La Jornada Enrique Méndez
Con el argumento de que los concesionarios de telecomunicaciones tardan en entregar información sobre comunicaciones telefónicas en casos de secuestro, extorsión o delincuencia organizada, los diputados de Morena plantean una reforma que permita a las instituciones de seguridad y procuración de justicia ordenar directamente a las empresas dar acceso a las conversaciones y datos transmitidos por teléfonos móviles, e informar posteriormente al juez, que determinará si la intervención continúa.
Actualmente, sólo se prevé que a partir de que se cumpla el requerimiento judicial de intervención de comunicaciones, las instituciones de seguridad y procuración de justicia deberán informar al juez de control, en un plazo máximo de 48 horas, la medida, a efecto de que la ratifique parcial o totalmente.
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