El Gigabit Infrastructure Act introduce un cambio significativo para el mercado europeo de infraestructura digital.

Su objetivo es acelerar el despliegue de redes de muy alta capacidad, haciendo que el acceso a la infraestructura física existente sea más fácil, más rápido y menos costoso. 

En lugar de duplicar obras civiles y activos pasivos, los operadores deberían poder utilizar infraestructura que ya existe, siempre que sea técnicamente viable y económicamente razonable.

Aquí es donde las empresas de torres adquieren una relevancia directa.

El Act incluye expresamente infraestructura física como mástiles, torres, postes e instalaciones de antenas. 

Esto significa que las tower companies ya no son únicamente propietarias de infraestructura pasiva y proveedores neutral-host. En determinadas circunstancias, también pueden quedar dentro de un marco regulatorio de acceso.

El cambio clave es que el acceso a la infraestructura física existente debe otorgarse en términos y condiciones justos y razonables, incluido el precio.

Esto no significa que las empresas de torres sean automáticamente tratadas como operadores dominantes tradicionales de telecomunicaciones. Tampoco significa que sus contratos sean cancelados o reescritos por ley. 

Pero sí introduce una nueva disciplina regulatoria: el precio de acceso a la infraestructura de torres puede ser evaluado frente a un estándar de justicia y razonabilidad.

Por lo tanto, la pregunta central cambia.

Ya no es únicamente: ¿qué precio fue acordado comercialmente?

También puede convertirse en: ¿ese precio es justo y razonable bajo un marco regulatorio de acceso?

Si un principio similar se aplicara en México, el impacto podría ser significativo.

México no es un mercado sin contratos marco en el sector de torres. Al contrario, documentos públicos muestran que ya existen master agreements y master lease agreements en el mercado mexicano. 

Telesites/Opsimex ha reportado contratos marco con Telcel, Grupo Iusacell y Movistar, así como acuerdos de sitio con Telcel. Otros operadores de torres también han reportado master lease agreements en México, incluidos Tower One Wireless con AT&T México y Altán Redes.

Esto importa porque un principio de acceso inspirado en el Gigabit Act no operaría en un vacío contractual. Interactuaría con un marco ya existente de contratos marco, master lease agreements, acuerdos de sitio, cuotas de uso, ajustes anuales, términos de co-ubicación y compromisos comerciales de largo plazo.

El impacto, por lo tanto, sería concreto.

México ya tiene un mercado de telecomunicaciones complejo con obligaciones de compartición de infraestructura y una transición institucional relevante. 

Históricamente, el acceso a infraestructura pasiva ha sido discutido principalmente desde la óptica de la dominancia y la regulación asimétrica, en particular respecto de América Móvil, Telmex y Telcel.

Un enfoque inspirado en el Gigabit Act sería diferente.

No se concentraría únicamente en determinar si un operador es dominante o preponderante. Introduciría un principio más amplio: cuando el acceso a infraestructura física existente sea relevante para el despliegue de redes, los términos de acceso —incluido el precio— deberían ser justos y razonables.

Eso cambiaría el debate mexicano.

Para las empresas de torres que operan en México, el primer impacto sería una mayor exposición regulatoria. Las tower companies independientes podrían enfrentar un mayor escrutinio sobre sus precios de acceso, aun cuando no sean operadores tradicionales de telecomunicaciones y aun cuando no sean consideradas operadores dominantes. 

El tema ya no estaría limitado al poder de mercado. Pasaría a estar vinculado con el papel de la infraestructura de torres como insumo clave para el despliegue de redes móviles.

El segundo impacto estaría relacionado con los contratos marco y las estructuras de master lease.

En el sector de torres, estos acuerdos son especialmente importantes cuando un operador de telecomunicaciones vende o transfiere activos de torres a una tower company y, al mismo tiempo, firma un acuerdo de largo plazo para seguir utilizando esos activos. 

