Telefónica México: el final de una historia con privilegios regulatorios

El pasado 7 de abril, Telefónica anunció formalmente la venta del 100% de sus operaciones en México —Movistar— al consorcio Melisa Acquisition, integrado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares. 

La transacción, sujeta aún a la consabida aprobación regulatoria, pone fin a más de dos décadas de presencia del grupo español en el país y cierra —con Venezuela como última pieza pendiente— la salida de Telefónica de Hispanoamérica.

La cobertura mediática ha tratado el anuncio como un evento explicado por factores coyunturales: la competencia de los operadores móviles virtuales, la depreciación del peso, el litigio fiscal con el SAT que Telefónica ganó en febrero de 2026, la estrategia global de desinversión del grupo en Hispanoamérica para focalizarse en Europa. 

Todo ello son factores ciertos, pero ninguno de ellos explica por qué la salida ocurre ahora y no hace cinco o diez años, ni por qué el comprador paga apenas 450 millones de dólares por una operación con 21.7 millones de clientes.

Este texto ofrece otra mirada. Es una lectura que quien suscribe ha sostenido en distintos artículos de opinión durante más de quince años, y que la serie de ingresos auditados de Telefónica México confirma con una claridad que sólo los datos pueden dar.

Telefónica no se retira derrotada por un mercado hostil, sino tras haber operado durante toda su estancia en México bajo un régimen de privilegios regulatorios, adjudicaciones preferenciales y acuerdos entre competidores que le fueron otorgados, renovados o tolerados por las sucesivas autoridades del sector, y que no logró convertir en un negocio sostenible. 

Es decir, actuaba como si la competencia dependiera de un entorno legal asimétrico a su favor y no de la libre preferencia de sus clientes actuales y potenciales. 

La historia no comienza con la reforma de 2013-14; la reforma fue sólo el capítulo más visible de un patrón más largo.

El texto está organizado en tres partes. Primero, reseño los beneficios regulatorios acumulados por Telefónica desde su entrada al mercado mexicano, distinguiendo entre los que recibió antes de la reforma y los que recibió después de ella. 

Segundo, muestro con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (antes IFT) cómo evolucionó la participación de mercado de Movistar durante ese periodo. 

Tercero, presento la serie completa de ingresos del segmento México en los reportes financieros de Telefónica ante la SEC y muestro que los datos contaban la historia de la salida desde mucho antes del anuncio.

Parte I. Los beneficios regulatorios acumulados

I.1 Las adjudicaciones previas a la reforma (2010-2012)

Mucho antes de que existiera la figura del “agente económico preponderante”, Telefónica ya había sido beneficiaria directa de decisiones regulatorias y adjudicaciones públicas que le entregaron activos valiosos a costos ventajosos o por vías que los economistas observaríamos con escepticismo.

La fibra óptica de CFE (2010)

En ese año, el consorcio integrado por Televisa, Megacable y Telefónica recibió la adjudicación del par de hilos de fibra óptica de la red de la Comisión Federal de Electricidad —19,469 kilómetros de infraestructura troncal a nivel nacional— por un periodo de 20 años, prorrogable. 

Este era uno de los activos de infraestructura, en aquellos años, más valiosos que el Estado mexicano tenía disponibles para catalizar competencia en el mercado mayorista de transporte de datos. 

La adjudicación al consorcio mencionado le dio a Telefónica acceso, a precios subsidiados por dos décadas, a una red troncal que bajo condiciones de mercado habría requerido una inversión de capital considerable. 

Este beneficio, visible en su momento, pero pronto olvidado en las discusiones públicas, fue un primer subsidio implícito cuya magnitud nunca se cuantificó adecuadamente.

Licitación 21 (2010): espectro AWS con topes ad-hoc a los operadores entrantes

Ese mismo año, la entonces Cofetel condujo la Licitación 21 para asignar espectro en la banda AWS (1.7/2.1 GHz), el segmento sobre el cual se desplegarían las redes 3G y 4G de la década siguiente. Dos rasgos del diseño de esta licitación merecen atención.

Primero, la Comisión Federal de Competencia fijó topes de acumulación espectral que, en la práctica, impidieron a los operadores con mayor presencia —Telcel y la propia Telefónica, entre otros— competir por ciertos bloques reservados a “nuevos operadores”. 

