El número de teléfonos móviles que se conectan a las redes 5G en Perú se ha duplicado durante el último año, alcanzando los 4.38 millones de celulares durante el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo con datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), esta cifra es más del doble de la registrada en el mismo periodo del año anterior (2 millones).

La adopción de dispositivos compatibles y de servicios móviles 5G en el país ha crecido durante una primera etapa en la que los operadores de telecomunicaciones lanzaron ofertas comerciales iniciales implementando la nueva tecnología con el espectro que ya tenían disponible en sus carteras.

Por el momento, la cobertura de la tecnología 5G aún es limitada y se centra especialmente en Lima y algunas otras zonas. 

Sin embargo, se espera que el desarrollo de las redes de quinta generación cobre un nuevo impulso luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones completó la subasta 5G, mediante la cual se definió la ubicación de los operadores en bloques de 100 MHz dentro de la banda de 3.5 GHz.

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En adelante, las empresas de telecomunicaciones tendrán acceso a espectro contiguo en esta banda, considerada prioritaria para el despliegue de 5G, para avanzar hacia una implementación más madura.

Tráfico móvil crece 14.18%

Los datos de Osiptel también indican que el consumo promedio mensual de datos de Internet móvil desde teléfonos celular se situó en 20.69 GB en el segundo trimestre, lo que representa un aumento de 14.18% respecto a 2024 (18.12 GB).

Hasta junio de 2025, alrededor de 32.50 millones de teléfonos móviles accedieron a Internet, 5.66% más que lo registrado en junio de 2024 (30.76 millones).

En cuanto a la participación de los operadores, el 35.07% de los teléfonos móviles se conectan a la red de Claro; 22.02%, a la red de Entel; el 21.43%, a la red de Movistar, y 21.2% se conectan a la red de Bitel.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Osiptel

El acceso a internet móvil desde teléfonos móviles en el Perú continúa en ascenso. Al cierre del segundo trimestre de 2025, el consumo promedio mensual de datos de internet móvil desde teléfonos móviles se situó en 20.69 gigabytes (GB), lo que significó un avance de 14.18 % respecto al promedio de similar periodo de 2024 (18.12 GB), informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Según los datos publicados en el portal informático PUNKU (https://punku.osiptel.gob.pe), a junio de 2025, alrededor de 32.50 millones de teléfonos móviles accedieron a internet, 5.66 % más que lo registrado en junio de 2024 (30.76 millones) y 44.90 % más que lo reportado en el mismo periodo de 2020 (22.43 millones).

Cabe señalar que, durante el periodo analizado, alrededor de 4.38 millones de teléfonos móviles accedieron a internet móvil a través de tecnología 5G, más del doble de la cifra registrada el mismo periodo del año anterior (2.00 millones) y más de cuatro veces lo reportado en el segundo trimestre de 2023 (0.97 millones).

Otro indicador que confirma que la demanda por conectividad continúa en ascenso es el de tráfico de datos móviles cursado desde teléfonos móviles, el cual, al cierre del segundo trimestre de 2025, alcanzó 1.97 millones de terabytes (TB), lo que representa un incremento de 20.86 % respecto al mismo periodo del año anterior (1.63 millones de TB).

Participación por empresas

En cuanto a la participación de empresas operadoras por el número de teléfonos móviles que accedieron a internet móvil, a junio de 2025, Claro tuvo una participación de mercado de 35.07 %. seguida de Entel (22.02 %), Movistar (21.43 %), Bitel (21.20 %), y otras empresas (0.28 %).

La Prensa

La masificación del uso de teléfonos móviles y de internet está «revolucionando la inclusión financiera». Según el informe Global Findex 2025 del Banco Mundial (BM), a nivel global el 79 por ciento de los adultos tiene cuenta en un banco o institución financiera, eso representa un avance en relación con el 51 por ciento que la tenía en 2011. Sin embargo, todavía hay brechas gigantescas, en las economías de ingresos bajos y medios se reduce al 75 por ciento, y en Nicaragua, que es de las más rezagadas, cae a menos de un tercio del promedio.