La empresa de torres adquiere la infraestructura. El operador de telecomunicaciones monetiza el activo, pero permanece anclado a los sitios. El contrato marco define precio, duración, indexación, niveles de servicio, obligaciones de mantenimiento, mecanismos de renovación y otros términos clave.

Para la empresa de torres, este acuerdo no es simplemente un contrato comercial. Con frecuencia es la base económica de la adquisición. Sustenta la valuación, el financiamiento y la previsibilidad de los flujos de caja futuros.

Si un principio de acceso de este tipo se aplicara en México, la existencia de un contrato marco podría ya no ser suficiente, por sí sola, para excluir el escrutinio regulatorio. 

Un operador móvil podría argumentar que, incluso cuando existe un acuerdo de largo plazo, el acceso a la infraestructura de torres debe cumplir con un estándar de precios justos y razonables.

Esto sería un cambio importante.

La pregunta no sería únicamente si el precio fue acordado cuando los activos fueron transferidos o cuando el acuerdo de sitio fue firmado. La pregunta también sería si ese precio todavía puede justificarse bajo una prueba regulatoria de acceso.

Para las empresas mexicanas de torres, esto podría crear un nuevo riesgo de precios. Los ingresos contratados de largo plazo, históricamente tratados como predecibles, podrían volverse más cuestionables si son impugnados como precios de acceso no razonables. Eso no significa que los contratos quedarían invalidados. Pero sí significa que tendrían que ser defendibles.

Las implicaciones financieras podrían ser materiales.

Los activos de torres se valúan sobre la base de flujos de caja previsibles de largo plazo. Si los inversionistas empiezan a considerar que los precios establecidos en los contratos marco pueden ser revisados, impugnados o ajustados bajo un estándar de acceso justo y razonable, podrían aplicar una prima de riesgo más alta a los ingresos de torres en México. 

Esto podría afectar valuaciones, costos de financiamiento, capacidad de apalancamiento y apetito por adquisiciones.

El impacto sería particularmente relevante en transacciones en las que el precio de adquisición pagado por la empresa de torres se basó en los flujos de caja esperados de acuerdos de largo plazo. Si esos flujos se perciben como menos intocables, cambia la tesis de inversión.

Las implicaciones contractuales también serían significativas.

Las empresas de torres en México tendrían que fortalecer sus contratos marco, no sólo desde el punto de vista legal, también económico. Ya no bastaría con establecer el precio. El precio tendría que justificarse.

Eso implica documentar costos de adquisición de sitios, costos de construcción y mantenimiento, obligaciones de energía y seguridad, calidad del servicio, compromisos de SLA, asignación de riesgos, mecanismos de inflación, supuestos de ocupación, escasez de sitios, relevancia para la cobertura y valor entregado al operador móvil.

El contrato marco se convertiría no sólo en un escudo contractual, también en un expediente de evidencia regulatoria.

También podría haber un efecto positivo sobre la competencia y el despliegue.

Un marco de acceso justo y razonable podría facilitar que los operadores móviles utilicen infraestructura pasiva existente en lugar de duplicar torres o enfrentar costos de acceso excesivos. Esto podría reducir costos de despliegue, acelerar la densificación 5G y mejorar la cobertura, especialmente en zonas desatendidas.

Este punto es particularmente relevante en México, donde los incentivos a la inversión, los costos del espectro y la previsibilidad regulatoria ya han sido temas sensibles. 

México también atraviesa una importante transición institucional: la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión introduce una estructura dual, con la ATDT como órgano de política pública y coordinación y la CRT como regulador técnico.

En este entorno, un nuevo principio de precios de acceso podría apoyar la competencia y la expansión de redes. Pero también podría generar incertidumbre si el estándar de precios no se define con claridad.

Ese es el riesgo institucional.

Si un régimen de acceso similar se introdujera en México durante esta transición regulatoria, la previsibilidad sería crítica. Los inversionistas necesitarían saber quién decide las controversias de acceso, qué metodología se utiliza para evaluar precios justos y razonables, si los contratos marco existentes están protegidos y cómo el regulador equilibra la reducción de costos de despliegue con los incentivos a la inversión.

