La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso elevar los aranceles a la importación de productos brasileños a una tasa del 25% al acusar al país sudamericano por prácticas desleales, desde prácticas comerciales injustas contra productos norteamericanos hasta deforestación.

Según un comunicado de la USTR, la propuesta surge de una investigación iniciada en julio de 2025 por dirección del presidente Donald Trump, a partir de la cual se identificaron seis áreas problemáticas: comercio digital y servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales injustos, aplicación de leyes anticorrupción, protección de propiedad intelectual, acceso al mercado de etanol y deforestación ilegal.

El embajador Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, señaló que aunque se han mantenido “varias reuniones constructivas” entre el presidente Trump y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “continuamos teniendo diferencias sustanciales en la resolución de los problemas identificados en esta investigación”.

Entre las prácticas cuestionadas destaca que tribunales brasileños han emitido “órdenes secretas” para obligar a empresas estadounidenses de redes sociales a eliminar contenido político y suspender perfiles de residentes estadounidenses, en ocasiones fuera de Brasil, y prohibir a las plataformas divulgar estas órdenes.

Además, el país ha impuesto multas significativas por incumplimiento y ha favorecido a su “campeón nacional” en servicios de pago electrónico. Pix, el sistema de pagos electrónicos creado por el Banco Central de Brasil, se ha mantenido como un objetivo de disputa entre Estados Unidos y Brasil, ya que el primero acusa que el sistema recibe un trato especial, disminuyendo la preferencia por los gigantes globales Visa y Mastercard.

Esta plataforma se ha consolidado como el medio de pago más importante de Brasil, siendo utilizado por más de 170 millones de adultos y 20 millones de empresas. Según datos de Ebanx, la plataforma se convertiría en el sistema de pagos dominante en comercio electrónico hacia 2028, cuando capture la mitad de transacciones realizadas en este segmento.

La USTR también señala que Brasil otorga tratamiento arancelario preferencial a cientos de productos mexicanos e indios mediante acuerdos comerciales de alcance parcial, mientras que desde 2017 discontinuó abruptamente su tratamiento arancelario equilibrado del etanol estadounidense.

Otras preocupaciones incluyen la insuficiente aplicación de leyes contra la corrupción, el soborno y la piratería; demoras excesivas en el examen de solicitudes de patentes, particularmente biofarmacéuticas; y la persistencia de deforestación ilegal pese a contar con un marco legal para combatirla.

La USTR ha abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 1 de julio de 2026, y celebrará una audiencia sobre la acción propuesta el 6 de julio de 2026. Las solicitudes para comparecer en la audiencia deben presentarse antes del 22 de junio.

Trump había impuesto un arancel del 10% a los productos brasileños a partir del llamado día de la liberación, cuando anunció aranceles generales en contra de múltiples socios comerciales. El arancel, como la principal arma de negociación del presidente estadounidense, fue elevado a 50% al acusar a Brasil de persecución política en contra del expresidente Jair Bolsonaro.

A pesar de que habían llegado a un acuerdo comercial en agosto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) amenazó con imponer tasas, restricciones y sanciones contra las empresas europeas en respuesta a las recientes regulaciones, multas e impuestos de la Unión Europea que afectan a los proveedores estadounidenses en el Viejo Continente.

La advertencia pone la tregua comercial entre Washington y Bruselas sobre la cuerda floja. Si la escalada continúa, podría ser el inicio de una guerra arancelaria que afectaría severamente a las empresas como SAP, Siemens, Spotify, Capgemini o Accenture.

A través de su cuenta oficial de X, la USTR dijo que la Unión Europea (UE) y ciertos Estados miembros han insistido “en un curso continuo de demandas, impuestos, multas y directivas discriminatorias y acosadoras contra los proveedores de servicios estadounidenses”.

Si la situación continúa, la Oficina afirmó que no le queda más remedio que comenzar a utilizar todas las herramientas a su disposición para contrarrestar estas “medidas irrazonables”, lo que daría paso a tasas, restricciones y sanciones para los servicios prestados por las compañías de origen europeo.

Incluso, la USTR aseguró que Estados Unidos adoptará un enfoque similar con otros países que sigan una estrategia similar a la de la Unión Europea en este ámbito.