Este es un patrón recurrente en la política regulatoria mexicana: usar topes con la justificación de evitar concentración, pero sin el análisis riguroso que exige distinguir entre tamaño absoluto y poder de mercado efectivo. 

Los topes de la L-21 generaron distorsiones que el propio regulador tuvo que corregir seis años después en la Licitación IFT-3 de 2016.

Segundo —y este es el dato más elocuente sobre la relación entre Telefónica y el espectro asignado—, Movistar obtuvo en la L-21 apenas 10 MHz en seis de las nueve regiones nacionales, una tenencia fragmentada y modesta. 

Pero en diciembre de 2015 Telefónica canjeó esas licencias AWS con AT&T a cambio de frecuencias en 1.9 GHz. Es decir, el espectro obtenido en una licitación pública para el despliegue de 4G fue intercambiado —no desplegado productivamente— apenas cinco años después, en una operación bilateral que evidenciaba la disposición de Telefónica a tratar sus concesiones como activos financieros, más que como compromisos de inversión de red a largo plazo. 

Y en 2019, recordemos, devolvió todo su espectro al Estado y se convirtió en arrendatario de la red de AT&T.

Acuerdos de compartición con Iusacell y Megacable (2011-2012)

En los años previos a la reforma, Telefónica suscribió al menos dos acuerdos de compartición que la insertaron en una red de convenios entre competidores que en cualquier otra jurisdicción con autoridad de competencia seria habrían recibido un escrutinio mucho más severo.

Con Iusacell, un acuerdo para compartir infraestructura móvil y servicios intermedios. Aisladamente, un acuerdo voluntario de compartición puede ser eficiente —y lo es más cuando se negocia libremente en lugar de imponerse por un regulador. 

El problema surgió cuando, poco después, Televisa adquirió 50% de Iusacell con aprobación condicionada de la Comisión Federal de Competencia. Por transitividad, Televisa obtuvo acceso indirecto a la infraestructura de Telefónica, al mismo tiempo que ya compartía con Telefónica —junto con Megacable— la fibra óptica de CFE. 

El entramado de relaciones cruzadas entre cuatro actores —Televisa, Telefónica, Megacable e Iusacell— conformaba un esquema de interdependencias que debilitaba la rivalidad competitiva en múltiples mercados simultáneamente. 

Documenté en su momento que las autoridades mexicanas optaron por “remedios conductuales” —compromisos de buena conducta, consejeros independientes, códigos de ética— en lugar de remedios estructurales.

Con Megacable, el acuerdo consistió en operar como operador móvil virtual (Megafón) usando las frecuencias de Telefónica en las localidades donde Megacable tiene presencia con su red de cable. 

Esto convirtió a Telefónica en un habilitador de cuádruple-play para un competidor del mercado de televisión restringida, nuevamente sin que la autoridad de competencia examinara si el acuerdo generaba intercambios de información o coordinación de precios entre operadores que, en principio, debían competir entre sí, haciendo caso omiso que un operador de telecomunicaciones NO podría ser competidor en cuádruple play por su restricción en su título de concesión desde 1990.

Estos acuerdos —legales, individualmente defendibles por las eficiencias que generan— adquieren otro significado cuando se consideran en conjunto. 

Telefónica fue, durante ese periodo, nodo central de una red de relaciones contractuales con competidores que le daba acceso a infraestructura, capacidad de red y mercados complementarios sin necesidad de invertir por cuenta propia a la escala que habría requerido una estrategia competitiva socialmente eficiente.

Segundo capítulo: la reforma de 2013-14 y el régimen de asimetría

Sobre este terreno —ya inclinado a favor de Telefónica— llega la Reforma Constitucional de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014. 

La reforma introdujo la figura de “agente económico preponderante” —Telmex/Telcel en telecomunicaciones, Televisa en radiodifusión— y le impuso un catálogo de obligaciones asimétricas: desagregación de red local, compartición de infraestructura pasiva y activa y, en su expresión más extrema, la llamada tarifa cero de interconexión del artículo 131, que obligaba al preponderante a terminar, sin cobrar, todo el tráfico proveniente de las demás redes.

Ningún régimen regulatorio asimétrico del mundo había llegado tan lejos. Ni la jurisprudencia estadounidense sobre essential facilities ni las recomendaciones de la Comisión Europea sobre tarifas de terminación contemplaban la gratuidad obligatoria. 