La cuestión no es sólo qué estándar se adopta, sino quién lo aplica, con qué independencia, con qué metodología y con qué grado de estabilidad institucional.

Sin lineamientos claros, el resultado podría ser incertidumbre en lugar de eficiencia.

El equilibrio estratégico entre operadores móviles y empresas de torres también cambiaría.

Los operadores móviles podrían obtener una nueva herramienta para impugnar precios de acceso a torres. Podrían argumentar que el acceso a infraestructura pasiva es esencial para el despliegue de redes y que los precios incorporados en contratos marco existentes, especialmente aquellos firmados después de transferencias de activos o relacionados con acceso de largo plazo a sitios, deberían evaluarse bajo un estándar de justicia y razonabilidad.

Las empresas de torres tendrían que responder con evidencia, no sólo con lenguaje contractual. Tendrían que demostrar que sus precios reflejan inversión real, obligaciones operativas, riesgo, escasez de sitios, calidad del servicio y valor de infraestructura de largo plazo.

El impacto general sobre México sería, por lo tanto, de doble filo.

Del lado positivo, un principio de acceso inspirado en el Gigabit Act podría reducir costos de despliegue de redes, mejorar la compartición de infraestructura, acelerar el despliegue 5G y apoyar la competencia. Podría ayudar a los operadores móviles a ampliar cobertura de manera más eficiente, usando infraestructura existente en lugar de duplicar activos.

Del lado negativo, si se aplicara sin límites claros, podría debilitar la estabilidad percibida de los ingresos de torres, generar incertidumbre alrededor de los contratos marco existentes, aumentar controversias regulatorias, reducir valuaciones y volver más cautelosos a los inversionistas.

La clave sería el equilibrio.

Si México adoptara un principio de acceso de este tipo, no debería convertirse en un mecanismo general para reabrir todos los contratos marco o reducir todos los arrendamientos de torres. 

Debería limitarse a controversias genuinas de acceso vinculadas con el despliegue de redes. Debería respetar los contratos existentes, permitiendo escrutinio sólo cuando las condiciones de acceso sean demostrablemente irrazonables.

Sobre todo, debería establecer criterios claros sobre qué significa “justo y razonable”.

Para México, la cuestión no sería copiar mecánicamente a Europa. La verdadera pregunta sería cómo utilizar el mismo principio —facilitar el acceso a infraestructura existente— sin socavar el modelo de inversión que hizo atractiva la infraestructura de torres en primer lugar.

La conclusión final es sencilla.

Si la lógica del Gigabit Act se aplicara en México, las empresas de torres no necesariamente serían reguladas como operadores dominantes tradicionales de telecomunicaciones. Pero sí podrían quedar sujetas a una nueva disciplina de precios.

Para las empresas con contratos marco o master lease agreements vinculados a adquisiciones de activos de torres o acceso de largo plazo a sitios, el impacto podría ser especialmente sensible: el contrato seguiría siendo válido, pero el precio podría tener que ser defendible bajo una prueba de justicia y razonabilidad.

Eso cambiaría la economía del mercado mexicano de torres.

El contrato seguiría importando.

Pero el precio tendría que resistir el escrutinio regulatorio.

Radio Camioneros

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó el lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Digital, Telecomunicaciones e Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca posicionar a la provincia como un actor estratégico en materia de conectividad y nuevas tecnologías.

Leer más: https://radiodecamioneros.com.ar/torres-impulsa-un-plan-para-convertir-a-chubut-en-el-nuevo-polo-digital-de-argentina/

Torrecom, desarrollador de infraestructura de telecomunicaciones, consiguió que BID Invest le otorgue un paquete financiero de 140 millones de dólares destinado a fortalecer la capacidad de operación de la firma estadounidense.

Con estos recursos, Torrecom planea robustecer su red, que actualmente abarca más de 2,550 estructuras en países como México, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

La inyección de capital cuenta con el respaldo de diversos actores financieros, incluyendo DEG, Proparco, el Allianz Credit Emerging Markets Fund, ILX Fund y BAC, quienes se han sumado a esta iniciativa liderada por BID Invest. 

