Todas las claves para entender la extinción del IFT

Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente de México, Andres Manuel López Obrador, el 5 de febrero, se encuentra la propuesta de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo, cuyas funciones regulatorias serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). 

Pero no es todo. Aquí te presentamos todo lo que propuso AMLO relacionado con las telecomunicaciones y la radiodifusión y las implicaciones de extinguir el IFT si la iniciativa logra una mayoría calificada (dos terceras partes) por parte del Congreso.

Extinción del IFT

1. Qué modifica. La propuesta modifica los artículos 6, 27 y 28 para extinguir el IFT. 
2. Qué pasa con el IFT. La iniciativa transfiere las funciones del IFT a “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
3. Por qué quieren desaparecer el IFT. Aunque la iniciativa para la extinción de los organismos constitucionales autónomos, como es el caso del IFT, no es explícita ni argumenta ni fundamenta ni motiva, se deduce el gobierno de la Cuarta Transformación busca apegarse a la “política de austeridad republicana”, para “acabar con lujos, gastos superfluos, la duplicidad de funciones, el despilfarro de los bienes y recursos nacionales”. Según la iniciativa, el IFT forma parte de la “burocracia dorada” que “duplica funciones y tareas del Ejecutivo Federal”.
4. Legitimidad tecnocrática. Según la exposición de motivos de la iniciativa, es una falacia, como sostienen “los impulsores del modelo neoliberal”, que “el problema de la gestión pública es técnico de eficiencia”. Según AMLO, “los modelos y métodos neoliberales han resultado en menor eficiencia en la prestación de servicios públicos y escasa transparencia y rendición de cuentas”. Las agencias especializadas, como el IFT, “han otorgando mayor poder de influencia a actores privados en detrimento de los públicos” y han fallado en “garantizar el interés general”. El IFT no tiene una legitimidad democrática sino tecnocrática; “se justifica por el carácter técnico y la corrección jurídica de sus decisiones”. Pero han fallado porque, “en vez de consolidarse como entidades técnicas e imparciales, fueron creados para garantizar intereses privados”.
5. Reconstruir los derechos. A través de la iniciativa, la extinción del IFT y transferir sus atribuciones a la SICT, el gobierno buscaría “construir y reconstruir los derechos fundamentales colectivos” y “garantizar el acceso social a las telecomunicaciones y la radiodifusión con un verdadero equilibrio de la competencia económica”, siempre bajo la tutela directa del Ejecutivo Federal.
6. Rectoría del Estado. La desaparición del IFT estaría basada en el principio de que “el mercado no sustituye al Estado”. El IFT habría sido parte del desmantelamiento del Estado, la privatización del derecho público, el desmantelamiento del Estado de bienestar y la subordinación del Estado a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Además, la creación del IFT tiene su origen en “recomendaciones y/o imposiciones de organismos financieros internacionales”.
7. Mucho presupuesto. Según el presidente AMLO, el IFT tiene un presupuesto muy alto. Por lo tanto, el ahorro que se genere de la extinción del IFT se destinaría al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

8. Austeridad y salarios. Según la iniciativa de Austeridad y Remuneraciones, el IFT no ha cumplido íntegramente el límite constitucional de remuneraciones de no exceder el salario del Presidente. Según la exposición de motivos, el comisionado presidente del IFT infringe el límite 25.8 por ciento, superior a 209 mil pesos, cuando el sueldo del Presidente es de 155 mil pesos. Se detalla que 25 personas del IFT perciben salarios cuyo monto excede el del Presidente de la República. Además, el IFT ha interpuesto controversias constitucionales contra el límite de las remuneraciones.
9. El gobierno retoma las concesiones. De aprobarse la iniciativa, el Ejecutivo Federal retomaría el otorgamiento, revocación y autorización de concesiones en radiodifusión y telecomunicaciones.
10. Contraprestaciones. Al desaparecer el IFT, el Ejecutivo Federal fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, así como por la autorización de servicios y se elimina o deroga la previa opinión de la autoridad hacendaria.
11. Concesiones para operar. El Gobierno Federal contará con las concesiones, autorizaciones y asignaciones en radiodifusión y telecomunicaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
12. Control de la regulación. El Ejecutivo Federal emitirá disposiciones administrativas de carácter general para regular el sector de telecomunicaciones y la radiodifusión, así como de competencia económica.
13. Sin comisionados. De aprobarse la propuesta, ya no habrá siete comisionados y no serán ratificados por el Senado. Se derogan tanto los requisitos para ser comisionados, el tiempo de encargo de nueve años y las reglas de contacto. El Senado tampoco podrá objetar nombramientos al formar parte de la administración del Gobierno Federal. 
14. Muere el Comité de Evaluación. Si se erradica la figura de comisionados, la iniciativa también extingue el Comité de Evaluación, sus funciones y el proceso de selección. 

Lo que permanece

15. Desarrollo de las telecomunicaciones. Aunque la iniciativa extingue el IFT, el Ejecutivo Federal “a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” de la SICT, preserva las condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios y “garantizará” el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. 
16. Autoridad en competencia. La dependencia de la SICT tendrá las mismas facultades que el IFT, porque será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
17. Registros. También estará a cargo del Registro Público de Concesiones y del Sistema Nacional de Información de Infraestructura. 
18. Control de los servicios. El Ejecutivo Federal ejercerá las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de radiodifusión o telecomunicaciones.
19. Juicio de amparo y suspensiones. Como en el caso de las resoluciones del IFT, las normas generales y actos de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal podrán ser impugnadas únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
20. Internet: industria estratégica. Otra iniciativa presentada por el mandatario AMLO, sobre industrias estratégicas, modifica el artículo 27 constitucional para precisar que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en “el servicio de Internet que provea el Estado”, refiriéndose a las empresas públicas de conectividad como CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. 
21. Tribunales especializados. Una iniciativa que tiene que ver con el Poder Judicial, preserva que el órgano de administración judicial conserve los tribunales especializados en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. 

Lo positivo

22. Despliegue de infraestructura. La iniciativa no sólo extingue el IFT, contempla y añade que la ley “establecerá los principios, las acciones de coordinación y distribuirá competencias entre las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de homologar los trámites para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el país”. Lo anterior es una demanda y exigencia de la industria, que ha pedido homologar trámites y abatir las barreras a la inversión y el despliegue de infraestructura. 
23. Redes indígenas. En materia de reforma indígena, la iniciativa correspondiente propone cambiar el artículo 2 de la Constitución para modificar el apartado B VI y “garantizar y extender la red de comunicaciones que permita la articulación de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e Internet de banda ancha”.

Pendientes el día después de la extinción del IFT

24. Modificaciones a la ley. En caso de que se aprueben las iniciativas que tocan el diseño institucional de las telecomunicaciones en México, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
25. Certeza jurídica. Los actos jurídicos emitidos por el IFET seguirán surtiendo todos sus efectos legales. Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes seguirán siendo vigentes, pero sin perjuicio del derecho de las partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente.
26. Recursos. Los recursos materiales del IFT pasarán a formar parte del Ejecutivo Federal.
27. Permanencia de los comisionados. Los comisionados del IFT concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación secundaria. 
28. Derechos laborales. Los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados y los recursos humanos del IFT pasarán a formar parte de la dependencia a cargo de la SICT.
29. Vigencia de las concesiones. Finalmente, los títulos habilitantes otorgados por el IFT continuarán vigentes, sin perjuicio de las obligaciones y contraprestaciones que en su caso imponga el Ejecutivo Federal.