Leer más: https://www.laprensani.com/2025/07/22/economia/3505137-telefonos-moviles-e-internet-impulsan-inclusion-financiera-pero-nicaragua-sigue-rezagada

Proceso Jorge Bravo

En un periodo extraordinario que concluyó el 1 de julio de 2025 el Congreso de la Unión, dominado por Morena y sus aliados, aprobó un paquete de reformas legales que constituye el más ambicioso sistema de vigilancia y espionaje en la historia de México. Ese andamiaje jurídico, presentado bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública y combatir la delincuencia, representa en realidad una amenaza sin precedentes a la privacidad, los datos personales y los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobada en el Senado con 67 votos en favor, 29 en contra y tres abstenciones, otorga al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) facultades de acceso irrestricto a toda la información contenida en la Plataforma Única de Identidad. Esta ley establece en su artículo 12, fracción III, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podrá solicitar a instituciones públicas y privadas el envío de información contenida en cualquier registro administrativo.

Los datos que quedan a disposición de las autoridades incluyen información vehicular, biométrica, telefónica, registros de propiedad, comercio, catastros, fiscales, bancarios, de salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales. Más alarmante aún, la ley establece que pueden incorporarse “todos aquellos datos de los que puedan extraerse indicios, datos e información” útiles para investigaciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada con 88 votos en favor en el Senado, complementa este esquema al ordenar la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas. 

Esta interconexión permite que las autoridades accedan a información sin los controles tradicionales que protegían la privacidad ciudadana.

La reforma a la Ley General de Población, aprobada por 345 votos en favor en la Cámara de Diputados, impone la CURP biométrica como única fuente de identidad para todos los mexicanos y extranjeros con estancia legal. Esta nueva CURP incorpora fotografía, huellas dactilares y datos de identidad completos extraídos de todas las bases de datos convirtiéndose en el documento oficial obligatorio para todos los trámites en el país, y desplazando la credencial para votar del INE.

La magnitud de esta medida es que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP biométrica para la realización de trámites y servicios. Desde comprar un teléfono hasta solicitar servicios médicos u hospedarse en un hotel. Cada transacción será registrada y vinculada a la identidad biométrica del ciudadano.

La Plataforma Única de Identidad creada por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada permitirá consultas en tiempo real y estará interconectada con bases de datos públicas y privadas. Esta plataforma realizará búsquedas continuas y seguimiento en tiempo real de las actividades realizadas con la CURP.

La Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada con 63 votos en favor en el Senado, crea la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP. Esta herramienta permitirá eliminar 75% de los trámites presenciales, pero a costa de centralizar toda la información personal en una sola plataforma gubernamental, con los riesgos que ello implica en términos de ciberseguridad.

El artículo 72 de esta ley establece que la Llave MX podrá asociarse a fotografía y huellas dactilares contenidas en registros administrativos. Además, contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano que permitirá la interoperabilidad entre bases de datos, registros y sistemas para integrar, consultar y compartir información.

La reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada con 369 votos en favor en Diputados, preserva y amplía el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales de la ley de 2014. 

El artículo 183 establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las instancias de seguridad en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales.

Esta disposición permite que cualquier ciudadano con celular (prácticamente todos) pueda ser geolocalizado en tiempo real sin orden judicial. Los operadores deberán conservar los datos por dos años y las autoridades podrán consultarlos sin control judicial. Esto afecta a más de 100 millones de mexicanos que utilizan teléfonos móviles.

Resulta particularmente preocupante que estas reformas ignoren por completo las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de las Nación. En marzo de 2025, la Primera Sala declaró inconstitucional el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contemplaba la entrega de datos conservados sin control judicial previo.

La SCJN determinó que los datos conservados ameritan una protección constitucional fuerte y que su acceso requiere autorización previa de la autoridad judicial.

La construcción de este sistema de vigilancia masiva encuentra precedentes sólo en regímenes autoritarios que han utilizado la tecnología para el control social. Los promotores de estas reformas argumentan que son necesarias para combatir la inseguridad y el crimen organizado. La experiencia internacional demuestra que la vigilancia masiva es ineficaz para prevenir delitos, más bien puede facilitarlos. 

La falta de controles independientes, supervisión judicial y mecanismos de rendición de cuentas convierte este sistema en una herramienta perfecta para el abuso de poder. 

