En las últimas horas, Perú ha reforzado firmemente su estrategia para combatir la venta ambulatoria de tarjetas SIM, también conocidas como chips, que considera como uno de los principales problemas de los que adolece el sector de las telecomunicaciones en cuestiones de seguridad.
La fiera embestida del Estado peruano contra la venta de chips móviles en las calles se ha dado en tres frentes o pistas: la principal ha sido encabezada por el regulador, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que ha sido su principal promotor; por otro lado está la vía legislativa, en el Congreso de la República y, finalmente, un tercero con diversas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público.
Vía legislativa
Este lunes 24 de abril, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3481, ‘que promueve la seguridad en la contratación de los servicios públicos móviles y la protección de datos personales’.
La iniciativa busca prohibir a las empresas comercializar y contratar los servicios públicos móviles de telecomunicaciones en forma ambulatoria o en la vía pública, sin verificar geométricamente la identidad del cliente, que es obligatoria desde el 12 de enero en Perú, lo que, de acuerdo con el Congreso peruano, ‘será en beneficio de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia’.
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Pronunciamiento multilateral
El mismo lunes, diversos organismos públicos, junto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), publicaron un pronunciamiento conjunto propugnando que no haya más venta de chips móviles en las calles, ‘por la seguridad de todos los peruanos’.
La vía regulatoria
Adicionalmente, este martes 25 de abril, el Osiptel emitió un proyecto normativo que “establece los requisitos esenciales para la contratación del servicio público móvil” y propone que los operadores desactiven las líneas móviles que presentan datos inconsistentes o que se encuentran activos sin haberse seguido los requisitos esenciales para su contratación.
Cabe recordar que, desde este mes de abril, el Osiptel instauró como obligatorio el uso de una contraseña única para realizar cualquier trámite relacionado con los servicios móviles, pero tan sólo en el primer trimestre de 2023, el regulador detectó casi 3 mil (2,920) inconsistencias en los registros, por lo que estableció tres requisitos esenciales: 1) que la contratación y adquisición se realice en los canales reconocidos a nivel normativo, 2) que se valide la identidad del vendedor mediante verificación biométrica contrastada con una base del Reniec, y 3) que se valide la identidad del solicitante mediante verificación biométrica de huella dactilar.