T-MEC digital: el nuevo regulador de México entra al escrutinio de Norteamérica
Esta cuarta entrega del especial T-MEC digital analiza cómo la desaparición del IFT y la creación de la CRT en México modifican el equilibrio institucional del sector frente a la revisión del T-MEC. El nuevo modelo podría elevar el riesgo regulatorio y abrir nuevos frentes de tensión con Estados Unidos y Canadá.
La industria de las telecomunicaciones en México atraviesa la mayor transformación institucional desde la reforma constitucional de 2013. Durante más de una década, el sector se desarrolló alrededor de un regulador autónomo, pero hoy, en el marco de la revisión del T-MEC, se desenvuelve en un modelo centralizado que redefine la relación entre el Estado, los operadores y los inversionistas.
Concretada en octubre de 2025, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) marcó el inicio de una nueva etapa. En su lugar, surgió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado cuya operación está vinculada a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y, por tanto, bajo la esfera del Poder Ejecutivo.
El cambio no ocurre en cualquier momento. Coincide con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en este 2026, cuando la gobernanza regulatoria, la seguridad de las redes, la asignación del espectro radioeléctrico y la integración de las cadenas tecnológicas se perfilan como temas estratégicos para Norteamérica.
Más que una modificación administrativa, el nuevo esquema abre un debate sobre la economía política de las telecomunicaciones. Se trata de una industria intensiva en inversiones de largo plazo, en la que la estabilidad regulatoria suele pesar tanto como la rentabilidad esperada. En ese contexto, la autonomía del regulador ha funcionado históricamente como un mecanismo para reducir la percepción de riesgo político.
Adolfo Cuevas, excomisionado presidente del extinto IFT, considera que ahí se encuentra uno de los principales desafíos para México.
Pese a que jurídicamente el país puede sostener que la CRT cumple con los estándares de independencia previstos en los compromisos internacionales, Cuevas explica que el análisis que realizarán Estados Unidos y las empresas que operan en la región será eminentemente práctico: observarán si el regulador actúa con autonomía real o si sus decisiones responden a la influencia del Ejecutivo.
La narrativa del gobierno mexicano apunta en sentido contrario. El nuevo modelo sostiene que concentrar funciones permitirá eliminar duplicidades, agilizar procesos regulatorios y alinear el despliegue de infraestructura digital con los objetivos nacionales de conectividad y cobertura universal.
Sin embargo, para los mercados financieros la lectura suele ser distinta. Calificadoras, fondos de inversión y operadores internacionales interpretan la pérdida de autonomía constitucional como un aumento del riesgo regulatorio.
Si las decisiones sobre concesiones, tarifas o disputas entre competidores pueden verse influidas por prioridades políticas, sociales o fiscales, disminuye la certidumbre que requieren proyectos cuya recuperación de inversión puede tomar décadas.
La reconfiguración institucional también modificó el equilibrio en materia de competencia económica.
Mientras el IFT concentraba las funciones regulatorias de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica en los mercados bajo su jurisdicción, el nuevo modelo divide esas atribuciones entre la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Para Cuevas, esta separación debilita la capacidad del regulador sectorial. “La pérdida de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de facultades en materia de competencia económica y regulación de agentes económicos que antes tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones es indudablemente un debilitamiento del órgano regulador y se aparta de la fuerza y eficacia comprometidas en el T-MEC“, afirma.
Antes y después de la reforma
| Aspecto | Antes (IFT) | Ahora (CRT) |
| Naturaleza jurídica | Órgano autónomo | Órgano desconcentrado |
| Dependencia | Independiente | Bajo la ATDT |
| Competencia económica | Sí | No |
| Regulación sectorial | Sí | Sí |
| Percepción de inversionistas | Mayor autonomía | Mayor riesgo regulatorio |
| Relación con T-MEC | Modelo compatible con reguladores independientes | Genera cuestionamientos |
Espectro radioeléctrico: un problema sin resolver
Si existe un tema que ha acompañado al mercado mexicano durante años es el costo del espectro radioeléctrico.
A diferencia de otros países, México no sólo recauda recursos mediante las subastas para asignar frecuencias, sino también mediante elevados derechos anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos. El resultado es uno de los costos de uso del espectro más altos entre economías comparables.
