La baja compartición de infraestructura en América Latina es una barrera para 4G y 5G

Algunos países, como Brasil y Perú, han mostrado avances para eliminar las barreras al despliegue de infraestructura. Otros, como Argentina y Chile, se han quedado estancados.

Aunque algunos países han avanzado en la reducción de barreras, América Latina aún presenta un relativo bajo nivel de compartición de infraestructura. Esto impide ampliar la cobertura 4G en las áreas rurales e impulsar el desarrollo de la tecnología 5G.

Cada sitio móvil existente es ocupado en promedio por apenas 1.27 operadores en la región, por lo que aún hay un gran margen para incrementar la compartición, revela un estudio de SMC+ encargado por American Tower.

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Los modelos de compartición de infraestructura pasiva brindan beneficios como una mayor cobertura de servicios de conectividad, más velocidad de Internet, fortalecimiento de la competencia, ahorros para los operadores móviles y disminución en el consumo de recursos.

Durante la última década, las empresas especializadas en infraestructura han ganado terreno en América Latina y otras partes del mundo. Hoy estas compañías son responsables de la mayoría de los nuevos despliegues de sitios, mientras que antes eran los operadores los que se encargaban de esa tarea.

Este modelo ha mostrado ser más eficiente, tanto desde el punto de vista operativo como del financiero. Así, los operadores cada vez más están optando por vender sus sitios y concentrarse en la atención al usuario final.

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Sin embargo, el informe de SMC+ advierte que la implementación de infraestructura ―que es paso clave para la compartición―todavía enfrenta importantes obstáculos que siguen ralentizando el cierre de la brecha digital y un salto a la productividad 5G.

Las barreras son varias y abarcan índoles administrativas, regulatorias, de abastecimiento, de coordinación entre los privados, de costos y falta de inversión, y de habilidades para llevar a cabo los despliegues.

Prácticamente en toda la región, los obstáculos administrativos son los más agudos. Esto incluye la falta de coordinación nacional y subnacional, que abarca la existencia de procesos y normativas heterogéneas que impiden avanzar, múltiples impuestos y un alto nivel de discrecionalidad.

Otro tipo de barreras relevante, según el estudio, es la coordinación entre privados; por ejemplo, con las empresas eléctricas para acceder a su infraestructura o con los gobiernos locales para hacer uso de su inmobiliario para instalar los sitios móviles.

El panorama en América Latina

América Latina, en general, aún tiene mucho que trabajar para eliminar estas y otras barreras que complican y ralentizan el despliegue de infraestructura. Pero algunos países han logrado mayores avances en superar estos desafíos.

Brasil, Perú y Paraguay son tres casos destacados de naciones que han impulsado esfuerzos para acelerar la instalación y la compartición.

Por ejemplo, Brasil ha promovido la estandarización de procesos a través de leyes y regulaciones federales, las cuales son tomadas por los municipios para actualizar sus normativas.

En Perú, el reporte de SMC+ destaca las campañas de sensibilización acerca de la importancia de la infraestructura con las autoridades locales y la sociedad en general.

Y en Paraguay, se han logrado avances en la articulación público-privada, especialmente con las juntas vecinales.

Otros países, como Colombia, México y Costa Rica, también han trazado iniciativas para reducir las barreras al despliegue de infraestructura. Sin embargo, el informe advierte que no se han concretado cabalmente.

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México tiene una alta heterogeneidad de procesos a nivel municipal, que no están en armonía con las ordenanzas federales. Esto dificulta que las empresas avancen en el despliegue, ya que suelen enfrentarse a requisitos y trámites inesperados.

Argentina y Chile, por otro lado, resaltan por no mostrar avances en la disminución de barreras a la instalación de infraestructura.

En Argentina, aún persisten impedimentos como la falta de estandarización de la normativa municipal a nivel nacional, la no aplicación de las medidas sobre la ventanilla única y la inflación de la moneda.

Mientras tanto, en Chile no han habido mejoras en los últimos años respecto a actualización de la normativa, pues la Ley de Torres vigente data de 2012. Además, existen múltiples factores y criterios que entorpecen la obtención de permisos.

Para 2030, SMC+ proyecta que la región alcanzará los 454 mil sitios móviles desplegados y tendrá 560 mil en 2032. Esto significa que habrá 202 mil sitios adicionales para inicios de la próxima década.

Aunque seguirá creciendo la huella de infraestructura, se espera que las nuevas instalaciones en los próximos 10 años sean inferiores.

El ritmo de incremento en cada país dependerá de la eliminación de barreras para ampliar la cobertura de las redes 4G en las zonas rurales y de la asignación de espectro para 5G.

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