Telecomunicaciones y economía digital ganan un nuevo marco en el acuerdo Mercosur–UE

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea dedica una subsección completa a las telecomunicaciones y otra al comercio electrónico, estableciendo un conjunto detallado de obligaciones regulatorias, salvaguardas y excepciones nacionales que afectan directamente a operadores de red, proveedores de servicios digitales, empresas de software, proveedores e inversores en infraestructura.

En lo que respecta a las telecomunicaciones, el acuerdo define los principios del marco regulatorio aplicable a redes y servicios, excluyendo explícitamente la radiodifusión, pero dejando claro que las redes utilizadas también para servicios públicos de telecomunicaciones deben cumplir las reglas del acuerdo. Cabe destacar que los compromisos establecidos se apoyan en las normas y buenas prácticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

De este modo, el texto preserva, ante todo, la soberanía regulatoria de los países al afirmar que ninguna Parte está obligada a autorizar la construcción u operación de redes más allá de lo previsto en sus compromisos específicos.

Así, el documento busca fortalecer el papel de las autoridades reguladoras, que deben ser “jurídicamente distintas y funcionalmente independientes” de los prestadores de servicios, con decisiones imparciales, transparentes y sujetas a recurso ante instancias nacionales independientes. Las tasas de licenciamiento deben ser “razonables” y no pueden, por sí solas, restringir la oferta de servicios, dejando claro que ello no incluye los valores pagados en subastas de espectro ni las contribuciones a fondos de servicio universal.

Y hablando de espectro, otro punto relevante para las operadoras es el tratamiento de los recursos escasos, la numeración y los derechos de paso. El acuerdo exige que estos recursos se asignen de manera objetiva, transparente y no discriminatoria, y que los países divulguen, siempre que sea posible, la situación de las bandas de frecuencia asignadas (con excepción de usos gubernamentales específicos).

El texto también preserva la autonomía de los países para definir sus obligaciones de servicio universal, siempre que se administren de forma transparente y proporcional, y establece compromisos sobre la confidencialidad de las comunicaciones y de los datos de tráfico, evitando que estas reglas se utilicen como barreras encubiertas al comercio de servicios.

Otro punto importante para consumidores y operadoras se refiere al roaming internacional. Los bloques se comprometen a cooperar en materia de transparencia y razonabilidad de las tarifas —no a su eliminación—, con el fin de garantizar que los servicios tengan una calidad similar a la ofrecida a los clientes domésticos.

Competencia

En materia de competencia, el acuerdo obliga a las Partes a adoptar medidas contra prácticas anticompetitivas de proveedores dominantes, incluido el abuso de posición de mercado. Existen disposiciones específicas sobre el acceso a instalaciones esenciales, que exigen que los proveedores principales garanticen dicho acceso “en condiciones razonables y no discriminatorias”, incluso en lo relativo a tarifas, estándares técnicos y calidad.

De este modo, la interconexión de redes se trata como un derecho de los prestadores autorizados, preferentemente mediante negociación comercial, pero con la posibilidad de intervención regulatoria y resolución de disputas por parte de órganos independientes. Los proveedores dominantes deben hacer públicas sus ofertas de referencia o acuerdos de interconexión, aumentando la transparencia del mercado.

En el caso específico de Uruguay, el texto explicita que estas obligaciones se aplican a todos los proveedores, y no sólo a los considerados dominantes. La salvedad en nota al pie se debe a que Uruguay mantiene una estructura singular, en la cual Antel, empresa estatal, desempeña un papel central y dominante en la provisión de servicios y en la operación de infraestructura esencial.

Electroelectrónica, software y servicios digitales

Además de las telecomunicaciones, el acuerdo dedica una subsección específica al comercio electrónico, también bajo el paraguas de la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional). Entre los compromisos se encuentran la prohibición de aranceles aduaneros sobre transmisiones electrónicas, el principio de que no debe exigirse autorización previa únicamente por el hecho de que un servicio se preste por medios digitales, y el reconocimiento de la neutralidad tecnológica.

Al mismo tiempo, el texto preserva el derecho de los países a adoptar políticas públicas en áreas como la protección de datos, la seguridad y la defensa del consumidor.

La Asociación Brasileña de Empresas de Software (ABES) evalúa que el acuerdo “representa una oportunidad relevante para el sector brasileño de tecnología de la información, especialmente en software y servicios digitales, al ampliar el acceso a mercados, fortalecer asociaciones tecnológicas y aumentar la previsibilidad regulatoria”.

Rodolfo Fücher, vicepresidente del consejo de la ABES, destacó que “el impacto positivo, sin embargo, dependerá de la forma en que se implemente el acuerdo, incluidas reglas claras sobre servicios, propiedad intelectual, compras públicas y flujos digitales”.

La ABES también señala que el acuerdo “tiende a aumentar la competencia en el mercado brasileño, con empresas europeas compitiendo de forma más intensa por clientes y contratos en el país”. Para Fücher, este movimiento exige avances estructurales en Brasil, como la reducción del costo Brasil, mayor seguridad jurídica, simplificación tributaria y la modernización de las normas laborales para la realidad de la economía digital.

En la evaluación de Omdia, en Argentina, el acuerdo va más allá del comercio y funciona como un vector de transformación económica. “El acuerdo Mercosur–UE es un facilitador clave del desarrollo digital de la región. Para los países del Mercosur, abre mercados para servicios digitales y crea un marco más previsible para atraer inversiones en conectividad e infraestructura”, afirma Sonia Agnese, analista principal sénior para América Latina de la consultora.

Según la analista, el texto crea condiciones para “integrarse en cadenas globales de valor y avanzar desde economías basadas en commodities hacia modelos de mayor valor agregado, apoyados en tecnología y servicios”.

Colaboró Nicolás Larocca