En especial, al gobierno estadounidense le molestan la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA) adoptadas por la UE, además de los impuestos a los servicios digitales (tasas Google) que varios Estados miembros han adoptado.

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Para Estados Unidos, estas medidas son “directivas discriminatorias” diseñadas para frenar la competitividad de sus empresas, las cuales —según el gobierno de Donald Trump— sostienen millones de empleos y aportan más de 100,000 millones de dólares en inversión directa en Europa.

Washington señaló directamente a las grandes empresas de Europa que, según el gobierno, se benefician del acceso abierto al mercado estadounidense: SAP, Accenture, Capgemini, DHL, Amadeus, Mistral AI, Spotify, Publicis y Siemens.

A este escenario se suma la tensión con el Reino Unido. De acuerdo con informes de la BBC y The New York Times, las negociaciones sobre el Acuerdo de Prosperidad Tecnológica entre EE. UU. y el gobierno británico se han estancado debido a las preocupaciones de Estados Unidos sobre lo que considera barreras comerciales más amplias en el país europeo.

Pese a que el Reino Unido ya no forma parte de la UE, su alineación con políticas de fiscalidad digital similares ha puesto a las empresas británicas en una posición vulnerable frente a posibles contrasanciones de Washington.

Sin embargo, el gobierno británico asegura que las conversaciones se mantienen abiertas y se dice seguro de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Asociaciones que representan a gigantes tecnológicos de Estados Unidos enviaron manifestaciones a la Oficina del Representante Comercial (USTR) señalando preocupaciones con el ambiente regulatorio brasileño. La CCIA, la CTA y el ITI –que reúnen a empresas como Google, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia y OpenAI– afirman que decisiones recientes del STF, del Congreso, de la Anatel y del Banco Central han creado barreras de entrada, elevado costos de compliance y amenazan la operación de servicios digitales en el país.

En el caso de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), las críticas se concentraron en la decisión de ampliar la responsabilidad de los marketplaces sobre productos vendidos por terceros. Según la CCIA (Computer and Communications Industry Association), la norma inhibe la participación de plataformas internacionales, al imponer riesgos desproporcionados sobre bienes que ellas no producen ni controlan.

La Anatel considera la medida como una forma de reducir la venta de productos no homologados, ya que gran parte de ellos representan un riesgo para la ciberseguridad. Además, en el caso de las TV box, no sólo funcionan como herramienta de robo de datos, sino que también interceptan ilegalmente transmisiones de TV por suscripción y piratean contenidos de plataformas de streaming.

El ITI (Information Technology Industry Council), por su parte, recalcó que la medida genera cargas excesivas de compliance para compañías extranjeras, dificultando su competitividad. En tanto, X, de Elon Musk, envió una manifestación propia.

La plataforma alegó que decisiones de la Justicia brasileña ignoran el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT) entre Brasil y Estados Unidos, obligan a subsidiarias locales a entregar datos de usuarios extranjeros y ponen en riesgo la libertad de expresión. X también criticó órdenes del Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendieron perfiles y bloquearon valores de Starlink, calificando el ambiente regulatorio y judicial como “deteriorado”.

Las entidades también reclamaron la decisión del STF que flexibilizó el artículo 19 del Marco Civil de Internet, exigiendo el retiro de contenidos ilícitos incluso sin orden judicial; el proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial en análisis en el Congreso, acusado de privilegiar soluciones nacionales en detrimento de ofertas extranjeras; y el rol del Banco Central en el mercado de pagos, considerado un competidor desleal por administrar Pix y, al mismo tiempo, regular el sector.

Investigando a Brasil

Además de las críticas regulatorias, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició una investigación formal cuestionando prácticas comerciales desleales de Brasil. La investigación abarca, entre otros puntos, el sistema de pagos instantáneos Pix, desarrollado por el Banco Central de Brasil.

El USTR alega que el modelo público y gratuito de Pix crea condiciones desleales de competencia para empresas estadounidenses, al reducir los costos de transacción para consumidores y comerciantes, mientras impone tarifas más altas para alternativas privadas como Apple Pay y Google Pay.

El 18 de agosto, el gobierno brasileño presentó su respuesta oficial al USTR. En el documento, Brasilia rechaza las acusaciones, afirma que el país no adopta políticas discriminatorias, injustificadas ni restrictivas, y sostiene que todas las iniciativas cuestionadas forman parte del ejercicio legítimo de la soberanía regulatoria, orientadas a la protección de los consumidores, a la integridad digital y a la competencia.