De acuerdo con BID Invest, el proyecto tiene como objetivo fundamental optimizar la eficiencia de las redes móviles. Dijo que al fomentar el uso compartido de torres por parte de múltiples operadores, la iniciativa busca reducir costos operativos y liberar recursos para que las empresas del sector puedan acelerar sus inversiones en tecnologías de vanguardia, especialmente en el despliegue de redes 5G.

Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, destacó que este tipo de inversiones son vitales para catalizar la productividad y abrir nuevas avenidas económicas en la región.

“Ampliar el acceso a una infraestructura digital sólida es clave para impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades económicas en América Latina y el Caribe. Iniciativas como esta ayudan a acelerar la innovación, fortalecer la competitividad y respaldar el crecimiento sostenido en la región”, señaló Goldfajn.

Por su parte, Maria Scotti, CEO de Torrecom, subrayó la importancia de esta alianza para atender la creciente demanda de servicios digitales y expandir la infraestructura.

“En Torrecom, estamos comprometidos con la expansión de la infraestructura inalámbrica necesaria para fortalecer la conectividad y respaldar el crecimiento continuo de los servicios digitales en toda América Latina. Vemos importantes oportunidades para extender la infraestructura a mercados donde la demanda de conectividad sigue creciendo, y esperamos trabajar con BID Invest para contribuir al avance de una infraestructura más accesible en la región”, dijo Scotti.

BID Invest añadió que aunque América Latina ha mostrado un avance notable en cobertura 4G, con tasas de penetración superiores al 90%, el salto hacia la tecnología 5G, actualmente bajo 15% de adopción, sigue siendo una asignatura pendiente que requiere inversión constante.

Forbes

El consejo de administración de Telecom Italia (TIM) ha notificado a Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) la rescisión del contrato marco de servicios vigente entre las partes (CMS), relativo al uso y gestión compartida de emplazamientos y torres de telecomunicaciones para sus redes móviles, con efecto a partir de la fecha de vencimiento contractual de agosto de 2030, tras el ejercicio de la cláusula de cambio de control en 2022.

Tras la notificación de rescisión del acuerdo marco de servicios (MSA) con Inwit, presentada recientemente por Fastweb y Vodafone Italia, la compañía ha aclarado además que, en caso de que se determine, ya sea por sentencia judicial o por acuerdo entre las partes, que el cambio de control ocurrido en diciembre de 2020 activó la aplicación de la cláusula contractual pertinente, la presente notificación también se considerará una notificación de rescisión efectiva con respecto a la fecha de vencimiento original del 31 de marzo de 2028.

Leer más: https://forbes.es/economia/898545/telecom-italia-rescinde-su-contrato-marco-de-torres-moviles-con-inwit-a-partir-de-2030/

Fastweb + Vodafone y TIM han firmado un acuerdo no vinculante para la construcción y operación de nuevas torres (infraestructura pasiva) para telefonía móvil en Italia, con el objetivo de construir hasta 6,000 nuevos sitios, lo que permitirá acelerar el despliegue de nuevas tecnologías de conectividad.

El proyecto permitirá a los operadores mejorar la eficiencia operativa y alinear los costes con la media europea, con flexibilidad y control de costos. La iniciativa se implementará inicialmente a través de una empresa conjunta propiedad de Fastweb + Vodafone y TIM, aunque se podría recibir la participación de terceros inversores.

Las actividades de construcción se iniciarán de acuerdo con un plan de desarrollo plurianual. Fastweb + Vodafone y TIM operarán como inquilinos principales de la nueva infraestructura, aunque también se pondrá a disposición de operadores de telecomunicaciones externos sobre la base de un modelo de acceso abierto.

Los participantes afirman que la iniciativa ayudará a fortalecer la sostenibilidad del sector de las telecomunicaciones en Italia. El proyecto está sujeto a las autorizaciones necesarias de las autoridades competentes.

