El Sol de México Javier Orozco
A once días de que finalice el plazo para el registro de usuarios de telefonía móvil, en medio de un ambiente mundialista que ha venido, en buena parte, a refrescar y hacer olvidar por unas semanas el entorno económico y político del país, el término sigue su marcha. Y los caminos que quedan por seguir son claros.
En primera instancia, proceder al registro ante la compañía operadora con la que se tenga el servicio de telefonía móvil; en segundo lugar, que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y/o la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones procedan a otorgar una prórroga; y, como última medida, proceder al amparo.
Respecto a este último punto, existen dos momentos: al haberse publicado la disposición, cuyo plazo legal ya feneció, o bien esperar a lo que se llama el primer acto de aplicación, que sería a partir del 1.º de julio, en caso de llegar a suspenderse la línea telefónica.
Al revisar diversos estrados electrónicos del Poder Judicial, se encuentra que algunos ciudadanos siguen interponiendo juicios de amparo contra el registro telefónico. Esta semana trascendió que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México resolvió un recurso de queja y determinó conceder la suspensión de amparo, a efecto de que no se le solicite la CURP Biométrica, huella digital, selfie, prueba de vida o cualquier otro dato biométrico para realizar el registro.
Sólo se acota a que bastará, para realizar el registro, la credencial del INE vigente, además de que, en ningún caso, los proveedores de telefonía conservarán dato biométrico, fotografía, copia de identificación oficial ni ningún otro documento de los titulares o usuarios.
La sentencia tiene un matiz positivo, al no permitir que se conserve copia de la identificación para evitar su mal uso, pero también presenta un desacierto, pues puede facilitar la suplantación de identidad. Explico: muchos delincuentes tienen indebidamente credenciales de elector que, a distancia, podrían utilizar para registrar líneas a nombre de otras personas y usarlas para delinquir, que es precisamente lo que motivó este registro: combatir el delito de extorsión.
¿En verdad el gobierno federal va a cargar con el rechazo y descontento social que generaría que México se quede desconectado?
Y lo planteo así porque, “electoralmente”, es la manera en que se determinan y calculan las acciones de gobierno. Mientras tanto, las críticas más recientes apuntan a la afectación de la economía, particularmente del sistema de pagos digitales, dado que muchos bancos utilizan los mensajes SMS para validar operaciones. Cerca de 28 millones de personas usan su dispositivo móvil para realizar sus operaciones; además, se prevé una afectación a las micro y pequeñas empresas que utilizan terminales punto de pago que operan con SIM, y se estima que existen 6.5 millones de estas terminales, conforme a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Seguramente la siguiente semana habrá algún anuncio que matizará la medida de suspensión del servicio o se dictará una prórroga para el registro; de lo contrario, se volverá un tema litigioso.