MarketData

De acuerdo con los resultados del informe de inflación del Banco Central del Paraguay (BCP), los aumentos reportados en enero están explicados en parte por las subas de precios en los servicios. Puntualmente, se observan incrementos en al menos seis servicios puntuales para el hogar.

El Índice de Precios al Consumidor cerró enero con una inflación del 1%, una cifra levemente superior a la observada en el mismo mes del año anterior (0,9%). La dinámica registrada en este periodo se caracterizó por los incrementos en la mayoría de las agrupaciones de las agrupaciones de la canasta, pero principalmente en los bienes alimenticios y los servicios.

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El viernes 17 de mayo de 2024 se aprobó en primera votación el Proyecto de Ley 2844/2022-CR, que propone incorporar dos artículos a la Ley de Telecomunicaciones para permitir que “los radiodifusores de una determinada localidad tengan derecho a ser incluidos en las parrillas de los prestadores de televisión pagada de dicha localidad, en el mismo canal que le ha sido otorgado, sin alteraciones y con las mismas características y tecnología que la señal de origen”.

Desde su presentación, el proyecto ha suscitado mucha polémica entre la industria de telecomunicaciones: en septiembre de 2023, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), se manifestó en contra y ahora la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) fue la que manifestó su rechazo.

Asiet: contratación y limitante técnico

Asiet explica que los términos “afectan los canales disponibles para los usuarios y las grillas que motivaron la contratación del servicio”. Y argumenta que “los niveles de audiencia y preferencia de los canales contratados por los usuarios deben ser respetados”, en un país dónde sólo 16.2 por ciento de la población cuenta con televisión de paga.

La Asociación explica que, además, existe un limitante técnico para implementar la medida, y es que “las empresas que ofrecen servicios de televisión de paga con difusión nacional no contarían con capacidad de incluir todas las señales de las diversas localidades del país y se verían forzadas a sustituir señales de las contratadas por los usuarios o a dejar de ofrecer el servicio en distintas zonas del país”.

Y enfatiza que, según lo estipulado en la ley, la incorporación de las señales deberían realizarse en el mismo número de canal otorgado en la autorización respectiva, “lo cual en la mayoría de los casos no es técnicamente viable”.

Asiet argumenta que el proyecto va en contra de la libre competencia, “dado que los agentes privados deberían poder organizar sus actividades empresariales en plena libertad”, por lo que sugiere desestimar su aprobación.

La Tercera

La curva se invirtió hace dos años. La televisión pagada crecía y cada vez más hogares en Chile contrataban un acceso. Si al inicio de la década del 2010 los abonados llegaban a 1,7 millones, el peak se logró en enero de 2022, con 3.487.121 abonados, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Pero la tendencia se modificó: desde esa fecha, y hasta 2023, la industria ha perdido 366 mil suscriptores. La gran víctima: la televisión satelital, que sufrió casi toda esa pérdida de clientes, con un retroceso de 17,4%, al pasar de 1,3 millones a 924 mil abonados. El que resiste es la televisión provista con conexiones alámbricas. Y el gran ganador: el streaming. Para los usuarios, poder decidir qué ver y cuándo verlo ha sido una vuelta sin retorno que ha posicionado a estas plataformas en ventaja versus la televisión de pago en todas sus formas.

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El Tiempo

Al menos cuatro de cada 10 hogares que tienen acceso a la televisión paga son suscriptores ilegales, es decir, cerca de 3,86 millones, lo que le causa no solo millonarias pérdidas a esta industria sino también a la Nación que deja de percibir impuestos, al tiempo que genera grandes pérdidas de puestos de trabajo.

Esta alerta llegó de la Alianza Contra la Piratería de Televisión Paga (Alianza). Según sus cálculos, las pérdidas totales que deja esta piratería supera los 1.413 millones de dólares: 902 millones para los operadores de televisión, 315 millones para los programadores y 196 millones para el Estado, que deba de percibir por cuenta de IVA, renta y compensación ese monto.

A lo anterior se suma el hecho de que ese fenómeno le causa un duro golpe al empleo en Colombia, toda vez que la industria deja de generar unos 7.739 puestos de trabajo, dicen.

