Proponen que alcaldías de CDMX sustituyan cableado aéreo por infraestructura subterránea
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) está examinando un nuevo proyecto de decreto que busca que las alcaldías puedan implementar y administrar infraestructura subterránea para el desarrollo de redes neutrales de fibra óptica, que pondrían a disposición de los operadores de telecomunicaciones.
La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Nanette Larios Pérez, plantea reformar la Ley Orgánica de Alcaldías para que las autoridades locales tengan la atribución de diseñar, implementar, resguardar y administrar infraestructura subterránea, con el objetivo de que esta sustituya el cableado aéreo en las calles y colonias de la capital.
Así, las alcaldías darían acceso a las empresas de telefonía e Internet para utilizar la infraestructura subterránea, a cambio de contraprestaciones y la eliminación del cableado aéreo y postes que en la actualidad soportan este tipo de servicios.
De esta manera, la iniciativa argumenta que se podría acabar con la problemática de contaminación visual y riesgos en el entorno urbano que representa el exceso de cableado en la Ciudad de México.
Actualmente, las alcaldías deben coordinarse con el Gobierno de la CDMX en los temas relacionados con la política digital. Por eso, el proyecto propone que las administraciones de cada demarcación tengan la facultad de intervenir en el despliegue de infraestructura subterránea.
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Si se cambian los postes y el cableado aéreo que soportan las redes de telecomunicaciones por las instalaciones subterráneas, no sólo mejoraría la imagen del entorno urbano, sino que también se modernizarían los servicios de Internet y banda ancha y mejoraría su calidad, de acuerdo con el documento.
En el proyecto, la diputada del PRI sostiene que la infraestructura subterránea ofrece reconocidas ventajas para operadores y consumidores finales, pues permiten flexibilizar las instalaciones y adaptarse a las diversas necesidades de usuarios y dispositivos conectados a la red.
Además, se optimizarían los tiempos de instalación de los servicios, disminuiría el personal que interviene en las obras, reducirían los costos de inversión inicial y los asociados a las operaciones de las redes.
“Desarrollar redes neutrales es fundamental cuando se proyecta la construcción de ciudades inteligentes o sustentables para los próximos años, ya que este modelo permite desplegar en forma eficiente y masiva los servicios digitales en determinadas zonas geográficas –capitalizando así la infraestructura existente–”, señala el documento.
Sin embargo, la iniciativa reconoce que para lograr el reemplazo del cableado aéreo por la infraestructura subterránea se requieren esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, debido al reto técnico y financiero que la tarea representa.
Anteriormente, al Congreso de la Ciudad de México ya habían llegado otros proyectos normativos para el retiro del cableado aéreo de las calles de la capital. En 2020, los legisladores y las legisladoras estudiaron una propuesta de ley que buscaba la sustitución por las instalaciones subterráneas y planteaba aplicar multas a los operadores que no cumplieran con la disposición.
Incluso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó ese mismo año la iniciativa de Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y para el Uso y Aprovechamiento del Subsuelo.
La industria de telecomunicaciones se ha mostrado de acuerdo con implementar acciones para mejorar el entorno urbano, pero han pedido que la situación se aborde de manera conjunta entre el gobierno y los operadores.
En ese entonces, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internet MX y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información dijeron que se debía encontrar el mayor equilibrio posible entre la conectividad, la protección civil y la imagen urbana y las inversiones del sector.
Las organizaciones advirtieron en ese entonces que modificar el cableado actual podría impactar negativamente en la calidad de los servicios que reciben las personas usuarias y en las inversiones de las compañías.