Pronatel paga indemnización por laudo internacional; Perú sancionará a funcionarios
La Contraloría General de la República reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Pronatel) fue condenado a pagar 10,028,467 dólares en concepto de daños y perjuicios a una empresa privada tras perder un arbitraje internacional. Según la oficina del gobierno, entre octubre de 2024 y enero de 2025, Pronatel cumplió con el pago, lo que constituye un perjuicio económico para el Estado.
Según explica la Contraloría en un comunicado, el caso se centra en un contrato de financiamiento no reembolsable por más de 98.5 millones de dólares para dos proyectos de telecomunicaciones que habrían conectado a 422 comunidades rurales a servicios de Internet de alta velocidad. Los proyectos habrían beneficiado a 428 escuelas públicas, 254 centros de salud y 35 comisarías, que permanecen sin conectividad debido a la paralización del proyecto.
Durante la ejecución del contrato, Pronatel aprobó seis prórrogas solicitadas por Redes Andinas de Comunicaciones (RAC), cinco de las cuales se relacionaron con dificultades en la adquisición de terrenos para los nodos de infraestructura del proyecto, problemas que se reconoció que no eran atribuibles a la empresa contratada. Sin embargo, cuando la empresa solicitó una séptima prórroga alegando los mismos problemas de adquisición de terrenos, Pronatel denegó la solicitud y exigió la finalización del contrato en un plazo de 15 días, lo que finalmente condujo a su rescisión.
Al momento de la rescisión, la fase de la Red de Transporte llevaba un retraso de 248 días, mientras que la fase de la Red de Acceso acumulaba un retraso de 186 días. La empresa inició un arbitraje en mayo de 2019 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, presentando su demanda formal en febrero de 2021.
El Tribunal de la CCI falló a favor de la empresa en agosto de 2022, condenando a Pronatel al pago de una indemnización por lucro cesante más los intereses devengados. El pago se completó entre octubre de 2024 y enero de 2025, lo que representó una pérdida económica significativa para el Estado peruano.
En ese sentido, la Contraloría General de la República ha identificado a seis funcionarios de Pronatel que podrían enfrentar responsabilidad civil por los daños económicos causados al Estado, a partir del pago de indemnización realizado.
Aunque el Estado peruano ha apelado contra el pago de la indemnización por diferentes vías, el gobierno aún enfrenta uno. En agosto pasado, el Tribunal del Distrito de Columbia de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por Pronatel contra la demanda de RAC que busca una indemnización total de 168 millones de dólares.