Anatel

Este mês, foi realizada reunião estratégica entre a Procuradoria Geral do Município (PGM), técnicos das Superintendências de Desenvolvimento Urbano (SDUs) e a Gerência da Anatel Piauí com objetivo de debater sobre a modernização do licenciamento de antenas e  infraestrutura de telecomunicações, importante para expansão da tecnologia 5G na capital. No encontro também foi abordado sobre cumprimento da legislação municipal na instalação de torres.

Durante a reunião, o gerente da Anatel Piauí Francisco José Matias da Costa Terceiro, apresentou uma proposta de padronização da Lei de Antenas, enviada pela Agência a diversos municípios brasileiros. De acordo com a Anatel, a chegada do 5G exige um volume significativamente maior de Estações Rádio Base (ERBs) para garantir o funcionamento pleno da tecnologia, o que demanda processos de licenciamento mais ágeis e menos burocráticos.

Representantes das Prefeituras apontaram dificuldades práticas, apesar da legislação de Teresina já estar atualizada. Segundo eles, o principal gargalo reside no descumprimento do Código de Postura do Município por parte das operadoras, especialmente no que diz respeito aos recuos obrigatórios das torres.

Segundo os técnicos das SDUs, as empresas frequentemente instalam equipamentos fora das normas municipais sob a justificativa de que aquele é o único ponto tecnicamente viável para o sinal. O impasse tem gerado uma onda de processos judiciais nos quais as operadoras alegam interesse coletivo e  a Prefeitura relata carência de equipes técnicas para elaborar laudos que contestem os argumentos das prestadoras.

A Anatel esclareceu que sua fiscalização se limita aos equipamentos e aos níveis de radiação emitida, não interferindo na ocupação do solo urbano. “As operadoras devem atender aos códigos municipais, estaduais e federais”, disse o gerente da Agência, reforçando que cabe ao município a gestão sobre onde e como as torres são erguidas. A Anatel também disponibilizou aos gestores municipais acesso a ferramentas de consulta pública, onde é possível monitorar mapas de cobertura, endereços de instalação e níveis de radiações não ionizantes.

No fim da reunião, foi firmado compromisso de uma maior aproximação institucional. O entendimento é que a instalação de sistemas irradiantes deve ser um esforço coordenado entre Prefeitura, Anatel, concessionárias de energia e o Judiciário, garantindo que o avanço tecnológico não ignore o ordenamento urbano de Teresina.

Para América Latina, la compartición de infraestructura es fundamental para ampliar la cobertura, calidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Este nuevo informe de Telecom Advisory Services (TAS) para SBA Communications revela cómo las empresas de torres independientes (towercos) se han convertido en los arquitectos invisibles de la región.

Con más de 217,000 sitios desplegados, el modelo de infraestructura compartida está rompiendo el viejo paradigma de la propiedad exclusiva, permitiendo que los operadores móviles enfoquen su capital donde realmente importa: en la innovación de servicios y la experiencia del usuario.

El estudio analiza cómo los países que apuestan por la compartición pasiva pueden alcanzar una cobertura 4G de 93.03% de su población y velocidades de navegación significativamente superiores. Al democratizar el acceso a las torres, se reducen las barreras de entrada para nuevos competidores, lo que se traduce directamente en precios más bajos para el consumidor y un impulso de hasta 0.41% en el PIB per cápita por el aumento en la penetración de banda ancha.

Mirando hacia el futuro inmediato, el documento también plantea la hoja de ruta para el desembarco masivo de 5G. Ante la necesidad de una densificación de red sin precedentes, el reporte propone una visión sostenible, en la que se integran desde soluciones de energía limpia hasta infraestructuras urbanas camufladas. En ese sentido, este informe es una invitación a reguladores y líderes de la industria para simplificar la burocracia y promover la compartición en beneficio de sociedades más y mejor conectadas.