En Europa, de hecho, la tendencia ha sido exactamente la opuesta: tarifas simétricas, basadas en costos, con el régimen asimétrico reservado para excepciones justificadas en diferenciales de costo y siempre con fecha de caducidad.

El resultado analítico es sencillo. Los economistas Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole (Nobel 2014) lo formalizaron hace décadas: el bienestar social se maximiza cuando el operador regulado obtiene utilidades no negativas por los servicios que presta. 

Imponer un precio cero a un servicio que tiene costos reales —capital invertido, costo de oportunidad de los recursos, mantenimiento— equivale a confiscar valor productivo y transferirlo como subsidio implícito a los competidores.

Durante los años cuando la tarifa cero estuvo vigente, cada minuto de voz que un usuario de Movistar originaba y terminaba en la red de Telcel representaba, en términos económicos, una transferencia de recursos reales de la red del preponderante a la red de Movistar. 

Telefónica no pagaba por ese insumo; lo recibía gratis por mandato legal. Lo mismo AT&T, que ingresó al mercado mexicano en 2015 adquiriendo Iusacell y Nextel: su propio Director Ejecutivo declaró públicamente en 2017 que la decisión de entrar al país se tomó precisamente por el régimen asimétrico y la promesa de certeza a largo plazo. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional la tarifa cero a finales de 2017, el privilegio no desapareció. El entonces IFT fijó tarifas de interconexión que siguieron siendo asimétricas hasta en cuatro veces a favor de los no preponderantes. 

El apalancamiento regulatorio continuó siendo un componente estructural de la viabilidad aparente de Movistar en México, junto con los beneficios heredados del periodo previo: la fibra troncal de CFE, los acuerdos de compartición con operadores del duopolio televisivo y de cable, y el acceso a la red mayorista que el propio Estado construyó bajo el modelo de Altán Redes a partir de 2018.

El inventario acumulado

Vale la pena sumar lo que Telefónica recibió en México durante más de una década. Entre 2010 y 2019 contó con:

1. Acceso subsidiado a fibra óptica troncal nacional por 20 años (fibra CFE).
2. Espectro AWS obtenido en una licitación con topes diseñados en parte para protegerla de la competencia por los bloques grandes.
3. Compartición de infraestructura con Iusacell primero y con AT&T después.
4. Acceso como usuaria virtual a la red de Megacable en ciertas regiones.
5. La tarifa cero de interconexión durante tres años y medio.
6. Tarifas de interconexión asimétricas aún después de la sentencia de la SCJN.
7. Acceso subsidiado a la red mayorista de Altán Redes.

Es difícil imaginar un marco más generoso para un entrante extranjero. 

Parte II. Lo que muestran los datos de participación de mercado

La primera señal de que algo no encajaba con la narrativa de “la reforma abrió el mercado gracias a los entrantes” la ofrecen los propios datos del regulador. 

Las siguientes dos gráficas muestran la evolución de la participación de mercado de los tres operadores principales —Telcel, Movistar y AT&T— en telefonía móvil y en banda ancha móvil entre 2010 y 2024.

Gráfica 1. Telefonía móvil en México: participación de mercado de los tres operadores principales, 2010-2024

Gráfica 2. Banda ancha móvil en México: participación de mercado de los tres operadores principales, 2010-2024

Lo que se observa en telefonía móvil es una erosión gradual y sostenida de la participación de Telcel, de aproximadamente 71% en 2010 a 55% en diciembre de 2024 —unos 16 puntos en 14 años, sin escalón dramático tras la reforma. 

Movistar se mantuvo relativamente estable alrededor del 20-23% durante casi toda la vigencia del régimen asimétrico, pero a partir de 2022 entra en un descenso acelerado hasta cerrar 2024 en aproximadamente 14%, por debajo incluso de AT&T. 

AT&T, por su parte, muestra el salto esperable al entrar en 2015 absorbiendo Iusacell-Unefón y Nextel, y luego crece de forma continua hasta superar a Movistar.

El contraste en banda ancha móvil es aún más elocuente. Telefónica nunca logró consolidarse en datos móviles: tras un pico de cerca de 19% a fines de 2015 —ya con la tarifa cero vigente—, inicia un descenso ininterrumpido hasta llegar a aproximadamente 7% en 2024. 

Es decir, en el segmento que definía el futuro del negocio móvil —los datos—, Movistar perdió participación de forma sostenida incluso bajo el régimen asimétrico más generoso. AT&T, en el mismo periodo, prácticamente duplicó su participación.

