domingo, diciembre 4, 2022
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Un regulador independiente para el sector digital uruguayo

La industria de las telecomunicaciones es un aliado estratégico para el desarrollo de Uruguay, por su peso económico y su papel como catalizador de nuevas oportunidades. Avanzar en la digitalización de la economía supondría aumentar la productividad y, por lo tanto, tener mayor capacidad para sostener un crecimiento prolongado de la economía del país y ser más competitivos en la economía regional y global.

Maximizar las posibilidades de desarrollo del sector TIC pasa por comprender las transformaciones tecnológicas de los últimos años y definir políticas públicas acorde a estos cambios, que impulsen el progreso social y la reducción de las desigualdades. En este sentido, avanzar durante el próximo periodo de gobierno en la constitución de un regulador independiente para este sector, que sea sólido técnicamente y mire al futuro, es prioritario.

Resulta urgente abordar el desafío de modernizar la institucionalidad del sector digital, en línea con las mejores prácticas internacionales. La constitución de este árbitro sin tutela gubernamental, que justifique sus decisiones de política pública, dotado de una mirada más abierta a nuevos jugadores y modelos de negocio, incentivaría la innovación, las inversiones e impulsaría la transformación digital de Uruguay. Este es un paso inexorable para el desarrollo del sector y la incorporación de Uruguay a la economía digital regional y global, colocando el aumento de la productividad en el centro de la hoja de ruta económica del próximo ejecutivo. 

El país enfrenta una serie de retrasos en cuanto a los niveles de promoción de la competencia, independencia del regulador y seguridad jurídica del sector, en perjuicio de los usuarios. Uruguay debe aspirar, como el resto de los países de la región, a disponer de un andamiaje regulatorio de primer nivel. La agenda modernizadora para la promoción y estímulo de las telecomunicaciones debe adquirir un papel relevante, considerando la necesidad de afrontar la actualización de la normativa sectorial adaptándola a las necesidades y los contextos de los mercados actuales, de forma que Uruguay no pierda la posición de liderazgo regional que hoy ostenta. 

Un regulador que entienda las actuales condiciones del mercado, con los atributos necesarios para garantizar la competencia y la igualdad de trato, debería agilizar y clarificar los procesos de otorgamiento de licencias para la provisión de servicios –eliminando las restricciones actuales-, además de promover mejoras que otorguen dinamismo a la oferta comercial, garantizando un acceso igualitario al espectro, y optimizando los trámites para el acceso a la infraestructura.

Al mismo tiempo, para garantizar niveles de competencia reales entre los operadores, se deberían eliminar las asimetrías regulatorias existentes y facilitar que los operadores puedan empezar a competir en pie de igualdad. 

Las restricciones actuales impiden que muchas empresas puedan maximizar sus inversiones y mejorar sus ofertas, siendo los usuarios los principales perjudicados. Un regulador proactivo en la generación de una agenda innovadora y ágil que maximice los beneficios de la digitalización, junto a la creación de un nuevo marco regulatorio que promueva la competencia sostenible, estimule la innovación y la creación de valor en beneficio de los consumidores, configuraría un círculo virtuoso que sustentaría las inversiones para el despliegue en el país de nuevas tecnologías como 5G o el Internet de las cosas.  

Uruguay tiene en los próximos años una gran oportunidad debido a sus condiciones y al actual desarrollo del sector digital, con altos índices de conectividad y calidad de sus servicios, para maximizar más que ningún otro país latinoamericano los beneficios de las TIC, favorecer su positivo derrame hacia otros sectores de la economía, y avanzar hacia la digitalización de los procesos productivos, multiplicando su crecimiento económico. 

Pero esto pasa inexorablemente por avanzar hacia un nuevo modelo institucional para el sector.

Andrés Sastre Portela
Andrés Sastre Portela
Es director del IDD LAC. Licenciado en Derecho y máster en Economía latinoamericana. Es asesor experto en regulación de telecomunicaciones y gobernanza de Internet. Sus principales temas de estudio son el avance en las regulaciones del ecosistema digital, temas vinculados a la gobernanza de Internet, iniciativas para el cierre de la brecha digital, desarrollo del Internet industrial y la promoción del desarrollo de Smart Cities en América Latina. Por 8 años tuvo un involucramiento activo en la regulación del mercado de telecomunicaciones en América Latina y la promoción del diálogo público privado, representando a la Asiet.

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