Aunque la CRT impulsó ajustes durante 2025 y el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030 plantea licitaciones vinculadas a compromisos de cobertura, el dilema de fondo permanece sin resolverse.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿debe el espectro funcionar principalmente como una fuente inmediata de ingresos fiscales o como una herramienta para incentivar inversión, ampliar la cobertura y acelerar el despliegue de redes 5G?
La respuesta tendrá implicaciones directas sobre la competitividad digital del país y sobre la velocidad con la que México pueda cerrar las brechas de conectividad.
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China entra en la ecuación del T-MEC
La revisión del T-MEC también podría colocar sobre la mesa un tema cada vez más sensible para Norteamérica: la seguridad de las redes de telecomunicaciones y la participación de proveedores tecnológicos chinos.
Estados Unidos y Canadá han restringido el uso de equipos de empresas como Huawei y ZTE en sus redes 5G bajo argumentos de seguridad nacional, protección de infraestructura crítica y reducción de riesgos asociados a la cadena de suministro tecnológica.
México, en cambio, mantiene una postura distinta.
La amplia presencia de tecnología china en redes móviles convierte al país en una excepción dentro del bloque norteamericano, situación que podría adquirir mayor relevancia conforme aumente la integración digital de la región.
Desde la perspectiva de Washington, las redes de telecomunicaciones funcionan como un ecosistema interconectado. Si uno de los países mantiene estándares de seguridad distintos, ello puede convertirse en un riesgo para toda la infraestructura crítica regional.
Víctor Ruiz, CEO de la firma de ciberseguridad SILIKN, considera que Estados Unidos difícilmente buscará imponer una prohibición explícita contra proveedores chinos durante la revisión del tratado.
Más bien, prevé que impulse mecanismos para homologar estándares regionales de ciberseguridad, metodologías comunes para evaluar riesgos tecnológicos, requisitos específicos para sectores estratégicos y criterios más estrictos para las compras gubernamentales.
En ese escenario, explica Ruiz, México podría conservar proveedores chinos en segmentos comerciales, siempre que implemente mayores salvaguardas para infraestructura considerada crítica, como puertos, aduanas, instalaciones energéticas, redes gubernamentales, sistemas de defensa y otros activos esenciales para la seguridad nacional.
Un escenario más exigente incluso podría vincular ciertos beneficios derivados del T-MEC o de programas de integración industrial al uso de infraestructura considerada confiable, una tendencia que ya comienza a observarse en iniciativas relacionadas con semiconductores y cadenas de suministro estratégicas.
El reto de equilibrio para México
Para los operadores que despliegan infraestructura en México, la tecnología de origen chino continúa representando una de las alternativas más competitivas en términos de costo, capacidad tecnológica y esquemas de financiamiento.
Restringir su utilización por razones geopolíticas —más que por criterios técnicos— elevaría los costos de inversión (Capex) y podría retrasar la expansión de redes 5G, especialmente en zonas suburbanas y rurales donde la rentabilidad ya es limitada.
Todo ello coloca a la nueva arquitectura institucional de las telecomunicaciones frente a una prueba inmediata.
La transición hacia un regulador subordinado al Ejecutivo coincide con un momento en que el T-MEC demanda mayores garantías de independencia institucional, transparencia regulatoria y certidumbre para la inversión.
En ese contexto, México deberá equilibrar tres variables que definirán la confianza del mercado en los próximos años.
La primera consiste en demostrar que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones puede actuar con independencia técnica y decisiones previsibles, aun dentro de una estructura centralizada.
La segunda pasa por replantear el modelo de cobro del espectro radioeléctrico, de manera que este sea un instrumento que incentive la inversión y no únicamente la recaudación fiscal.
La tercera será construir un marco robusto de ciberseguridad y homologación tecnológica que permita responder a las crecientes exigencias geopolíticas de Norteamérica sin comprometer el desarrollo competitivo del mercado mexicano.
Más allá de la revisión del T-MEC, el verdadero desafío será demostrar que la nueva gobernanza puede ofrecer algo que los inversionistas valoran tanto como las oportunidades de negocio: reglas estables, decisiones técnicas y certidumbre de largo plazo.