Así vemos a AT&T consolidándose y a Telefónica descendiendo, especialmente en el segmento donde se encontraba el futuro inmediato del sector. Las gráficas sugieren que Movistar ni siquiera aprovechó efectivamente el subsidio implícito que recibía.

Parte III. Lo reportes bursátiles 20-F les decían a los inversionistas

Durante más de dos décadas, Telefónica presentó reportes Form 20-F anualmente ante la U.S. Securities and Exchange Commission. 

Estos reportes son auditados externamente, reformulados cuando es necesario y desglosan los ingresos del grupo por segmento geográfico a nivel de país. 

Para el caso de México, ofrecen una serie temporal inusualmente limpia: dieciséis años consecutivos de ingresos reportados bajo la misma metodología de consolidación, con notas explicativas sobre movimientos significativos y efectos de tipo de cambio.

Lo que sigue es esa serie, reconstruida a partir de los 20-F de 2010 a 2023 (14 filings) y complementada para 2024 con el informe anual integrado de Telefónica Hispanoamérica y para 2025 con el comunicado oficial de Telefónica Movistar México del 24 de febrero de 2026.

Ingresos anuales del segmento México, 2008-2025

Fuente: elaboración propia con datos de los Form 20-F de Telefónica, S.A. ante la SEC (2010-2023); informe anual integrado Telefónica Hispanoamérica 2024; comunicado oficial de Telefónica Movistar México del 24 de febrero de 2026. Cifras en euros reportados, no ajustadas por inflación ni tipo de cambio.

La misma serie, representada visualmente:

Gráfica 3. Telefónica México: ingresos anuales del segmento país y variación anual, 2008-2025.

La serie muestra que el pico histórico fue 2010, no post-reforma. 

Este es probablemente el dato más contundente del ejercicio, y contradice una narrativa implícita que circula sobre cómo la reforma habría impulsado la competencia de los entrantes. 

Los ingresos más altos que Telefónica México generó en toda su historia fueron los de 2010 —1,832 millones de euros—, el año anterior a la discusión pública de la reforma y tres años antes de su promulgación. 

Ese mismo año coincide con los tres eventos: la adjudicación de la fibra de CFE, la Licitación 21 de espectro AWS y la vigencia plena del régimen de compensación Bill & Keep en interconexión, con tarifas de terminación positivas. 

Es decir, el periodo de mayor facturación de Telefónica en México ocurrió bajo el esquema que la reforma vino a desmantelar. 

Una lectura honesta de estos datos sugiere que el régimen previo no era el obstáculo que la narrativa oficial asumió, al menos no para Telefónica.

Segunda observación: la caída de −15% en 2011 es el primer gran escalón hacia abajo y ocurre antes de la reforma. Los propios 20-F de Telefónica lo explican: “sharp reduction in mobile termination rates” y “lower revenues from outgoing traffic in the pre-pay segment”. 

En moneda local, los ingresos por servicios móviles cayeron 13.3% ese año. Esto es importante porque muestra que Telefónica ya enfrentaba presión competitiva real antes de que la reforma le ofreciera tarifa cero como compensación. 

La reforma, vista con esta serie, luce menos como respuesta a un mercado estancado ausente de competencia y más como rescate regulatorio a entrantes que mostraban fatiga y cabildeaban al gobierno de Peña Nieto para implementar regulaciones draconianas.

Tercera observación: entre 2012 y 2015 la serie muestra un modesto repunte acumulado de 14.6%, justo en el periodo en que la tarifa cero del artículo 131 de la LFTR estaba plenamente vigente. Es el único tramo en que se puede argumentar que el régimen asimétrico ayudó a Movistar a mejorar sus ingresos reportados. 

Aun así, nunca recuperó el nivel de 2010. El pico de 2015 —1,783 millones de euros— se quedó 49 millones por debajo del pico pre-reforma. Cuatro años de asimetría regulatoria extrema no fueron suficientes para devolver a Telefónica al nivel donde estaba antes.

Cuarta observación: el colapso 2016-2019 ocurrió en plena vigencia del privilegio. Aquí está la observación más incómoda para cualquier defensa del régimen asimétrico. Entre 2015 y 2019, los ingresos de Movistar cayeron 51.4% acumulado —de 1,783 a 867 millones de euros. 

