El País Ramón Muñoz
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Telefónica en el recurso contencioso-administrativo que interpuso la operadora contra el real decreto ley que aprobó el Gobierno en 2018 que le obligaba a la prestación del servicio de cabinas públicas de teléfono durante el año siguiente, hasta el 31 de diciembre de 2019, pese a que este servicio es altamente deficitario y ninguna compañía lo quiere prestar.
Pese al fallo, Telefónica tendrá que seguir manteniendo el parque de alrededor de 15.000 cabinas que tiene repartidas por toda España, aunque estudia reclamar una indemnización al Estado por el coste que tuvo su mantenimiento en 2019, de alrededor de 4 millones de euros. “Estamos estudiando las medidas jurídicas viables para obtener un resarcimiento de los gastos en que incurrimos ese año para la prestación del servicio de mantenimiento de las cabinas”, admitió una portavoz a este diario.
