La digitalización de la economía –en realidad, de la vida misma- se ha acelerado sustancialmente en gran parte de las sociedades del mundo por efecto de la pandemia.
La dependencia crítica de Internet se ha acrecentado en los procesos productivos y en las dinámicas sociales, incrementando también con ella las consecuencias humanas de la brecha digital.
A nivel global la irrupción de la tecnología 5G vuelve a ser una promesa de inclusión digital, porque su despliegue abre una nueva oportunidad para cubrir territorios sin conectividad o con servicio precario, dado que el potencial de esta infraestructura es más eficiente en costo operacional y no se agota sólo en la demanda de las personas. También vendrá a soportar la demanda del ecosistema industrial 4.0, muy ligado a la automatización y a la integración de la Inteligencia Artificial en las actividades productivas.
Concretar las promesas de 5G dependerá de la forma como los países enfrenten su desarrollo. Un aspecto técnico, crítico para que 5G funcione y alcance su potencial se relaciona con el espectro radioeléctrico asignado para esta tecnología.
El espectro radioeléctrico en su estado natural es “sólo aire”. Su uso requiere de una infraestructura digital avanzada de redes que aprovecha determinadas frecuencias del espectro para producir y entregar servicios de comunicación a las personas y -también ahora- a “las máquinas”.
Las bandas de frecuencia que componen el espectro radioeléctrico son como autopistas donde viajan las señales inalámbricas.
Cada banda de frecuencia se divide en bloques (o carriles) con una capacidad limitada de transmisión y se concesionan a empresas que adoptan tecnologías, construyen infraestructura y desarrollan servicios públicos que requieren millonarias inversiones sostenidas en el tiempo, lo que implica desafíos mayores para países subdesarrollados y emergentes.
A lo largo de los años el espectro radioeléctrico se ha destinado a distintos usos tecnológicos, definiendo una arquitectura o mapa de las bandas por tipos de servicio. Con la evolución celular, la digitalización de la radio y la TV abierta, así como la preponderancia de Internet como servicio principal, esta fisonomía del espectro ha cambiado para ajustarse a nuevas realidades tecnológicas.
El ejemplo más nítido fue el “desplazamiento” de la TV abierta desde su banda histórica (VHF) a otra distinta (UHF), para digitalizar las señales televisivas. A su vez, la banda “desocupada” por la TV abierta fue redestinada a la cuarta generación móvil (4G), de mayor relevancia.
El desarrollo de 5G implica una responsabilidad técnica para los reguladores del espectro de optimizar la distribución actual de los bloques de frecuencia, para asegurar la calidad de servicio que reciben las personas, el cumplimiento eficiente de las coberturas territoriales, cautelar la libre competencia en el mercado y maximizar su uso eficiente en función del bien común.
Esta tarea técnica es determinante para asegurar la viabilidad de 5G y obtener su mayor beneficio público. Sin este cimiento no es posible asegurar que los países aprovechen a tiempo esta revolución digital para su desarrollo sostenible.
En Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) inició un proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico que han seguido otros países, convencida de que las nuevas tecnologías como 5G privilegian segmentos de ancho de banda mínimo y continuidad para un único operador, por lo que se busca un ordenamiento que permita disponer de bloques continuos para cada concesionario.
Este paso ha sido instruido también por el Tribunal de la Libre Competencia para evitar distorsiones en el mercado móvil.
El primer paso fue abrir una consulta pública. Según la Subtel, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en este reordenamiento por razones de eficiencia, pero además algunos actores plantearon la necesidad de disponer de más espectro para soportar la nueva ola digital.
Expertos sostienen además la urgencia de facilitar el cambio de uso de concesiones preexistentes, para que las concesiones antiguas se actualicen a 5G, con el evidente beneficio para los clientes actuales de esos servicios en obsolescencia tecnológica y en favor de una mayor competencia en el mercado.
Desde entonces, no hay señales regulatorias claras respecto de qué ocurrirá con esta tarea técnica, dejando en un limbo el desarrollo eficiente de 5G en Chile, acotado hoy a la oferta incipiente de tres operadores de red -de cinco posibles- y con evidentes imperfecciones en la matriz de espectro.
Países como España o Perú que partieron después de Chile el camino a 5G ya culminaron su proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico. Chile lleva cinco años implementando el camino a 5G, demorado en el gobierno anterior por errores propios y bloqueos industriales.
La indefinición actual en Chile sobre esta materia sigue alargando la plena inclusión del país a la Cuarta Revolución Industrial. Es imperioso aceptar que el desarrollo tecnológico no se puede detener. A veces incluso es difícil anticipar la velocidad de las innovaciones y su efecto transformador.
Por ello, en materia de telecomunicaciones, diversos organismos internacionales, entidades académicas e industriales abogan por el principio de neutralidad tecnológica como política pública matriz del desarrollo de los países.
Este principio sostiene que los Estados regulan servicios, pero no tecnologías.
Es decir, se fijan estándares de calidad, cobertura, costo de interconexiones y otras materias a los servicios de telecomunicaciones, pero se deja libertad para que se usen las tecnologías más modernas y eficientes que existan en cada momento, aspirando siempre a su adopción temprana. De esta forma, se traspasan a tiempo los beneficios de la innovación a las personas.
Este principio se complementa con otro factor de realidad: la convergencia tecnológica. En el mundo actual todas las tecnologías de telecomunicaciones están convergiendo y actúan de forma sincrónica para producir los servicios que usamos todos.
Favorecer la convergencia tecnológica reduce los costos de proveer y acceder a comunicaciones avanzadas para las industrias y personas.
El reordenamiento del espectro radioeléctrico debiera sustentarse en ambos principios. Por una parte, mantener la política de Estado de neutralidad tecnológica que siempre ha permitido a Chile ser pionero en la adopción tecnológica; y la convergencia como reconocimiento de realidad, que se traduce en un uso más eficiente del espectro como recurso natural.
Bajo esta premisa, es deseable que en Chile no se siga postergando el reordenamiento del espectro y se dictamine una fórmula técnica apegada a las recomendaciones internacionales.
Es un riesgo mayor para el país no solo dilatar el proceso, también sucumbir a la tentación de regular mirando la marca de las empresas intervenidas.
El reordenamiento debe ser agnóstico industrialmente. Adoptar la mejor fórmula técnica para el país, sin verse afectada por la presión de actores industriales a favor de una u otra medida. En tal sentido, es imperativo recoger los parámetros técnicos sugeridos por entes técnicos expertos.
La fórmula ya existe. Se ha aplicado en otros países y no existe ninguna razón -ética, técnica o económica- para postergar la ejecución de esta tarea, que es intrínseca de las facultades del regulador y vital para el desarrollo pleno de 5G.