Este colapso ocurrió precisamente cuando la tarifa cero y las tarifas asimétricas de interconexión estaban operando. La Suprema Corte sólo declaró inconstitucional la tarifa cero en 2017, y las tarifas asimétricas post-SCJN siguieron siendo hasta cuatro veces favorables a los no preponderantes. 

En otras palabras: el periodo de máximo apalancamiento regulatorio a favor de Telefónica coincide con el periodo de peor desempeño financiero de su historia en México.

Telefónica misma reconoció este deterioro contablemente. En 2016 registró un impairment de goodwill sobre Telefónica México por 91 millones de euros y en 2018 un impairment adicional por 350 millones de euros. 

Un impairment de esa magnitud es un reconocimiento formal ante auditores y reguladores bursátiles de que los flujos de caja futuros esperados del activo ya no justifican su valor en libros. Telefónica México estaba, en términos contables, dejando de ser un activo rentable.

Quinta observación: la caída de 26.2% en un solo año es el segundo mayor descenso de toda la serie y marca el punto en que Telefónica abandona el modelo de operador de red en México. 

Como los propios 20-F lo reportan, 2019 fue el año de la “transformation of the operating model of Telefónica México” y de la migración al acuerdo de acceso mayorista con AT&T. 

Telefónica devolvió su espectro al Estado mexicano y dejó de ser operador de facilidades para volverse arrendatario de infraestructura. 

La serie de ingresos registra ese cambio estructural como un escalón vertical. El capital regulatorio acumulado —fibra de CFE, espectro, acuerdos de compartición— no fue suficiente para sostener siquiera una presencia como operador con red propia.

Sexta observación: la “recuperación” 2020-2023 es contable. El repunte que muestra la gráfica entre 2020 y 2023 —de 1,033 a 1,318 millones de euros, un aumento acumulado de 27.6%— parece impresionante hasta que se leen las notas a los reportes. 

Los 20-F son explícitos: el crecimiento de 16% en 2022 y de 12.5% en 2023 está dominado por efecto de tipo de cambio (apreciación del peso frente al euro), no por crecimiento real del negocio. 

En 2023, por ejemplo, Telefónica misma desagrega: 12.5% reportado, de los cuales 10.5 puntos porcentuales provienen del efecto del tipo de cambio, dejando el crecimiento real en apenas 2%. En moneda local, las métricas operativas siguieron siendo modestas o negativas prácticamente todo el periodo.

Séptima observación: 2024-2025 marcan el retorno a la caída y la retirada. Una vez que el viento de cola del tipo de cambio se agota —el peso se depreció 22.5% contra el dólar durante 2024, la mayor depreciación en 16 años—, los ingresos reportados vuelven a caer: 2.4% en 2024 y 12.4% en 2025. 

El dato de 2025 (1,127 millones de euros) es 38.5% inferior al pico histórico de 2010 y es el peor año de Telefónica México desde 2020. El EBITDA ajustado cayó 9.5% en 2024; aunque se recuperó operativamente en 2025 gracias a “eficiencias en gastos operativos” —subiendo a 128 millones de euros, según el comunicado oficial de Telefónica Movistar México—, esto es un ajuste defensivo, no expansión comercial. 

Los ingresos por venta de terminales se desplomaron, señal inequívoca de que la actividad comercial se estaba contrayendo en preparación para la venta.

Conclusión: la salida como consecuencia lógica

Telefónica recibió en México, entre 2010 y 2019, uno de los paquetes más generosos de privilegios regulatorios que cualquier operador entrante haya obtenido en América Latina. 

Accedió a fibra troncal subsidiada por dos décadas, a espectro asignado bajo reglas diseñadas en parte para protegerla, a acuerdos de compartición con tres de sus potenciales competidores y durante casi cuatro años recibió gratis la terminación de llamadas en la red del operador dominante al que ningún otro régimen regulatorio del mundo había fijado un precio cero. 

Encima de todo eso, cuando la Suprema Corte corrigió el exceso más flagrante, el IFT mantuvo tarifas asimétricas que preservaban el núcleo del subsidio.

Y sin embargo, los datos muestran que Telefónica México no prosperó en ningún momento de ese periodo. 

Su pico histórico de ingresos ocurrió antes de que la reforma entrara en vigor. Su participación en banda ancha móvil nunca superó 19% y cayó continuamente desde 2016. 

Sus ingresos cayeron 51% entre 2015 y 2019, justo cuando más privilegios acumulaba. 