El texto también destaca que no existe base jurídica ni fáctica para la apertura de sanciones comerciales, recordando que Brasil cumple con sus obligaciones internacionales en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y que el comercio bilateral ha sido superavitario a favor de Estados Unidos.

En apoyo, la Abinee (Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica) envió una carta reiterando la posición de la CNI (Confederación Nacional de la Industria). Las entidades rechazaron las acusaciones de prácticas desleales y recordaron que el comercio bilateral ha sido superavitario para EE.UU., cuyo déficit registró US$ 1,3 mil millones a favor de Brasil en el primer semestre de 2025.

Associações que representam gigantes da tecnologia dos Estados Unidos enviaram manifestações ao Escritório do Representante Comercial (USTR) apontando preocupações com o ambiente regulatório brasileiro. A CCIA, a CTA e o ITI –que reúnem empresas como Google, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia e OpenAI– afirmam que decisões recentes do STF, do Congresso, da Anatel e do Banco Central criaram barreiras de entrada, elevaram custos de compliance e ameaçam a operação de serviços digitais no país.

No caso da Anatel, as críticas se concentraram na decisão de ampliar a responsabilidade de marketplaces sobre produtos vendidos por terceiros. Segundo a CCIA (Computer and Communications Industry Association), a regra inibe a participação de plataformas internacionais, ao impor riscos desproporcionais sobre bens que elas não produzem ou controlam. 

A Anatel vê a medida como uma forma de reduzir a venda de produtos não homologados, uma vez que boa parte deles representam um risco à cibersegurança. Além disso, no caso das TV box, elas não apenas servem como ferramenta de roubo de dados, como também interceptam ilegalmente transmissões de TV por assinatura e pirateiam conteúdos de plataformas de streaming

O ITI (Information Technology Industry Council), por sua vez, reforçou que a medida gera encargos excessivos de compliance para companhias estrangeiras, dificultando sua competitividade. Já o X (antigo Twitter), de Elon Musk, enviou manifestação própria. 

A plataforma alegou que decisões da Justiça brasileira ignoram o Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) entre Brasil e Estados Unidos, forçam subsidiárias locais a entregar dados de usuários estrangeiros e colocam em risco a liberdade de expressão. O X também criticou ordens do STF que suspenderam perfis e bloquearam valores da Starlink, classificando o ambiente regulatório e judicial como “deteriorado”.

As entidades também reclamaram da decisão do STF que flexibilizou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, exigindo a retirada de conteúdos ilícitos mesmo sem ordem judicial; o projeto de lei sobre inteligência artificial em análise no Congresso, acusado de privilegiar soluções nacionais em detrimento de ofertas estrangeiras; e o papel do Banco Central no mercado de pagamentos, considerado um competidor desleal por administrar o PIX e, ao mesmo tempo, regular o setor.

Investigando o Brasil

Além das críticas regulatórias, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) iniciou uma investigação formal questionando práticas comerciais desleais do Brasil. A investigação abrange, entre outros pontos, o sistema de pagamentos instantâneos Pix, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. 

O USTR alega que o modelo público e gratuito do Pix cria condições desleais de concorrência para empresas americanas, ao reduzir custos de transação para consumidores e comerciantes, enquanto impõe taxas mais altas para alternativas privadas como Apple Pay e Google Pay

Em 18 de agosto, o governo brasileiro apresentou sua resposta oficial ao USTR. No documento, Brasília rejeita as acusações, afirma que o país não adota políticas discriminatórias, injustificáveis ou restritivas, e sustenta que todas as iniciativas contestadas fazem parte do exercício legítimo da soberania regulatória, voltadas à proteção de consumidores, à integridade digital e à concorrência. 

O texto também destaca que não há base jurídica nem factual para a abertura de sanções comerciais, lembrando que o Brasil cumpre suas obrigações internacionais no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio) e que o comércio bilateral tem sido superavitário em favor dos Estados Unidos.