La extinción de organismos garantes de derechos fundamentales como el INAI, el IFT y la renovación del Poder Judicial por voto popular agudizan los riesgos y la politización. En un país donde las instituciones de seguridad han sido infiltradas por el crimen organizado, entregarles acceso irrestricto a información personal de todos los ciudadanos representa un peligro mayúsculo.

El andamiaje de vigilancia y espionaje de la 4T constituye una grave amenaza a la democracia mexicana. Al eliminar los controles judiciales, centralizar la información en manos del Ejecutivo y crear mecanismos de vigilancia masiva sin contrapesos, este sistema transforma al Estado mexicano en un aparato de control social, vigilancia y espionaje incompatible con los principios democráticos.

Twitter: @beltmondi

Un nuevo proyecto de ley, ingresado en el Congreso de Perú, plantea dar pena de cárcel a los ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones que no corten las líneas móviles ni bloqueen teléfonos celulares reportados como robados.

La iniciativa, presentada por el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya, propone sancionar con la privación de la libertad o sanciones administrativas a los representantes legales de las telcos cuando no cumplan con las órdenes de bloqueo o baja.

El proyecto busca obligar a los operadores de telecomunicaciones a bloquear la línea telefónica y el dispositivo móvil reportado como robado en un plazo máximo de 12 horas desde la denuncia. 

Además, las empresas tendrían que mantener una base de datos unificada con los IMEI de dispositivos robados, en coordinación con el organismo regulador de telecomunicaciones; así como informar a los usuarios, de manera clara y accesible, el procedimiento para reportar robos.

Si no se cumplen con dichas disposiciones, la iniciativa de ley señala que los representantes legales o responsables directos de los operadores serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años conforme al Código Penal.

Y en caso de reincidencia, “complicidad con redes delictivas o negligencia dolosa”, también se impondrá una multa administrativa equivalente al 10 por ciento de los ingresos mensuales del operador.

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En cuanto al ámbito administrativo, el proyecto también advierte que el organismo regulador de telecomunicaciones podrá suspender temporalmente la licencia del operador y exigir indemnizaciones a favor de los usuarios afectados.

Acusan inacción de operadores ante robo de celulares

Medina Minaya, del Grupo Parlamentario Renovación Popular, argumenta, a través de la iniciativa, que el robo de celulares en Perú es una problemática en ascenso, lo cual alimenta las redes de delincuencia y expone a usuarios finales a delitos como fraudes bancarios y extorsiones.

Según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), citados por el legislador, 22 de cada 100 personas han sido víctimas de robo de un teléfono celular.

En 2023, el Osiptel registró que la mayor cantidad de reportes de equipos móviles robados por hora, en promedio, se realizaron los días lunes, sábados y martes.

Por esa razón, justifica el proyecto de ley, es necesario brindar instrumentos legales para evitar la reutilización delictiva de los equipos y líneas móviles, con el fin de recuperar la confianza ciudadana para realizar las denuncias. 

Sin embargo, la iniciativa considera que persiste una inacción por parte de los operadores de telecomunicaciones para bloquear de manera inmediata los dispositivos reportados como robados.

“Esta inacción perpetúa la inseguridad ciudadana y desincentiva las denuncias, generando un círculo vicioso de impunidad”, señala el documento.

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Industria advierte criminalización y retrocesos

La iniciativa de ley se une a una serie de proyectos que han sido radicados en el Congreso de la República que buscan determinar mano dura contra las empresas de telecomunicaciones.

No es el primero que propone castigar con cárcel a los ejecutivos de los operadores, o incluso a ciudadanos que, de alguna manera, se involucren con la comercialización de celulares robados.

Días atrás, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) alertó que estos proyectos podrían frenar el acceso a Internet para millones de habitantes, dado que afecta la estabilidad del sector, las inversiones y la implementación de las tecnologías móviles.

Además, la industria ha advertido que este tipo de iniciativas criminalizan a los operadores móviles, relacionándolos injustificadamente con la comisión de delitos a través de celulares móviles sin que ellos tengan que ver con dicha problemática.

