El costo promedio de un ataque a una organización gubernamental es de alrededor de 4 millones de dólares, dijo Santiago Paz, especialista en ciberseguridad del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en una audiencia pública de la subcomisión de ciberseguridad del Senado de Brasil, este martes 9, junto a representantes de Google y Trillex.

Según Paz, España tuvo en el último año alrededor de 100 mil incidentes, lo que generó pérdidas de miles de millones de dólares. Brasil sufrió más del triple sólo en el último semestre de 2023: 357 mil 422 ataques, según el último Informe de Inteligencia de Amenazas de NetScout. Las telecomunicaciones inalámbricas fueron las más afectadas, con 82 mil 065 ataques en el período.

Cuando se trata del gobierno, la necesidad de estrategias antiataques cibernéticos es aún más crítica, subrayó. “Brasil es el segundo mejor país del mundo en gobierno digital, pero también tiene un nivel de exposición muy alto y ustedes pueden mejorar”, destacó a los senadores presentes.

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El especialista citó el ejemplo de la normativa europea NIS 2, que define 18 sectores críticos para la seguridad cibernética y cómo la adopción de un sistema similar, priorizando la defensa digital, podría haber sido determinante para Colombia cuando el país sufrió un ataque ransomware a la Nube del gobierno.

La Nube tenía 50 organismos instalados en la misma infraestructura de un proveedor privado, el cual incluía la Justicia y servicios esenciales como salud, lo que impactó significativamente estos servicios, paralizándolos durante días.

Para Paz, incidentes como estos pueden alertar a Brasil y a los demás países latinoamericanos sobre la necesidad de elaborar estrategias adaptables y flexibles en ciberseguridad, incluyendo la cooperación público-privada e internacional, así como la creación de una fuerza laboral calificada en este sector.

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Jorge Blanco, director de seguridad de la información en Google, también refuerza la necesidad de retener profesionales calificados y sugirió la promoción de campañas de concienciación pública sobre ciberseguridad, además de formular regulaciones que mantengan el sector robusto y competitivo.

Blanco también destacó que Brasil se ha convertido en una economía objetivo de ataques cibernéticos en América del Sur y criticó la vulnerabilidad del país en este aspecto, amenazando a sus ciudadanos.

“Mientras las amenazas continúan creciendo en sofisticación, la respuesta debe ser igualmente ágil y adaptable. Las inversiones en tecnología, entrenamiento y políticas robustas de seguridad son fundamentales para proteger la información y las infraestructuras críticas”, concluyó.