martes, enero 31, 2023
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6 estados con política pública digital

El Economista Jorge Bravo

Cinco estados de la República (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas) tienen nuevo gobernante a partir de este mes. El próximo será Oaxaca en diciembre. ¿Cuál es la visión de desarrollo digital y tecnológico de cada nuevo mandatario? ¿Cómo piensan atraer inversiones en telecomunicaciones, tecnologías y empresas de Internet? ¿Qué liderazgo ejercerán en materia de transformación digital? ¿Cómo piensan entregar prosperidad digital a sus gobernados?

Es importante que desde el inicio de su administración las y los gobernadores definan una política pública digital para detonar el crecimiento y desarrollo en sus estados. Todas y todos concluirán su encargo en 2027, cuando el mundo estará sumamente avanzado tecnológicamente. ¿Cuál será su legado y cómo pretenden alcanzarlo? La respuesta está en lo digital.

Cada una de estas entidades tiene distinto grado de conectividad y digitalización, y cada estado tiene fortalezas y oportunidades de desarrollo económico que pueden ser potenciadas con la infraestructura de telecomunicaciones, la conectividad y los servicios digitales.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi, los estados que superan la media nacional de usuarios de Internet son Quintana Roo (82.3%), Tamaulipas (81.9%) y Aguascalientes (80.4%). En tanto que los que están por debajo del umbral son Durango (70.9%), Hidalgo (69.3%) y Oaxaca (56.9%).

Tenemos tres estados un poco más avanzados en conectividad y tres entidades claramente rezagadas en la materia.

Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes deben aprovechar que ya cuentan con cierta infraestructura de telecomunicaciones, mientras que Durango, Hidalgo y Oaxaca tienen una enorme oportunidad de superar el rezago social y económico mediante el uso y adopción de las TIC.

Atraer inversiones de operadores de telecomunicaciones, de instaladores de infraestructura como torres celulares y de empresas y plataformas de Internet; conectar a la población y transformar la sociedad, el gobierno y los sectores productivos debiera ser el objetivo prioritario de Teresa Jiménez en Aguascalientes, Esteban Villegas en Durango, Julio Menchaca en Hidalgo, Salomón Jara en Oaxaca a partir de diciembre, Mara Lezama en Quintana Roo y Américo Villarreal en Tamaulipas.

Para atraer inversiones es prioritario que cada estado y sus municipios eliminen las barreras al despliegue de infraestructura como torres y fibra óptica. El estado que mejor supo hacerlo fue Hidalgo durante la pasada administración de Omar Fayad, al propiciar la mejora regulatoria y homologar los trámites municipales para el despliegue de infraestructura, pero le faltó el componente accionador de la política digital.

Los operadores de telecomunicaciones y proveedores de Internet no invierten más en cada estado por la sencilla razón de que es muy difícil instalar infraestructura, los trámites son engorrosos y campea la corrupción.

Si los gobernantes quieren más cobertura, conectividad e Internet, deben eliminar los obstáculos regulatorios, homologar los trámites y facilitar el despliegue de la infraestructura digital, lo cual permitirá detonar las inversiones.

Aún cuando Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes tengan más población conectada, sus porcentajes de fibra óptica siguen siendo limitados. Aguascalientes tiene el mayor porcentaje de acceso a Internet mediante fibra con 37.1% (escaso si se considera que tiene una de las armadoras de autos más importante del país y una producción lechera relevante), pero Durango y Oaxaca no superan ni siquiera el 10%.

Tamaulipas tiene apenas 12% de fibra óptica. Si el nuevo gobernador quiere enfrentar con seriedad el desafío de la inseguridad pública, requiere redes de telecomunicaciones, más fibra óptica, mejores servicios, tecnología y una política pública digital enfocada en la vertical de seguridad ciudadana.

Para conectar a la población, para entregarle servicios públicos eficientes y para que todos ejerzan sus derechos fundamentales se requiere una política pública de inclusión digital estatal.

La Constitución obliga a todas las entidades federativas a tener su propia política de inclusión digital con objetivos, metas y acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet.

Todos los indicadores de infraestructura, cobertura, acceso a servicios, digitalización de gobierno, adopción de tecnologías, comercio electrónico y economía digital pueden mejorar rápida y sustancialmente con una política pública digital.

Los indicadores sociales y de derechos como acceso a educación, salud, cultura o una mejor seguridad pública también pueden mejorar con una adopción planificada de la tecnología para esos fines. Pero hay que hacerlo ya.

Para la transformación digital se requiere identificar cada uno de los sectores productivos estratégicos de cada entidad y sumarlos a la agenda y política digital estatal para que adopten las tecnologías, se conecten y digitalicen sus procesos productivos.

Todos los sectores como los primarios de agricultura o ganadería, los secundarios o industriales y los terciarios de servicios como comercio o turismo son susceptibles de transformación digital.

Cualquiera de esos sectores e industrias puede mejorar sus niveles de productividad e ingresos si se adoptan las tecnologías y se digitalizan. Ninguno es menos importante y cada estado tiene el potencial de liderar en sus actividades productivas.

Las entidades de la República han sido omisas y/o lentas a la hora de generar bienestar, prosperidad y riqueza a través de una política pública digital, transversal a todas las actividades cotidianas, productivas y gubernamentales de cada estado.

El futuro es digital, conectado a Internet y ubicuo. Los seis nuevos gobernadores y gobernadoras pueden ser los primeros en comprenderlo y hacerlo. Piensen en el mundo en 2027 y verán que no hay más opción que ser estados digitales.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo
Jorge Bravohttps://digipolis.wordpress.com/
Jorge Bravo es Director General en Digital Policy & Law. Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

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