El informe La industria de torres independiente como facilitador clave del desarrollo de las telecomunicaciones africanas, realizado por Telecom Advisory Services (TAS) para SBA Communications, examina el papel crítico de la industria independiente de torres de telecomunicaciones como catalizador del desarrollo de la industria inalámbrica africana. El documento analiza 14 países africanos (Angola, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia) durante el periodo 2016-2023. Demuestra que la cobertura de 3G ha alcanzado 92.46% de la población africana, mientras que 4G llega al 80.37%, aunque el despliegue de 5G sigue siendo embrionario al 5.05%. Mediante análisis econométricos el estudio busca demostrar cómo la compartición de infraestructura pasiva impacta la adopción de banda ancha móvil, la cobertura de red, la calidad del servicio y la competencia del mercado.

El análisis correlacional y econométrico revela que los países con mayor participación de torres independientes (más del 40% del stock) y mayor densidad de torres (más de 150 por millón de población) exhiben mejor desempeño en indicadores clave: cobertura 4G siendo 8.09 puntos porcentuales más alta, velocidad de descarga 35% más rápida, inversión de capital 130% superior, y precios de servicios 50% más bajos en relación al ingreso per cápita. Más aún, un aumento del 10% en torres independientes genera incrementos del 5.95% en cobertura 4G, 3.29% en adopción de banda ancha móvil, 5.07% en velocidad de descarga, 1.38% en competencia del mercado y 7.82% en asequibilidad de servicios.

El estudio califica como fundamental el desarrollo de un sector de torres independiente para la transformación digital africana, siendo más productiva, inclusiva y sostenible. Identifica 12 iniciativas regulatorias y de política pública necesarias para fortalecer el sector, incluyendo marcos regulatorios específicos para infraestructura pasiva, armonización entre gobiernos centrales y municipios, aprobaciones rápidas de permisos, límites en tasas y aranceles, y regulaciones que prevengan el sobre despliegue. El documento recomienda que los gobiernos africanos adopten las mejores prácticas implementadas en países como Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos, donde existen marcos legales claros que no requieren concesiones para operadores de torres y promueven el compartir infraestructura sin regulación de precios.

Phoenix Tower International (PTI) cerró la compra de Infracos (la joint-venture de Bouygues Telecom y SFR) que gestiona aproximadamente 3,700 sitios móviles en Francia, para reforzar su cartera nacional. 

PTI anunció que la operación eleva su cartera francesa a casi 10,000 sitios y sitúa su huella proforma en más de 33,000 torres a escala global. 

La venta se negoció desde julio de 2025, cuando Bouygues Telecom y SFR entraron en negociaciones exclusivas con PTI para ceder 100% de Infracos, la sociedad que gestiona sitios en zonas de densidad media bajo acuerdos de compartición. 

El acuerdo ya había sido presentado como medida para reducir el endeudamiento de los vendedores.

Los comunicados de las partes especificaron que SFR recibiría aproximadamente 480 millones de euros como parte de la transacción. 

La venta completa una estrategia más amplia de desinversión. Altice France (matriz de SFR) ha usado cesiones de activos similares para recortar deuda, mientras Bouygues buscaba liberar recursos netos estimados en €300-350 millones. 

La operación permite a los operadores concentrarse en servicios y a PTI consolidar presencia en el mercado francés de infraestructuras pasivas.

La operación estuvo sujeta a autorizaciones regulatorias habituales en Francia: control de concentraciones (Autorité de la concurrence), supervisión de ARCEP y eventual control sobre inversiones extranjeras que pueda fijar el gobierno. 

Infracos gestiona tejados, mástiles y otros puntos que alojan antenas compartidas por Bouygues y SFR. Para PTI, el paquete aporta inventario en zonas medio-densas con demanda de 4G/5G y posibilidades de contratos Build-to-Suit (BTS) con operadores. 

La compañía espera integrar los sites en su plataforma y ofrecer servicios de hosting y mantenimiento a los operadores locales. 

