Tigo y Personal se postulan a segunda licitación 5G de Paraguay
Tigo y Personal son las dos empresas que presentaron sus solicitudes para participar en la segunda licitación 5G de Paraguay.
Así se dio a conocer este viernes 10 de julio tras la Apertura de Solicitudes que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) realizó en el marco de la Licitación N’01/2026 Banda Ancha Móvil, a la que convocó en junio de 2026.
De esta forma, las únicas dos postulantes fueron Telefónica Celular del Paraguay SAE, la filial local de la multinacional de telecomunicaciones Millicom, que opera la marca Tigo en América Latina, y Núcleo S.A., la empresa argentina detrás del operador Personal.
El número es análogo a la primera, de 2025, cuando los únicos postores fueron Claro y Nubicom.
Tras la apertura de las solicitudes, Tal como estipula el cronograma del proceso, el próximo paso es la verificación cuantitativa de la documentación técnica por parte de un equipo técnico y su evaluación por parte de una Comisión para remitirle un informe al Directorio de la Conatel.
Por ello, la siguiente semana el regulador definirá si ambas son precalificadas y si realizará una subasta o un procedimiento simplificado de adjudicación.
El director suplente de la Conatel, Víctor Martínez, explicó que si no coinciden los bloques solicitados por ambos operadores podrá realizarse un procedimiento simplificado, mientras que en caso de que sí se superpongan los lotes, la adjudicación se definirá mediante una subasta.
Si no coinciden las frecuencias solicitadas, las empresas recibirán una notificación para realizar el depósito inicial dentro de siete días hábiles y avanzar así en el proceso de adjudicación.
El precio por bloque de 100 MHz fijado por la Conatel fue de 1 millón de dólares para la banda de 3.7 GHz y de 1.6 mdd para la de 2.3 GHz.
Tras la licitación de 2025, Claro, de la multinacional mexicana de telecomunicaciones América Móvil (AMX), es el único operador que ofrece 5G en Paraguay.
La adjudicación a la empresa argentina Nubicom estuvo llena de polémica y generó un amplio debate, ya que se cuestionó si cumplía con los requisitos estipulados en el pliego de bases y condiciones de estar establecida en el país y contar con 100,000 usuarios como mínimo. Hasta ahora, dicha adjudicación sigue bajo objeto de investigación por parte de la Contraloría General de la República (CGR).