Según Hernán Racciatti, director de Seguridad de Siclabs, empresa especializada en la Educación en Seguridad de la Información, “existen diversos modelos de negocios detrás de la industria pirata que obtienen rédito económico a través de la venta de equipamiento, la publicidad en páginas gratuitas donde se presentan contenidos pirateados y la venta de suscripciones a servicios de streaming pirata por los que los usuarios deben pagar tarifas mensuales. Se trata de un verdadero ecosistema, donde conviven diversos actores que obtienen un retorno económico a partir del robo de contenido audiovisual y su reventa no autorizada”.

El experto participó en la la conferencia sobre Consumo Legal de Contenidos organizada por Alianza, en la que quedó claro que el combate a la piratería requiere no solo del desarrollo e implementación de contramedidas técnicas, sino también de la voluntad política y la cooperación de empresas, gremios y autoridades.

Racciati explicó que este fenómeno corresponde a la omisión por parte de los operadores de televisión paga de no declarar a las autoridades competentes el número real de abonados, con el fin de pagar un menor valor por los derechos de propiedad intelectual a sus proveedores, un menor pago de impuestos y tasas regulatorias, y generar desequilibrio en el mercado.

Otro aspecto abordado por el experto fue la retransmisión, que consiste en la emisión de contenidos a terceros por medio de decodificadores de operadores de televisión paga, con la finalidad de evadir el pago de los derechos de autor sobre los contenidos, sin la autorización del programador y del operador afectado en búsqueda de establecer un negocio lucrativo ilegal.

Otra forma en la que se atenta contra los operadors legales es la piratería FTA (uso de receptores satelitales Free to Air), la cual consiste en todas las formas de robo de señal mediante las cuales un consumidor obtiene acceso ilegal o no autorizado a las señales de televisión paga o los streams (transmisiones) audiovisuales.

También está la piratería online, que es la emisión de contenidos a través de internet en modalidad paga y/o gratuitos sin ningún tipo de autorización de los titulares de los derechos de autor. El experto sostiene que este fenómeno está en ascenso continuo, lo que implica nuevos desafíos para que las perspectivas de crecimiento de los sectores económicos atados a la industria creativa sean productivas.

Las cifras proporcionadas por Alianza, según el más reciente estudio Pay-TV Signal Piracy in Latam 2020 realizado por Business Bureau, indica que el mercado total de Televisión Paga en América Latina y el Caribe cobija a más de 82,6 millones de usuarios, de los cuales el 25 por ciento (unos 20,4 millones) son usuarios de piratería de señal de Televisión Paga (excluyendo la piratería online).

Ese volumen de usuarios ilegales supone pérdidas para la industria y los gobiernos en la región de unos 2.700 millones para los operadores; 1.600 millones para los programadores; 633 millones para los gobiernos y la pérdida de más de 36.000 empleos.

El Comercio

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) designó a Telefónica del Perú como proveedor importante en el mercado mayorista de TV paga, con lo que deberá revender sus servicios televisivos a otros proveedores del mercado.

Según la compañía, esta decisión “genera una clara afectación a la libre competencia y al desempeño del mercado, puesto que regula a una sola empresa y no toma en cuenta el impacto de la piratería ni la incidencia competitiva de los servicios de streaming (u OTT), como Netflix, Prime Video y Disney+, entre otros”.

La venta de los servicios de tv también afectaría los derechos de autor de los programadores de contenidos nacionales e internacionales ya que estos ofrecen sus producciones con carácter de exclusividad y cláusulas precisas que prohíben la reventa de sus obras, en consideración de Telefónica.

“La obligación de reventa de contenidos alcanza a productores que evidentemente no son operadoras de telecomunicaciones a las cuales se les estaría afectando en sus derechos y con un claro impacto económico”, dijo Ana Claudia Quintanilla, gerente de regulación de la empresa española.

La firma también cuestionó que la resolución de Osiptel no incorpore en la evaluación del mercado el impacto de la piratería dado que las conexiones ilegales superan a la oferta de proveedores formales en algunas regiones.

En el Perú existen 3.5 millones de conexiones de cable, de las cuales solo 1.95 millones de conexiones eran reportadas por Osiptel, por lo que los 1.55 millones restantes (44% del mercado) podrían considerarse piratas en el mercado peruano, según datos en la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) citados por Telefónica.

“En lugar de buscar corregir la competencia desleal del que roba la señal o no cumple con reportar sus conexiones de TV paga, el regulador establece obligaciones a solo una empresa de las 680 que oficialmente existen en el mercado, sin tomar en cuenta la gran cantidad de conexiones clandestinas que existen y que atentan contra los derechos de autor y a una saludable dinámica competitiva”, agregó Quintanilla.