La Cámara Chilena de Infraestructura Digital de Chile (Idicam) presentó un estudio, realizado por G&A Consultores, en el que se identifica cómo las condiciones regulatorias actuales y los elevados costos de arriendo de suelo en Chile tienen impacto en la competitividad y eficiencia del mercado de telecomunicaciones. Este costo “se traslada a los operadores y reduce incentivos para nuevas inversiones, encareciendo el servicio y profundizando brechas de conectividad”.

Contexto

En los últimos 10 años, el consumo unitario por dispositivo a escala mundial se multiplicó por 15 (de 1.4 Gb/mes a 21 Gb/mes) y el número de dispositivos conectados a las redes de telecomunicaciones superó los 8,000 millones. En América Latina el tráfico que circula por las redes creció 15 veces (12 veces en Chile) en la última década. Se espera que el crecimiento se mantenga en tasas superiores al 20% anual, lo que conlleva la obligación de operadores a invertir cifras equivalentes a casi el 25% de sus ingresos anuales en el despliegue de infraestructura. 

A esto debe agregarse otro punto importante, agrega el reporte al que tuvo acceso DPL News: las proyecciones de la industria para los próximos años indican que será necesario invertir en una serie de aplicaciones que permitan reorientar las redes hacia un ecosistema “AI-native”, la implementación de la red 5G independientes y de la red 6G, reduciendo las fuentes de ingreso de las operaciones.

En Chile se instalaron, como en otras latitudes, empresas operadoras de infraestructura pasiva que adquirieron portafolios de sitios móviles a los prestadores incumbentes y que se han ido expandiendo. Estas “torreras” operan actualmente, en conjunto, más del 80% de los sitios móviles a nivel nacional, superando los 11.000 sitios. 

El informe destaca resultados positivos que ha traído consigo la ley de Antenas, entre ellos: reducción del impacto ambiental, optimización económica a partir de la compartición de infraestructura, expansión más rápida de redes e impulso a la competitividad y sustentabilidad. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que es necesario avanzar en su revisión, teniendo en cuenta “nuevos desafíos y algunos impactos indeseados para la industria”.

Problemáticas

La hipótesis del reporte es que en el mercado chileno de infraestructura móvil existen zonas y actores que, por diversas razones, tienen incentivos para fijar rentas de arriendo con características monopólicas o distorsionadas respecto al resto del mercado regional, que generan sobrecostos y desincentivos al despliegue de infraestructura; esto afecta negativamente la conectividad nacional. Los resultados surgen de las respuestas a una serie de entrevistas realizadas a incumbentes del mercado de infraestructura digital local.

En este sentido, se identifican las siguientes problemáticas:

• Dependencia. El modelo depende completamente del arriendo del terreno: sin inmueble no hay torre soporte de antenas, y sin esta torre no existe operación móvil. Esto convierte al propietario del terreno en un actor con poder estructural sobre la continuidad del servicio y los costos operativos.

• Escasez. La oferta real de terrenos factibles es, en general, muy baja. La ley de Antenas menciona la instalación de zonas preferentes por parte de los municipios pero no se implementó en casi ningún caso.

• Precio. En lugares en los que la torre y la infraestructura digital no puede trasladarse por razones técnicas, regulatorias, de cobertura, permisos o continuidad del servicio, algunos propietarios exigen rentas desproporcionadas por los terrenos, superando varias veces el promedio nacional.

• Distorsión. Algunos propietarios aplican un mecanismo único en Chile que no se observa en operaciones de otros países de la región, cobrando aumentos por cada nuevo operador que se adosa a la torre, pese a que el contrato ya considera el uso del terreno. Esto es contrario a la co-localización que promueve el regulador.

• Opex. Los operadores han buscado hacerse más eficientes y reducir costos para afrontar inversiones necesarias: “en el caso de las rentas de terrenos se ha producido el efecto inverso, y las rentas han subido por su indexación a las Unidades de Fomento (UF)”.

• Concentración. Se identifica que ciertos actores toman ventaja de su posición negociadora y establecen contratos con rentas elevadas. Esto ocurre especialmente en zonas rurales y semiurbanas.