En 2019 tuvo que admitir, con la devolución del espectro y la migración a la red de AT&T, que ni siquiera el subsidio regulatorio le alcanzaba para sostener una red propia. 

Los seis años siguientes fueron de administración defensiva de un activo en declive, hasta que el 7 de abril de 2026 el grupo español formalizó su salida por 450 millones de dólares, aproximadamente un cuarto del valor anual de los ingresos que Movistar México generaba en 2010.

Todo lo anterior, tiene una implicación importante. El régimen asimétrico de la reforma 2013-14 no fracasó en mantener a Telefónica en México porque le faltaran elementos o porque “faltara tiempo” o por el costo de los derechos de espectro que bien pueden ser menores que los beneficios regulatorios que Telefónica recibió durante su estancia en México, tres defensas comunes. 

Fracasó porque el beneficiario al que se le otorgó el subsidio regulatorio más generoso no tenía un modelo de negocio que pudiera convertirlo en valor económico. 

Movistar competía, en buena medida, en las oficinas de los reguladores y en los procesos judiciales, no en el mercado. 

Cuando el régimen asimétrico se agotó en las nuevas dádivas que aparecieron —Bait, los OMV de nueva generación, las plataformas Cloud-native como la que ahora adquiere sus activos—, sus operaciones colapsaron.

Los nuevos propietarios —OXIO, una plataforma de telecom-as-a-service en la Nube— apuestan precisamente por ese otro modelo: infraestructura ligera, eficiencia operativa, márgenes delgados, diferenciación por software. 

Si la apuesta funciona, será una segunda confirmación de lo mismo: el mercado mexicano de telecomunicaciones tiene espacio para competir sin subsidios regulatorios ni adjudicaciones preferenciales. Lo ha tenido todo el tiempo. 

Lo que faltó, durante años, fue autoridades reguladoras que lo reconocieran.

Que la salida de Telefónica coincida con el auge de operadores que nunca necesitaron esos privilegios para prosperar debería decirnos algo sobre qué tipo de regulación efectivamente abre mercados y cual sólo redistribuye rentas entre actores seleccionados. 

La reforma de 2013-14 fue el experimento regulatorio más intrusivo ensayado en América Latina. Su principal beneficiario acaba de vender su operación a precio de saldo. 

Los datos contaban esta historia desde hace años; solo tenían que agotarse por no poder competir ante operadores de mayor innovación y preferencia del usuario.

Nota metodológica

Sobre la serie de ingresos. La serie 2008-2023 se construyó a partir de los catorce reportes Form 20-F de Telefónica, S.A. presentados ante la U.S. Securities and Exchange Commission (CIK 0000814052), extrayendo las cifras de la tabla de ingresos por segmento geográfico dentro del Item 5 (Operating and Financial Review and Prospects). 

Para cada año se utilizó la cifra del 20-F más reciente que reportara ese año, que es el estándar cuando se trabaja con filings sujetos a reformulaciones. 

Para 2024 se utilizó la cifra reportada por Telefónica en su comunicado Q4 2024 y confirmada por el informe integrado de Telefónica Hispanoamérica. 

Para 2025 se utilizó el comunicado oficial de Telefónica Movistar México del 24 de febrero de 2026. Las tres fuentes reportan la misma métrica: ingresos totales del segmento país en euros consolidados.

Sobre los cambios de segmentación, Telefónica reorganizó sus segmentos reportables dos veces durante el periodo: en 2014 reclasificó al Reino Unido, y circa 2017 dividió Telefónica Latin America en Telefónica Brasil y Telefónica Hispanoamérica. 

Estas reorganizaciones afectan la comparabilidad de los subtotales regionales, pero no afectan la línea de ingresos del país México, que se reporta consistentemente al nivel de país en todas las presentaciones.

Sobre el delisting de NYSE, Telefónica anunció en 2021 la cancelación de su programa de ADRs y el delisting de la Bolsa de Nueva York, pero continuó presentando Form 20-F hasta el ejercicio 2023 (el último 20-F con información del segmento país México). Para 2024-2025 la fuente primaria pasa a ser el informe integrado y los comunicados al mercado.Sobre la decisión de mantener la serie en euros reportados, deliberadamente se conservó la serie en euros reportados, como aparece en los filings, sin convertir a pesos mexicanos ni ajustar por inflación. Esto es deliberado cuando Telefónica hablaba a sus inversionistas del mercado mexicano en sus 20-F.