El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) reabrió la investigación administrativa que indaga a Google por presunto abuso de posición dominante en el mercado de búsquedas y en el uso de contenido periodístico.
La consejera Camila Cabral Alves aprobó la reapertura del caso, cerrado en diciembre de 2024 por la Superintendencia General, para un nuevo análisis en el Tribunal Administrativo de la entidad.
La investigación trata de denuncias de que Google habría mostrado fragmentos de artículos, imágenes y titulares de terceros directamente en sus plataformas, como Google Search y Google News, práctica conocida como “scraping”; conducta que generó preocupaciones sobre la retención de tráfico, afectando el acceso a los sitios periodísticos y la distribución de ingresos de publicidad digital.
Durante la investigación inicial, la Superintendencia General analizó tres posibles teorías de daño competitivo: innovación depredadora, autopreferencia y retención de tráfico.
El relator del caso en el Tribunal de Cade será el consejero Gustavo Augusto Freitas de Lima, quien tendrá 30 días hábiles para confirmar el archivo del caso o transformarlo en un proceso administrativo con instrucción complementaria.
A pesar de haber archivado la investigación con base en la ausencia de daño al consumidor y la inexistencia de bloqueo a insumos esenciales, el Tribunal de Cade consideró relevante reevaluar el caso para fomentar el desarrollo de jurisprudencia sobre mercados digitales.
El Departamento de Estudios Económicos (DEE) del Cade abordó el tema a partir de las conductas exploratorias (uso de contenido sin remuneración) y exclusionarias (impedimento a la competencia al concentrar tráfico en el propio ecosistema).
Cade pondera que la atención del usuario es, por sí misma, un activo disputado, y que las autoridades antimonopolio no pueden adoptar tal entendimiento sin un análisis profundo de las características, especificidades, mecanismos de monetización y dinámicas propias de los mercados involucrados.
El despacho también menciona que la discusión tiene paralelismos con decisiones y reformas regulatorias en países como Alemania, España, Francia y Australia, donde el uso de contenido periodístico por plataformas llevó a la revisión de marcos legales e imposición de medidas correctivas.
El Tribunal Administrativo utilizará el análisis para definir directrices sobre cómo Brasil debe tratar casos similares en el futuro. La ausencia de precedentes sobre abuso de posición dominante en plataformas digitales ya había sido señalada por la OCDE en una revisión publicada en 2019.