Si bien las propuestas desde el Congreso buscan frenar la problemática, el gremio coincide en que en realidad las medidas punitivas no son la solución. Lo único que se logra, señalan, es trasladar a las empresas de telecomunicaciones la responsabilidad de combatir los fraudes, algo que es tarea de las agencias de seguridad pública.

Gestión

Cada vez más peruanos importan dispositivos tecnológicos de comunicación, como teléfonos móviles, drones, relojes inteligentes, entre otros.

En el 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) registró cerca de 28 mil solicitudes de permisos para el ingreso al país de equipos de telecomunicaciones..

Según los datos reportados por la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, esta cifra representa un incremento del 4% en comparación con el 2023.

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La carrera por dominar la nueva tecnología de comunicación satelital también es una carrera geoestratégica. Si bien el mercado de las telecomunicaciones satelitales es más acotado y costoso, genera operadores con escala global.

En la nueva comunicación satelital, varias empresas lideran el mercado con tecnologías avanzadas. SpaceX, a través de su red Starlink, domina con su constelación de satélites LEO, ofreciendo conectividad global, especialmente en áreas remotas. La china Geespace, que ya cuenta con una constelación de 30 satélites LEO, o OneWeb, también juegan un papel clave en la expansión de este tipo de redes. Mientras que Amazon, con su Proyecto Kuiper, planea lanzar miles de satélites para competir en este sector. Además, empresas como AST SpaceMobile y Lynk están desarrollando servicios direct-to-cell, que permiten la conectividad directa entre teléfonos móviles y satélites.

A principios de este año, utilizando la red de T-Mobile, SpaceX envió y recibió con éxito un SMS utilizando los satélites direct-to-cell de Starlink, que brindan conectividad de banda ancha a teléfonos inteligentes en cualquier parte del mundo, sin pasar por la infraestructura tradicional. En mayo logró otro hito: la primera videollamada desde un teléfono móvil conectado a los satélites de Starkink. Se trató de un punto de inicio trascendental para la democratización de las comunicaciones globales: un teléfono satelital que antes era únicamente utilizado para casos extremos o de uso gubernamental, por el costo que suponía, podría llegar a estar disponible y accesible para todo el mundo.

A través de las conexiones direct-to-cell, millones de personas que actualmente carecen de cobertura podrían conectarse, se podría ofrecer comunicación crítica para socorristas y comunidades afectadas durante desastres naturales, o comunicaciones en aviones y barcos. El potencial de direct-to-cell es innegable.

El control de estas tecnologías garantiza ventajas en comunicación global, conectividad remota y posicionamiento estratégico en zonas donde la infraestructura terrestre es limitada. Países y empresas que lideren esta tecnología no sólo dominarán el acceso a mercados emergentes, sino que también podrían tener incidencia en las comunicaciones en áreas de interés geopolítico.

Si bien ha comenzado a desarrollarse la tecnología de comunicación móvil satelital y aún quedan muchos años para que sea accesible y rentable, son más los beneficios que trae la conectividad en zonas apartadas, que las preocupaciones que podrían despertar en países o los reguladores el dominio en la comunicación global de estas compañías.

Direct-to-cell

La tecnología satelital direct-to-cell es una innovación en las comunicaciones que permite que los teléfonos móviles se conecten directamente a los satélites, sin necesidad de intermediarios como torres de telefonía terrestre, también llamado direct-to-devices (D2D). En general, se utilizan satélites LEO para proporcionar cobertura global y mejorar la conectividad, especialmente en áreas remotas o rurales donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente.

La carrera por dominar este servicio principalmente la juegan pocas compañías, y el principal campo de desarrollo se encuentra en Estados Unidos, en colaboración con los operadores tradicionales.

SpaceX, propiedad de Elon Musk, fue una de las principales empresas en desarrollar la tecnología D2D. La compañía lleva casi 20 artefactos lanzados que cuentan con una antena a bordo para permitir el servicio.

AST SpaceMobile fijó este 12 de septiembre como la fecha prevista para el lanzamiento de sus primeros cinco satélites para ofrecer servicio de banda ancha a teléfonos móviles.

Lynk Global lanzó sus primeros servicios en junio de 2023 desde una constelación que apunta a utilizar el espectro de socios celulares terrestres para llegar a los miles de millones de teléfonos inteligentes.

