Brasil y los Centros de Datos hacen “match”, pero no se consolidan

El régimen especial para Data Centers (Redata) propuesto en el PL 278/2026 surge en Brasil como una respuesta tardía y aún incompleta a una disputa que ya no es sólo económica, sino geopolítica.

La propuesta, que sucedió a la medida provisoria emitida en 2025 y que perdió vigencia en febrero de este año, sigue en trámite en la Cámara de Diputados en régimen de urgencia desde entonces, pero sin avances concretos hasta el momento. Mientras tanto, el mercado continúa moviéndose.

Según el propio texto del proyecto, cerca del 60% de las cargas digitales nacionales están fuera del país, lo que implica no sólo un déficit económico, sino también vulnerabilidad estratégica y, evidentemente, dependencia de infraestructura externa.

La justificación del proyecto también evidencia este punto: Brasil ocupa apenas el décimo lugar en el mercado mundial de Data Centers, con alrededor del 2% de participación global, detrás de países como Japón y Países Bajos, un nivel de participación aún bajo que no refleja el tamaño de su mercado ni las condiciones que el país reúne.

Este desajuste entre política pública y dinámica de inversión es, probablemente, el principal riesgo para el posicionamiento de Brasil. Es en este punto donde el Redata se presenta como un instrumento de política industrial orientado a internalizar esa capacidad.

Al reducir el costo de implementación mediante la suspensión de impuestos sobre equipos e infraestructura, y exigir contrapartidas como el uso de energía renovable, inversión en I+D y una oferta mínima de capacidad al mercado doméstico, el proyecto busca equilibrar la atracción de capital extranjero con cierto nivel de captura de valor local.

Pero este movimiento ocurre en un mercado regional que crece rápidamente, con capital ya en desplazamiento y una competencia creciente entre países por atraer estas inversiones, donde el costo no es el único factor decisivo.

Un informe reciente de Research and Markets indica que el sector de colocation en América Latina crece a tasas superiores al 20% anual, con previsión de alcanzar los US$ 3,700 millones ya en 2026 y casi duplicarse hacia el final de la década.

Este crecimiento está impulsado principalmente por Brasil y México, que concentran la mayor parte de la demanda y de las inversiones de hyperscalers como AWS, Google y Microsoft. Al mismo tiempo, otros mercados como Chile y Colombia comienzan a posicionarse como alternativas viables.

En este escenario, Brasil parte de una posición privilegiada: cuenta con el mayor mercado consumidor de la región, infraestructura de conectividad consolidada y una matriz energética con fuerte participación de fuentes renovables, un activo cada vez más relevante. La energía, al fin y al cabo, también es un factor decisivo en la localización de la computación a gran escala.

El problema es que esta ventaja viene acompañada de un cuello de botella estructural que el Redata no resuelve.

La principal restricción al avance de los Data Centers en América Latina hoy no es la falta de demanda ni de capital, sino la infraestructura energética. En el caso brasileño, esto se traduce en largos plazos de conexión a la red, limitaciones en la expansión de la transmisión y dificultades de acceso a energía firme en regiones como São Paulo, donde se concentra la mayor parte de los proyectos.

Los operadores ya responden a esto mediante contratos directos de energía renovable (PPAs), inversión en generación propia y soluciones de almacenamiento.

El Redata reconoce parcialmente este problema al exigir que los emprendimientos sean abastecidos por fuentes limpias, pero desplaza la solución al nivel del proyecto individual, sin abordar la planificación energética de forma integrada. Esto crea una paradoja: incentiva la instalación de infraestructura intensiva en energía sin garantizar las condiciones estructurales para su funcionamiento.

Y, dicho sea de paso, Brasil se ha vuelto especialista en crear soluciones con trabas. El propio Redata también se ve afectado por otra medida que elevó los aranceles de importación sobre servidores, equipos de red, semiconductores y circuitos integrados, con tasas de entre 7.2% y 25%. Es decir, por un lado se suspenden impuestos para la instalación de Data Centers, pero por otro se incrementan los costos.

Más allá de estos problemas, lo que emerge de este conjunto de factores es un escenario en el que Brasil, por primera vez, reúne condiciones reales para posicionarse como un hub digital relevante no sólo en América Latina, sino a nivel global. Tiene mercado, conectividad, energía potencialmente competitiva y presión regulatoria.

El Redata avanza en la dirección correcta al intentar convertir estas condiciones en política pública, pero su diseño y su lenta tramitación terminan por trabar agendas que hoy son inseparables: energía, industria y soberanía digital. La disputa, en definitiva, no es sólo por atraer Data Centers, sino por definir qué papel ocupará el país en la economía digital.