no debería pedirle dos veces al ciudadano un dato que ya tiene.
Eso exige interoperabilidad real entre entidades, estándares comunes, calidad de los datos, ciberseguridad y, sobre todo, liderazgo institucional. Cuando los
sistemas públicos no conversan entre sí, quien termina de mensajero entre las instituciones es el ciudadano: consigue un certificado en una entidad para entregarlo en otra, repite información, vuelve a demostrar quién es.
La interoperabilidad no es sólo un asunto técnico: es tiempo de vida que le devolvemos a la gente, o que le quitamos.
El segundo paso es volver los servicios más proactivos. Pensemos en una familia que no tuviera que descubrir por su cuenta cada programa al que puede acceder: que la llegada de un hijo, el inicio de la vida laboral o la pérdida de un empleo activaran, con las debidas garantías de privacidad, una ruta clara de servicios.
El peso de entender cómo está organizado el Estado dejaría de recaer sobre el ciudadano.
La Inteligencia Artificial puede ayudar ahí: simplificar procesos, orientar mejor a las personas, detectar anomalías, reducir tiempos de respuesta.
Pero hay un error que debemos evitar: incorporar IA sobre procesos ineficientes sin rediseñarlos primero. Automatizar una mala burocracia sólo produce una mala burocracia más rápida.
Nada de esto ocurre sin capacidad de gestión pública, que ninguna plataforma reemplaza: equipos técnicos sólidos dentro del Estado, funcionarios que entiendan de tecnología, compras públicas más ágiles y proyectos que sobrevivan a los cambios de gobierno.
Y esa transformación no puede quedarse en las capitales. Tiene que funcionar en un municipio con conectividad limitada, para un adulto mayor que no domina una aplicación o para alguien que sólo tiene un teléfono de gama básica.
La inclusión digital se mide en cuánta gente resuelve su trámite sin tener que volverse experta en aplicaciones.
Singapur habla hoy de un sistema nervioso digital. América Latina puede aprender de esa visión sin copiarla: construir un Estado que escuche mejor, conecte mejor su información y actúe antes de que se lo pidan.
La tecnología para hacerlo existe y también el talento y las capacidades locales. Lo que falta es convertir la transformación digital en una prioridad sostenida del Estado: no en el número de plataformas creadas, sino en las horas y las barreras que le devolvemos a la gente.