Es tal la promesa de conectividad D2D que los operadores de telecomunicaciones tradicionales ya están haciendo acuerdos con las empresas satelitales. En Estados Unidos, T-Mobile trabaja con SpaceX, y AT&T con AST SpaceMobile, mientras que Verizon anunció en agosto pasado ser el primer operador de telefonía móvil en lanzar comercialmente conectividad para teléfonos inteligentes en la red satelital no terrestre de Skylo y el primer operador móvil en lanzar una oferta comercial de servicio D2D. Asimismo, meses atrás, Verizon informó sobre una inversión de 100 millones de dólares en AST SpaceMobile, que utilizará el espectro de 850 MHz del operador para ofrecer un servicio D2D.

Aunque el mayor desarrollo se está dando en Estados Unidos, no es el único país que muestra avances. En mayo pasado, China Telecom lanzó la conectividad satelital directa a teléfono en Hong Kong, basándose en la capacidad del sistema satelital Tiantong-1. De esta forma, Hong Kong se convirtió en la plataforma de lanzamiento internacional para la expansión del servicio satelital directo a teléfono de China Telecom, mientras el operador busca extender su influencia en la comunicación satelital fuera de su mercado interno.

Algunos informes ven en esta capacidad de conectar satélites directamente a smartphone como la mayor oportunidad de negocio jamás vista para las comunicaciones satelitales. Según un informe de la firma de inteligencia tecnológica global ABI Research, los ingresos totales por conexión generados por los mercados de redes no terrestres (NTN) y direct-to-cell alcanzarán los 17 mil millones de dólares al año en 2032, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 39.8 por ciento. Con el rápido despliegue de redes D2C de órbita no geoestacionaria (NGSO) como Starlink, AST Space Mobile y Lynk, junto con los servicios de satélite móvil (MSS) y NTN heredados disponibles de operadores Geo como Viasat (Inmarsat), EchoStar y China Aerospace Science and Technology Corporation, la innovación en el segmento de satélites NTN y D2C se está acelerando.

Otro informe destaca que sólo el mercado D2D direccionable para servicios básicos de SOS y emergencias es de 45 mil millones de dólares por año, según un análisis de Quilty Space citado por SpaceNews. Sin embargo, un mercado D2D que también incluya servicios de voz y datos podría tener un valor más de tres veces mayor: 148 mil millones de dólares al año.

Por otro lado, la principal dificultad en el desarrollo de esta tecnología está en la necesidad de financiar constelaciones capaces de brindar voz y otros servicios de gran ancho de banda. Según analistas, por ejemplo, para dar un servicio comercial continuo en Estados Unidos se requieren por lo menos 60 satélites. Otro de los desafíos estará en las autorizaciones espectrales que deberán obtener en cada país donde operen y en las interferencias con otros servicios.

En definitiva, en un mundo cada vez más interconectado, asegurar el dominio de las telecomunicaciones satelitales también implica fortalecer la soberanía tecnológica y evitar la dependencia de potencias extranjeras. Esta carrera refleja la creciente importancia de la infraestructura digital en las relaciones internacionales y en la seguridad nacional de los países involucrados.

El servicio de telefonía móvil en Perú podría tener afectaciones ante la implementación de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) el próximo 22 de abril, advirtió la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

A través de un comunicado, la asociación, que agrupa a los principales operadores de telecomunicaciones del país, como Claro, Entel, Movistar y Bitel, explicó que la implementación de la tercera fase del Renteseg implica la creación de una lista blanca de equipos de telefonía móvil, y sólo los celulares registrados en ella podrán funcionar en las redes móviles del país debido a disposiciones normativas del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sobre seguridad ciudada.

Importación de equipos móviles

La obligación de registrar los equipos en la lista corresponde a los importadores de los equipos, sin embargo, AFIN advirtió que cerca del 80 por ciento de la importación de los teléfonos móviles no es realizada por los operadores. Y añadió que no puede obviarse la importación de celulares a través de la Amazonía, que aprovecha el régimen tributario de la región, así como el contrabando de celulares.

La industria estima que 69 por ciento de los teléfonos móviles que se activan diariamente no están en la lista blanca, lo que suma un aproximado de 750 mil celulares al mes.