En relación a los servicios de streaming, la empresa señaló que Osiptel “utilizó información de hace dos años sin tener en cuenta la dinámica que se está produciendo en el mercado”.

“El mercado de TV paga peruano se encuentra en plena transformación y enfrenta una amenaza seria derivada de la piratería. En lugar de tomar decisiones que generan más cargas a los operadores formales, urge una política única de Estado de lucha contra esta actividad ilegal que afecta a los consumidores y a la competencia”, concluyó Quintanilla.

El Universal Carla Martínez

En los primeros seis meses del año y en plena pandemia, la facturación de las empresas de telecomunicaciones se mantuvo estable, llegando a 384 mil millones de pesos acumulados de enero a septiembre, dijo Alejandro Vargas, analista de la consultora Select.

En este segmento se encuentran las empresas de telefonía e internet fijos, telefonía e internet móviles, televisión de paga y streaming, Altán Redes y revendedores de servicios móviles.

Erick de la Cruz, analista de la consultora, detalló que de abril a junio fue un periodo muy malo para los operadores por el cierre de las tiendas y los centros de atención; sin embargo, repuntó el servicio de internet en el hogar.

Por segmento, en los primeros nueve meses del año las redes mayoristas como Altán Redes sumaron 550 millones de pesos.

Mientras que operadores móviles, segmento en el que están Telcel, AT&T y Telefónica México, acumularon 206 mil millones de pesos.

En el caso de los operadores fijos, el analista explicó que la banda ancha soporta todo el crecimiento de este segmento, de manera que el segmento alcanzó los 91 mil millones de pesos de enero a septiembre. Los líderes en este mercado son Telmex, Axtel, Bestel y Totalplay.

Los operadores de TV de paga y proveedores de video streaming, como Izzi, Sky, Megacable y Totalplay acumularon 86 mil millones de pesos en el semestre.

Los mayores proveedores de televisión de paga en Estados Unidos, que representan el 95 por ciento del mercado, perdieron más de 4.9 millones de suscriptores netos de video en 2019, frente a 1.6 millones registrados en 2018, según un nuevo estudio de Leichtman Research Group.

Los principales proveedores de TV de paga en el país tienen en conjunto 86.2 millones de suscriptores, incluidos 45.8 millones de suscriptores de video en las siete principales compañías de cable, 25.4 millones en servicios de televisión satelital, 8.3 millones en las principales compañías telefónicas y 6.7 millones en los tres principales servicios de TV de paga que distribuyen programación de video multicanal virtual (vMVPD).

El reporte revela que los servicios de TV satelital perdieron alrededor de 3.7 millones de suscriptores en 2019, en comparación con una pérdida de casi 2.4 millones en 2018. De estos, DirecTV perdió casi 3.2 millones de suscriptores, contra 1.2 millones año con año, mientras que los servicios del satélite de transmisión directa (DBS) perdieron 12.7 por ciento, contra 7.5 por ciento en 2018. Por su parte, Dish TV perdió 511 mil clientes.

Las siete principales compañías de cable perdieron alrededor de 1.6 millones de suscriptores de video en 2019, en comparación con los 920 mil en 2018. Esto incluye una disminución del 7.4 por ciento en los suscriptores de video en las principales empresas de telecomunicaciones, desde una pérdida del 2.6 por ciento en 2018.

AT&T registró una pérdida neta de 4.1 millones de suscriptores en sus tres servicios de televisión de paga (DirecTV, AT&T U-verse y AT&T TV Now), frente a los 750 mil perdidos en 2018.

Las pérdidas fueron de 462 mil suscriptores el año pasado para Charter, 150 mil para Cox, 106 mil para Altice, 66 mil para Mediacom, 39 mil para Cable One y  4 mil 061 para Atlantic Broadband.

Entre las principales compañías de vMVPD, Hulu+Live TV, y Sling y AT&T TV Now, agregaron poco más de un millón de suscriptores, en comparación con sus 1.94 millones de adiciones netas en 2018.

En cuanto a los operadores telefónicos, Verizon Fios perdió 222 mil clientes, AT&T U-verse perdió 264 mil y Frontier perdió 178 mil suscriptores.