Municipios ticos se rebelan contra el Micitt y crean normas propias para frenar proliferación de postes
Algunos municipios de Costa Rica rechazan el decreto del Micitt que regula el despliegue de infraestructura pasiva y están avanzando en regulaciones propias para evitar saturación de postes y torres.
Tras las advertencias sobre problemas relacionados con el crecimiento desordenado de infraestructura en Costa Rica, algunos municipios están rechazando la normativa nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y avanzan en regulaciones locales propias.
Particularmente, el municipio de Desamparados, en el centro de la provincia de San José, está trabajando en el desarrollo de reglas locales en la materia para evitar la proliferación desordenada de postes en aceras y espacios públicos.
El gobierno local considera que el decreto del Micitt permitió una instalación indiscriminada de estructuras que hoy afectan la movilidad y la seguridad de los vecinos, por lo que considera necesario retomar criterios más estrictos.
De acuerdo con el Acta de Sesión Extraordinaria N.° 28-2025 del Consejo Municipal, en la que estuvo presente Hubert Vargas Picado, viceministro del Micitt, el funcionario advirtió que el reglamento actual de despliegue de infraestructura en Desamparados es obsoleto, dado que no contempla la implementación de postes pequeños y mobiliario urbano que requiere 5G. Por ello, instó al gobierno local a derogarlo y adoptar el decreto ejecutivo no. 44,335.
Sin embargo, varios regidores indicaron que la municipalidad ya lleva un 90% de avance en la redacción de un reglamento propio basado en el decreto, pero adaptado al cantón, en lugar de adherirse ciegamente al decreto ejecutivo.
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Con el decreto 44,335 que ejecuta la Ley 10216 y define lineamientos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, el gobierno central buscaba acelerar el despliegue de redes y otorgar seguridad jurídica a los operadores.
El Ministerio insiste en que las ubicaciones responden a criterios técnicos y que las empresas deben cumplir con legislación vigente en construcción, medio ambiente y accesibilidad, incluida la Ley 7600.
No obstante, la implementación del reglamento ha generado un fuerte choque con algunas autoridades locales. Desamparados se convirtió en el ejemplo más visible de este rechazo.
El detonante ha sido la proliferación de postes de gran tamaño en aceras y pasos peatonales, denunciada por habitantes del cantón. Estas estructuras bloquean la circulación de personas, incluidos adultos mayores y personas con discapacidad, violando principios básicos de accesibilidad y comprometiendo la seguridad en zonas residenciales densas.
Para las autoridades locales, el reglamento nacional dejó vacíos que facilitan la instalación acelerada de postes sin coordinación territorial ni análisis de impacto urbano.
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El problema no es exclusivo de Desamparados. En otros cantones también se han observado postes de telecomunicaciones colocados directamente sobre aceras, en algunos casos con medidas tan invasivas que un juzgado ordenó la clausura de una torre en Rohrmoser por representar un riesgo inminente.
Urbanistas y abogados advierten que el reglamento del Micitt no exige el uso compartido de infraestructura, lo que genera una duplicación excesiva de postes y torres por parte de distintos operadores.
Sin mecanismos de coordinación obligatoria ni criterios mínimos de diseño urbano —como distancias, alturas, lineamientos de accesibilidad o estándares para ocupación de vía pública— los municipios consideran que el decreto ministerial debilitó su autonomía y abrió la puerta a un despliegue desordenado.
En consecuencia, varios gobiernos locales están evaluando seguir el camino de Desamparados y redactar sus regulaciones propias para recuperar control sobre su territorio. Mientras tanto, el Micitt defiende su reglamento como un paso crucial para modernizar las telecomunicaciones y avanzar hacia 5G. Por ahora, la disputa sigue abierta.