Em apoio, a Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) divulgou carta reiterando a posição da CNI (Confederação Nacional da Indústria). As entidades rejeitaram as acusações de práticas desleais e lembraram que o comércio bilateral tem sido superavitário para os EUA, cujo déficit registrou US$ 1,3 bilhão para o Brasil no primeiro semestre de 2025.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) anunció que impondrá un arancel del 25 por ciento sobre los bolsos, cosméticos y jabones fabricados en Francia, valorado en 1.3 mil millones de dólares, como represalia al impuesto digital francés sobre los gigantes de Internet estadounidenses.

Sin embargo, el USTR dijo que retrasó la aplicación de los aranceles hasta por seis meses, y declaró que también podrían entrar en vigencia antes del tiempo acordado.

Un importante grupo de tecnología de Estados Unidos aplaudió la acción del USTR. “La acción de hoy envía un fuerte mensaje de que los impuestos discriminatorios dirigidos a las empresas estadounidenses no son un camino para modernizar el sistema tributario global”, dijo Matt Schruers, presidente de la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA), en un comunicado.

El USTR afirma que la cifra de los aranceles anunciados refleja el valor de las transacciones digitales de Estados Unidos cubiertas por el impuesto digital del 3 por ciento de Francia, que se estima en un valor de 15 mil millones de dólares por año. Esta es la cantidad de impuestos que Francia podrá recolectar de compañías estadounidenses.

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Estados Unidos piensa que el impuesto francés es injusto porque se dirige a las grandes compañías de Internet de Estados Unidos como Facebook, Google y Amazon. No obstante, otros países también están decididos a encontrar una forma de recaudar ingresos de empresas que ganan miles de millones de dólares en sus mercados.

Otros nueve países también están siendo investigados por el USTR debido a su intención de imponer nuevos impuestos a los servicios digitales. Entre estos países se encuentran Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, España, Turquía y el Reino Unido.

Se completó la primera parte de la investigación realizada por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), la cual concluyó que el Impuesto de Servicios Digitales (DST, por sus siglas en inglés) de Francia discrimina a las compañías estadounidenses, además de ser incompatible a los principios de la política fiscal internacional.

En específico, la investigación indicó que el impuesto francés discrimina a compañías digitales como Google, Apple, Facebook y Amazon, además de ser inusualmente costoso para estas empresas por apuntar a los ingresos y no a las ganancias, por ser retroactivo y por el propósito de penalizar a dichas empresas de tecnología.

El embajador Robert Lighthizer advirtió que “la decisión de la USTR envía una señal clara de que Estados Unidos tomará medidas contra los regímenes fiscales digitales que discriminan o imponen cargas indebidas a las empresas estadounidenses”.

De hecho, la administración de Donald Trump no se hizo esperar, y está proponiendo aranceles sobre las importaciones francesas por un valor de 2.4 mil millones de dólares en productos como el queso, lápiz labial, bolsos y el vino espumoso.

Francia se ha defendido y aseguró estar en contacto con la Unión Europea para que, en caso de nuevos aranceles estadounidenses, exista “una respuesta europea, una respuesta fuerte”, indicó el Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, a Radio Classique. Añadió que “este no es el comportamiento que uno espera de Estados Unidos con respecto a sus principales aliados, Francia y Europa en general”, porque lo que se busca evitar un patrón de “sanciones y represalias”.

Un funcionario francés aseguró que su país disputará los hallazgos de la Agencia de Comercio, repitiendo la afirmación de París acerca de que el impuesto digital no está dirigido específicamente a las empresas tecnológicas estadounidenses. “No renunciaremos a los impuestos” de las empresas digitales, concluyó el funcionario.

El impuesto francés de un 3 por ciento se aplica a los ingresos de los servicios digitales obtenidos por empresas con más de 25 millones de euros (27.86 millones de dólares) en ingresos franceses y 750 millones de euros en todo el mundo.

Pero esto no acaba ahí, ya que la USTR investigó el impuesto francés bajo la Sección 301, misma disposición que se investigó el año pasado para analizar las políticas tecnológicas de China. Y Lighthizer adelantó la posibilidad de realizar investigaciones similares sobre impuestos digitales en Austria, Italia y Turquía.

El aviso solicita comentarios del público sobre la acción propuesta por la USTR, tanto por los aranceles adicionales de hasta el 100 por ciento sobre ciertos productos, como sobre la opción de imponer tarifas o restricciones a los servicios franceses. Dichos comentarios deben presentarse antes del 6 de enero de 2020 y tendrá una audiencia pública al siguiente día.