Los usuarios de servicios de conectividad móvil en América Latina pagan en promedio un 6.5% de impuestos específicos, que se suman a otros impuestos generales que pueden provocar que la carga impositiva supere hasta el 40% del costo total como en Argentina (51.4%), República Dominicana (42.9%) y Brasil (41.5%), según un estudio reciente de la GSMA.
El informe de la asociación móvil internacional sobre los impuestos específicos que pagan los usuarios por servicios de conectividad advierte que en algunos países este segmento aún se considera un servicio de lujo que puede ayudar a impulsar los montos de recaudación fiscal. Sin embargo, el estudio también señala que dado el impacto que tiene el sector en la economía, así como su papel como herramienta de recaudación por medios digitales, la reducción de impuestos podría incluso incrementar los ingresos fiscales.
“En las primeras etapas, cuando el impacto de la conectividad era más limitado, muchos gobiernos de la región aplicaron impuestos específicos a la conectividad móvil como una manera eficiente de generar ingresos fiscales. Con el tiempo, el resultado fue un gran desequilibrio entre la contribución económica directa de los servicios móviles y los niveles de tributación a los que están sujetos”, indica el estudio.
Lo anterior provocó que por primera vez en 2023, la contribución fiscal del sector móvil de América Latina superara el monto total que contribuye a la economía, medido por su participación en el PIB. En 2023, los impuestos específicos a la conectividad móvil en América Latina representaron aproximadamente unos 4,650 millones de dólares, lo que equivale a un 6.5% del costo total de la conectividad, según estima la asociación.

Además de los impuestos generales como el IVA, en algunos países los usuarios también deben pagar impuestos específicos que aplican por comprar dispositivos y al activar y utilizar los servicios móviles. La GSMA afirma que “estos son los que poseen mayores efectos regresivos al encarecer el acceso y tornarlo inasequible para la población de más bajos ingresos”.
Catorce países de los 18 analizados imponen a los consumidores algún tipo de impuesto específico. En particular, en Uruguay, El Salvador y Guatemala, los impuestos específicos representan menos del 2% del costo de la conectividad; en cambio, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia tienen impuestos específicos mucho más altos, cuya incidencia supera el 10% del costo de la conectividad, dificultando la asequibilidad para los sectores de más bajos ingresos.
Pocos ejemplos en la región existen de países que hayan eliminado parte de esta carga fiscal, como Colombia en 2016, Ecuador en 2021 y Argentina en 2025.
El análisis realizado por la asociación de operadores encontró que, de haberse eliminado estos impuestos específicos en la región, “el efecto fiscal neto en 2023 habría sido o bien neutro o supuesto un aumento en el nivel total de recaudación fiscal”.
Si bien los impuestos específicos del sector generan inicialmente ingresos directos para el Estado, su aplicación también desincentiva la inversión, su adopción y uso, “lo que limita la capacidad de las autoridades tributarias para maximizar las ventajas que trae aparejada la digitalización en el proceso de recaudación fiscal”.
Como ya lo ha advertido la GSMA en numerosas ocasiones, los proveedores de conectividad móvil también están sujetos a impuestos específicos. Al respecto, indica que “estos absorben recursos que podrían destinarse a afrontar los principales desafíos de la región, como el cierre de la brecha de conectividad, la expansión de la cobertura, la mejora de la calidad del servicio y la aceleración del despliegue de nuevas tecnologías”.