Máquinas de fax, grabadoras de casete, líneas telefónicas fijas, cámaras con rollo, etc., todos estos dispositivos han quedado en el olvido ante el inminente desarrollo tecnológico.
Y ahora en Costa Rica, así como en otros países, sería el turno de los taxis para transformarse o desaparecer.
No se trata solo del impacto de Uber, sino de una variedad de opciones de transporte personal, incluidas Beego, InDriver y, próximamente, Boon Rides.
Los taxistas, que siguen manifestándose en la calle, buscan la compensación por los ingresos afectados, así como la igualdad de condiciones entre los oferentes de servicio de transporte.
En lo que a la compensación se refiere, se trataría de los ingresos perdidos a raíz de la competencia, sobre todo de Uber, que opera en un limbo legal desde agosto del 2015.
Por otro lado, el único monto pagadero por los taxistas al Estado es el canon anual que cancelan al Gobierno de casi ¢96 mil.
En cuanto a la igualdad, los servicios digitales estarían dispuestos a aceptar las mismas condiciones operativas que los taxistas, sobre todo la Revisión Técnica Vehicular (RTV) dos veces al año, y los seguros adecuados para los pasajeros.
Quedaría el tema de la tarifa, actualmente fijada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para los taxis.
Sin embargo, habría poca necesidad para esa fijación en un mercado competitivo; esto porque aplicaciones como InDriver le permiten al usuario y al chofer negociar cada servicio entre ellos mismos.
La más reciente aplicación en iniciar operaciones en Costa Rica – en abril anterior- fue InDriver, plataforma que opera mediante la modalidad de subasta, pues el pasajero dice cuánto es lo máximo a pagar por un viaje.
Seis meses antes fue Beego, una empresa de capital francés que escogió a Costa Rica como punta de lanza para Latinoamérica; esta ya cuenta con más de cuatro mil conductores registrados.
Uber, la plataforma más grande de todas, abrió el camino de las aplicaciones de transporte en Costa Rica hace casi cuatro años; desde entonces registra más de 22 mil socios conductores y unos 738 mil usuarios.
Mientras tanto, la creación de un proyecto de ley que regule la operación de estas plataformas se encuentra estancada en la Asamblea Legislativa, tras seis meses de discusión, ya que no existe vialidad política a la iniciativa presentada por el Gobierno en enero.