¿Tiene sentido la dominancia de Claro Colombia en un mercado consolidado?

La reciente fusión de Tigo y Movistar crea un jugador de “peso completo” de las telecomunicaciones en Colombia y modifica sustancialmente el ring de la competencia.

Durante más de una década, el mercado móvil colombiano ha tenido un protagonista destacado en inversión y conectividad: Claro Colombia. Su tamaño, su músculo financiero y su despliegue de infraestructura llevaron a que el regulador lo declarara operador dominante en 2021, una decisión que marcó el rumbo de la regulación del sector.

Pero el tablero acaba de cambiar.

La integración entre Tigo y Movistar es un movimiento que reconfigura el entorno competitivo de las telecomunicaciones nacional y plantea una pregunta inevitable: ¿todavía tiene sentido mantener la declaratoria de dominancia sobre Claro? Más aún cuando el sector de las telecomunicaciones está evolucionando de servicios tradicionales de voz, datos y video a servicios de transformación digital.

Un nuevo peso pesado en el mercado

La integración Tigo-Movistar da lugar a un operador con aproximadamente 41.2 millones de líneas móviles, equivalente a cerca del 43 % del mercado, una cifra que lo coloca prácticamente a la par de Claro, que mantiene alrededor de 42.2 millones de líneas y 44% de participación, de acuerdo con el Boletín TIC del tercer trimestre de 2025 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En términos de conexiones, ambos operadores tendrán un tamaño similar.

Al considerar a Claro como dominante, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyó que el operador contaba con ventajas estructurales difíciles de igualar: participaciones de mercado que superaban 60% en ingresos, economías de escala muy superiores y una capacidad de inversión que duplicaba a la de sus competidores.

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Para el regulador, ese desequilibrio justificó la imposición de medidas regulatorias asimétricas destinadas a nivelar el terreno de juego. Si bien el número de líneas móviles no es el único criterio que se debe tomar en cuenta para medir la dinámica del mercado, muestra que ese panorama hoy está desdibujado.

La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó que cualquier medida de regulación asimétrica sea temporal.

“Dominante vs. retadores”

Durante años, el sector funcionó bajo un esquema de “un operador dominante y varios competidores más pequeños”. Sin embargo, la nueva realidad con dos grandes operadores plantea un dilema regulatorio.

Mantener restricciones diseñadas para corregir una asimetría que se ha reducido sustancialmente podría generar distorsiones.

Si un operador de tamaño similar compite contra otro que sigue sujeto a obligaciones especiales (tarifas mayoristas reguladas o condiciones específicas de roaming, por ejemplo), la regulación podría terminar otorgando ventajas artificiales a uno de los jugadores.

Colombia necesita acelerar el despliegue de 5G y fibra óptica si quiere aumentar su competitividad digital. No obstante, si uno de los principales operadores del país compite con restricciones regulatorias adicionales, su capacidad de reacción frente a un rival fortalecido podría verse limitada, lo que desalienta la inversión y la innovación.

Además, es evidente que un operador consolidado y fortalecido no requiere de asimetrías ni favores regulatorios, sino de las condiciones que permitan la inversión y el despliegue de infraestructura. El enfoque cambia a competir por redes, calidad e innovación, ya no por cabildeo regulatorio ni precios predatorios del mercado.

La apuesta de Millicom

Detrás de la nueva estructura del mercado colombiano, está una agresiva estrategia corporativa de Millicom por ganar mercado en América Latina, aprovechando la retirada de Telefónica.

En febrero de 2026, Millicom cerró la compra del 67.5 % de Coltel, la empresa que operaba bajo la marca Movistar, por 214.4 millones de dólares, lo que marcó la salida de Telefónica del mercado colombiano tras dos décadas de presencia.

Al mismo tiempo, la compañía tomó el control total de su filial local, Tigo-UNE, tras adquirir la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por 571 millones de dólares. Con ello, eliminó un esquema de gobernanza compartida que durante años había ralentizado decisiones estratégicas.

Como resultado, ahora surge un bloque empresarial integrado que combina redes móviles, infraestructura fija y espectro de dos de los operadores históricos del país.

Además, el Estado colombiano (que conserva 32.5% restante de Coltel) tiene previsto vender su participación, una operación que Millicom también ha manifestado interés en adquirir.

Con estos movimientos, Millicom ha ganado escala para ser competitivo en un sector donde el despliegue de 5G y la expansión de fibra óptica requieren inversiones multimillonarias, pero el ARPU (ingreso promedio por usuario) sigue siendo bajo, en tanto que el precio del espectro radioeléctrico sigue como el segundo más oneroso de América Latina, detrás de México.

El infundado temor al duopolio

Sin embargo, el nuevo escenario también despierta preocupaciones.

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración en noviembre de 2025, lo hizo bajo condiciones estrictas para evitar que la concentración del mercado afecte a competidores más pequeños o a los usuarios.

Algunas de las medidas incluyen obligaciones de descuentos mayoristas, vigilancia especial en determinados municipios y salvaguardas para operadores móviles virtuales. Incluso, se prohibieron campañas comerciales dirigidas específicamente a captar clientes de operadores pequeños.

La autoridad también identificó 82 municipios donde Tigo-Movistar fortalecerá su posición, especialmente en servicios de Internet fijo, por lo que determinó medidas para evitar daños a la competencia y los usuarios.

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Estas condiciones muestran que la preocupación regulatoria de la SIC ya no se centra únicamente en Claro. Ahora, la lupa del regulador de competencia también está en evitar que dos gigantes controlen el mercado.

En este escenario, Colombia podría optar por avanzar hacia modelos de mayor estímulo a la inversión o regulación de poder sustancial, en lugar de la dominancia actual de Claro.

En ese esquema, lo que más conviene es que el regulador revoque las medidas asimétricas y se concentre en observar las nuevas dinámicas del mercado colombiano y corregir las fallas en caso de que se presenten, en lugar de imponer medidas ex ante.

CRC y el dilema de la dominancia

La pelota está ahora en la cancha de la CRC.

El regulador deberá decidir si mantiene un modelo orientado a proteger a los competidores ineficientes o si evoluciona hacia un esquema que priorice la inversión y la consolidación del mercado.

Si la CRC mantiene la dominancia de Claro intacta y las medidas asimétricas en un mercado que ha cambiado significativamente, corre el riesgo de volverse regulatoriamente anacrónica y pétrea.

La agenda regulatoria 2025-2026 contempla revisar el mercado relevante de servicios móviles. Se espera que en el segundo semestre de 2026 se analice el impacto de la fusión.

Ese estudio deberá responder preguntas clave 2.0 y no tradicionales: cómo evolucionan las inversiones, qué ocurre con la conectividad, cómo se comporta la calidad del servicio, la innovación y la transformación digital.

La fusión entre Tigo y Movistar pone a prueba la lógica de la regulación en Colombia. La dominancia de Claro fue, durante años, la brújula que orientó la regulación del sector. El mapa acaba de cambiar. ¿Cambiará también la mentalidad y los objetivos de la regulación?