Duplicación de infraestructura crea jungla urbana que preocupa a Costa Rica

Un ancho poste de telecomunicaciones de 24 metros de altura interrumpe el tránsito peatonal en la acera frente al hogar de Silvia Carro y Alex Olsen, en la municipalidad de Heredia, al noroeste de San José, Costa Rica. Antes podían caminar sin impedimentos, ahora el paso por la calle está restringido.

A través de un noticiario en Teletica, una televisora local, el matrimonio denunció que la instalación está afectando el libre tránsito y la seguridad de Silvia, quien tiene movilidad limitada y utiliza un bastón para caminar, así como de todos sus vecinos.

Si bien en los últimos años se ha propendido al crecimiento ordenado de la infraestructura en armonía con el paisaje, las ciudades y sus habitantes, en Costa Rica acontece una situación contraria que preocupa a la ciudadanía.

El despliegue de infraestructura, particularmente de “postes” de telecomunicaciones se está dando de manera descontrolada, lo que podría representar un riesgo para la población y para el entorno urbano, asegura Jonathan Solís Parajeles, cofundador de EsCiudad.

La firma de arquitectura y espacio urbano de Solís y su socio Will Arce Mora elaboraron un estudio en el cual exponen los desafíos que la infraestructura de telecomunicaciones presenta para la planificación urbana en el país tico, en un contexto en el cual identifican una creciente duplicidad de infraestructura que está afectando la habitabilidad de las personas en las ciudades.

Solís Parajeles explica que la duplicación de infraestructura en Costa Rica está saturando el espacio público y afectando la movilidad urbana, debido a vacíos regulatorios, el debilitamiento de la autonomía municipal y los riesgos sociales de este crecimiento descontrolado.

Costa Rica avanza en la implementación de redes móviles 5G. Sin embargo, detrás del entusiasmo por la conectividad, emerge una preocupación urbana: la multiplicación de postes de telecomunicaciones sin una planificación adecuada.

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Esta duplicación de infraestructura, impulsada por incentivos económicos y vacíos normativos, está alterando el paisaje urbano y generando consecuencias sociales que ya se sienten en las comunidades, señala Solís.

La investigación, titulada Guía para la Innovación Tecnológica en los Gobiernos Locales, documenta esta problemática a partir de observaciones de campo y análisis legal. El estudio revela que en zonas como San José, Escazú y San Pedro una proliferación de postes —algunos de hasta 24 metros de altura— instalados en aceras, frente a viviendas o en accesos peatonales ya de por sí estrechos.

“Hemos encontrado postes uno al lado del otro, estructuras inclinadas, perforaciones hechas de manera artesanal y sobrecarga de peso en elementos que no fueron diseñados para eso”, advierte Jonathan Solís, en entrevista con DPL News.

¿Por qué se duplican los postes?

La razón principal, según Solís, es económica. Costa Rica tiene el canon más bajo de América Latina por uso del espacio público para infraestructura de telecomunicaciones.

Mientras en países como Colombia o Argentina se pagan entre 1,500 y 8,000 dólares anuales, en Costa Rica se permite colocar un poste por apenas 30 a 50 dólares al año.

Esto genera un incentivo para que las empresas opten por instalar nuevas estructuras en la vía pública, en lugar de alquilar espacio privado o compartir infraestructura ya existente, lo cual sería una mejor práctica. El resultado: postes duplicados sin criterios técnicos o urbanísticos, que afectan la movilidad, la accesibilidad y la estética urbana.

“Hoy es más barato poner un poste nuevo en la calle que negociar el uso de uno ya existente. Y como las municipalidades no pueden oponerse al diseño, el resultado es un desorden visible”, señala Solís.

Aunque es más barato, advierte Jonathan Solís, no es más eficiente ni respetuoso con el entorno urbano y quienes lo habitan.

Riesgos sociales y urbanos

El crecimiento descontrolado de estas estructuras tiene consecuencias concretas: obstrucción de pasos peatonales, inseguridad estructural y percepción negativa de los entornos urbanos.

La guía reporta casos de postes colocados sobre aceras que bloquean el tránsito de personas en silla de ruedas o que invaden la fachada de viviendas, como en el caso de Silvia Carro y Alex Olsen.

También se han identificado estructuras con inclinación visible y componentes pesados sostenidos con soportes improvisados, lo cual genera preocupación en la ciudadanía ante posibles accidentes, especialmente en temporadas de lluvias o fuertes vientos.

“Hay personas que nos escriben para contarnos que les pusieron una antena de gran tamaño frente a su casa. La gente quiere conectividad, pero también quiere ciudades bonitas, seguras y en las que se les tome en cuenta”, comenta Solís.

Un vacío legal que limita a las municipalidades

Aunque las municipalidades son responsables de otorgar permisos de construcción, el Decreto Ejecutivo 44335-Micitt les impide incidir en aspectos clave del diseño de la red, como la ubicación, la altura o la distancia entre estructuras.

Esto limita su capacidad de planificación urbana y debilita su autonomía constitucional, advierte el estudio de EsCiudad.

Además, el concepto de “poste” en Costa Rica es distinto al de otros países, puntualiza Jonathan Solís. En el país centroamericano, se permite denominar “poste” a estructuras de hasta 24 metros, mientras que en otras naciones esa categoría se reserva para monopolos o macrositios, sujetos a una regulación más estricta y costosa.

¿Qué hacer?

La guía de EsCiudad propone una ruta de acción frente a esta problemática. Primero, reconocer que existen leyes transversales (como la Ley 7600 sobre accesibilidad, la Ley de Construcciones o la Ley de Movilidad Urbana) que pueden ser utilizadas por los gobiernos locales para ejercer mayor control en el otorgamiento de permisos.

En segundo lugar, el estudio considera necesario reformar el decreto actual, establecer criterios de mimetización obligatorios en zonas sensibles y adoptar un modelo tarifario progresivo que desincentive la saturación del espacio público. También propone una mejor clasificación técnica de las estructuras, diferenciando postes de monopolos para efectos regulatorios.

Conectividad sí, pero con orden

Costa Rica ha declarado el acceso a las telecomunicaciones como un derecho fundamental. Sin embargo, el despliegue de esta infraestructura no puede ir en detrimento del entorno urbano ni de los derechos colectivos al espacio público, expone Solís Parajeles.

Recién el 18 de junio, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) adjudicó oficialmente los contratos de adjudicación de espectro de dos operadores y cuatro cooperativas, dando el banderazo de salida para el despliegue de redes 5G a lo largo del país.

El gobierno proyecta que hacia finales de este mismo año la población ya comience a observar los beneficios de la nueva tecnología, a medida que las empresas avancen con la implementación.

5G es una tecnología de mayor capacidad que habilitará no sólo servicios de acceso a Internet más veloces y fiables, sino una nueva gama de aplicaciones y servicios digitales. Pero para cumplir esa promesa se requerirá un mayor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

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Jonathan Solís comenta que el desarrollo de esta tecnología es algo muy positivo para el país porque posibilita una mejor conectividad. El informe de EsCiudad destaca que incluso esta tecnología puede incidir en los servicios que prestan las municipalidades, como el acceso a la salud, la educación y la gestión de la seguridad ciudadana con mejores capacidades de videovigilancia.

Sin embargo, Solís puntualiza que “5G no debería significar ciudades más desordenadas o inseguras. Podemos tener conectividad de última generación y, al mismo tiempo, espacios urbanos bien planificados, con participación ciudadana y respeto por el entorno”.