• Rigidez regulatoria. Actualmente el despliegue de infraestructura digital está sometido a condiciones, requerimientos y permisos como restricciones de altura, zonas sensibles, criterios municipales, consultas ciudadanas, extensos tiempos de aprobación de permisos sectoriales y municipales, entre otros, que profundizan la dependencia de la infraestructura existente y  facilitan el comportamiento oportunista.

Además de puntualizar sobre problemas adicionales como criterios heterogéneos entre Direcciones de Obras Municipales (DOM), limitaciones técnicas del polígono de cobertura y generación de nuevas brechas territoriales, se analizaron los precios promedio de arriendo de suelos en distintos países, con la conclusión de Chile “ya opera con un nivel de precios estructuralmente elevado en comparación con otros mercados latinoamericanos, tanto en áreas urbanas como rurales” y que presenta, al mismo tiempo, un alto nivel de concentración.

También se indica que en el Norte del país, en comunas como Antofagasta, Calama, Diego de Almagro o Iquique, “las rentas alcanzan niveles desproporcionados incluso cuando el arrendador es un organismo estatal, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). A pesar de tratarse de suelo fiscal, es decir, sin un actor privado dominante, los contratos exhiben diferencias muy superiores al promedio país”. En el Sur, en tanto, el patrón al alza en comunas como Biobío, Arauco, Malleco y Ñuble responde a la fuerte concentración en torno a grandes propietarios privados, especialmente forestales.

Recomendaciones

“El mercado de arriendo de terrenos para torres de telecomunicaciones en Chile refleja condiciones de competencia imperfecta, con indicios claros de rentas monopólicas localizadas. Las rentas elevadas parecen responder principalmente a fallas estructurales del mercado del suelo, escasez de oferta apta, rigidez normativa, ausencia de zonas preferentes, criterios municipales dispares, más que a un valor real incremental del terreno o a mayores costos del propietario”, concluye el reporte.

Al cierre, propone las siguientes acciones:

1. Transparencia y catastro público de sitios disponibles: desarrollar un registro nacional y público de terrenos para sitios, segmentado por comuna, zona y tipo de predio. 

2. Revisión regulatoria de la Ley de Antenas: actualizar el marco normativo para permitir mecanismos de relocalización más ágiles y diferenciados de los mecanismos para la instalación de sitios nuevos, uniformar criterios municipales, reducir plazos y mejorar la coordinación entre actores públicos. 

3. Incentivos a la compartición y despliegue: implementar instrumentos que estimulen la compartición de infraestructura física y reduzcan el poder de negociación de arrendadores dominantes en zonas críticas.

4. Fortalecer el uso de la infraestructura existente, lo que evitará fenómenos como la duplicidad de infraestructura, promoviendo el concepto de colocalización.

5. Dictar un reglamento sobre servidumbres legales: establecer, con precisión, el procedimiento que debe seguirse para autorizar la instalación de infraestructura física de telecomunicaciones.

6. Implementar de manera amplia la “declaración de imprescindibilidad del servicio para uso de suelos”: generar un mecanismo para que, cuando exista desacuerdo respecto del monto de la renta de piso para la instalación de una torre en zonas críticas donde apliquen los criterios de imprescindibilidad, la controversia sea sometida directamente al tribunal competente. 

7. Modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para agilizar la reubicación. Se recomienda, en concreto, que en zonas urbanas donde actualmente se exige un permiso de instalación de torre otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), este permiso pueda ser reemplazado por un aviso a la DOM.

También se propone reformar el Decreto Supremo N° 99/2012 del MTT, de modo que el traslado de una torre a una distancia acotada quede sujeto al procedimiento simplificado de modificación de concesión; dictar un reglamento que regule el procedimiento de otorgamiento de permisos de instalación por parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM) para sitios existentes que requieran reubicación; eliminar la duplicidad de procedimientos de oposición que puede afectar a un proyecto de instalación de torre; y habilitar la posibilidad de recurrir a la Fiscalía Nacional Económica ante la aparición de conductas monopólicas.