Posibles afectaciones 

AFIN advirtió que si estos equipos no son registrados ante el Osiptel, a partir del 22 de abril, “una cantidad importante de peruanos que adquieran teléfonos móviles podrían verse afectados” y perder el dinero destinado a la compra, pese a que no se trate de “equipos de dudosa procedencia”. Por ello, la asociación puntualizó que “no todo el equipo móvil que será bloqueado por orden del Renteseg es un equipo que tiene como origen el hurto de celulares”.

En ese contexto, la asociación manifestó su preocupación por el impacto que causará la implementación de la lista blanca en la ciudadanía en general que adquirió ‘legalmente’ un celular, la cual a partir del 22 de abril podría quedarse sin servicio y “sin otra solución que comprar un nuevo equipo”, lo que causaría un ‘serio perjuicio’.

Por ello, AFIN exhortó a todos los importadores a cumplir con el registro de los equipos ante el Osiptel y solicitó a las autoridades, el Ministerio del Interior, el Congreso de la República y la Defensoría del Pueblo “evaluar medidas para evitar el grave impacto a los consumidores”.

Finalmente, la asociación aseguró que dicho sistema, que ya se ha implementado en otros países, no ha tenido el resultado esperado frente al robo de celulares y concluyó que, ‘mientras no se ataque realmente a la demanda y la oferta de equipos robados’ y las medidas sólo se concentren en la oferta formal que hacen los operadores, ‘seguirán sin tener los resultados que el país requiere’.

El Economista Antonio Lorenzo

Olvidarse la cartera en casa ha dejado de ser un problema para la mayoría de los españoles. Según pone de relieve la última edición del Barómetro de Particulares 2023 de Mastercard, realizado por Inmark, el 50,4% de la población ya realiza sus pagos a través del móvil, un casi un 70% más que en 2022, cuando el porcentaje se cifraba en el 29,7%. Esta mayoría absoluta en los nuevos hábitos digitales marca una tendencia que, según los expertos, no tendrá vuelta atrás.

Las tarjetas de crédito y débito almacenadas en los teléfonos móviles se han convertido en el principal medio de pago en España. Sin necesidad de campañas de promoción, la funcionalidad ha calado rápidamente en la población, especialmente entre madrileños y catalanes, que son los que más pagan con su smartphones, con el 53,8% y el 52,6%, respectivamente. 

Leer más: https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12748642/04/24/el-pago-con-el-movil-alcanza-la-mayoria-absoluta-en-espana.html

BBC Mundo

El gobierno de Países Bajos anunció que implementará medidas para prohibir los aparatos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, en las salas de clase.

Se espera que la iniciativa comience a inicios del próximo año.

La regla incluiría algunas excepciones para los alumnos que tengan necesidades médicas o discapacidad, y en aquellas clases que se enfocan en desarrollar habilidades tecnológicas.

La prohibición no se elevará a un rango legislativo, pero podría pasar en un futuro. Por ahora será un proyecto entre las autoridades educativas, la administración de las escuelas y las familias.

“A pesar de que los teléfonos están casi entrelazados con nuestras vidas, no pertenecen en las aulas de clase”, dijo el ministro de educación Robbert Dijkgraaf.

“Los estudiantes tienen que poder concentrarse y se les debe dar todas las oportunidades para que aprendan bien. Sabemos, de estudios científicos, que los teléfonos celulares interrumpen este proceso”.

Una cuestión de atención

Varios estudios han encontrado que limitar el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas ayuda a la concentración y a la cognición.

La prohibición también incluye tabletas y relojes inteligentes.

El gobierno dijo que sería tarea de cada colegio acordar las reglas exactas con maestros, padres y pupilos.

La iniciativa será revisada a finales del año lectivo 2024-2025 para ver qué tanto funcionó y si se requiere una prohibición legal.

El anuncio es parecido a uno que hizo Finlandia la semana pasada.

El gobierno de ese país dijo que cambiaría la ley para que fuera más fácil restringir el uso de teléfonos en las escuelas.

Otros países, incluidos Reino Unido y Francia, han propuesto medidas que restringen el uso de los teléfonos para mejorar el aprendizaje.