El “Súper RIGI” de Argentina busca atraer inversiones de 1,000 mdd en IA, Centros de Datos y semiconductores
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de ley denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias” o “Súper RIGI”, una iniciativa que busca captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y estratégicos mediante un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años. El texto fue remitido a la Cámara de Diputados a través del Mensaje 181/2026 y plantea un régimen especial orientado exclusivamente a actividades económicas nuevas o experimentales en Argentina, que supera los montos del primer RIGI, aprobado en 2024.
El proyecto establece que podrán acceder al régimen únicamente aquellas iniciativas que involucren inversiones mínimas de 1,000 millones de dólares en activos computables por proyecto (en el primer RIGI, las inversiones mínimas eran de 200 millones de dólares). Además, las empresas deberán comprometer al menos 20% de ese monto dentro de los primeros dos años desde su adhesión. El gobierno prevé una ventana de cinco años para presentar proyectos, prorrogable por un año adicional.
La iniciativa apunta principalmente a industrias consideradas de frontera tecnológica. En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo menciona sectores estratégicos como Inteligencia Artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital (Centros de Datos), bajo el argumento de que Argentina quedó rezagada frente a otros países por décadas de inestabilidad normativa, restricciones cambiarias y elevada presión tributaria.
El “Súper RIGI” también delimita qué tipo de actividades podrán ser incluidas. El texto define como “nuevas actividades económicas” a proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica que actualmente no existan en el país o que se encuentren en fase experimental o piloto. A su vez, excluye proyectos de ampliación o modernización de instalaciones ya existentes.
Entre los principales beneficios tributarios, el régimen propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos, habilitar amortización acelerada de inversiones, permitir la deducción de quebrantos sin límite temporal y aplicar una alícuota reducida sobre dividendos y utilidades, que podría bajar hasta 3.5 % luego de cuatro años. También contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y exenciones de derechos de importación y exportación.
En materia laboral y cambiaria, el proyecto incorpora incentivos adicionales. Las nuevas relaciones laborales vinculadas a proyectos adheridos tributarán una contribución patronal unificada del 10%, mientras que las empresas podrán disponer progresivamente de las divisas generadas por exportaciones: 20% tras el primer año, 40% después del segundo y 100% luego del tercero. Además, no estarán obligadas a liquidar en el mercado local las divisas provenientes de aportes de capital o financiamiento.
Otro de los ejes centrales es la estabilidad normativa. El proyecto garantiza por 30 años la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social para las inversiones aprobadas, además de habilitar la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional en controversias con el Estado nacional. El gobierno sostiene que este esquema busca ofrecer “seguridad jurídica” para competir con otros destinos globales de inversión.
El texto también obliga a las provincias y municipios a adherir formalmente al régimen para que los proyectos radicados en sus territorios puedan acceder a los beneficios nacionales. Incluso establece que cualquier norma local que limite o afecte los incentivos será considerada “nula de nulidad absoluta e insanable”, un punto que podría generar tensión política y debates sobre autonomía provincial durante el tratamiento legislativo.
Foco en infraestructura digital
Dentro de las industrias potencialmente beneficiadas, el desarrollo de Centros de Datos y proyectos de infraestructura digital aparece como uno de los sectores con mayor proyección. La posibilidad de acceder a energía competitiva, estabilidad regulatoria y libre disponibilidad de divisas podría transformar a Argentina en un destino atractivo para hyperscalers globales y empresas de Inteligencia Artificial que requieren grandes capacidades de procesamiento y almacenamiento. El desembarco de Data Centers de gran escala no sólo impulsaría inversiones multimillonarias, sino también nuevas redes, demanda de energías renovables, empleo calificado y encadenamientos tecnológicos con proveedores locales.
El proyecto de “Súper RIGI” comenzará ahora su recorrido parlamentario en un contexto de fuerte debate sobre el modelo de desarrollo económico impulsado por la administración libertaria. Mientras el oficialismo sostiene que el régimen permitirá insertar a Argentina en las cadenas globales de valor vinculadas a la economía digital y las industrias del futuro, sectores opositores ya anticipan cuestionamientos por el alcance de los beneficios fiscales, las garantías extraordinarias para los inversores y el impacto sobre las capacidades regulatorias del Estado.