Perfil

El Senado de la Nación iniciará este miércoles el debate de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades que busca modernizar el régimen societario argentino y reducir significativamente la intervención estatal en la organización y funcionamiento de las compañías. Entre otras cosas, permitiría la creación de empresas sin humanos y basadas en inteligencia artificial.

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Prensa Idicam

La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (IDICAM) sostuvo una reunión de trabajo con la Presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, con el objetivo de avanzar en dos ejes estratégicos para el desarrollo del ecosistema digital: el fortalecimiento de la mesa de piratería digital y la consolidación de una agenda de transformación tecnológica con enfoque regulatorio.

La instancia se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el avance de la piratería digital en Chile, fenómeno que ha experimentado una evolución significativa tanto en escala como en sofisticación, particularmente a través de plataformas digitales que operan al margen de la regulación vigente.

Piratería digital: desafío regulatorio y de seguridad

Durante la reunión, se abordó la necesidad de fortalecer las herramientas normativas y operativas disponibles para enfrentar la piratería digital, considerando sus efectos sobre la protección de derechos de propiedad intelectual, la competencia leal y la sostenibilidad de las industrias creativas y tecnológicas.

Asimismo, se relevó la creciente vinculación de estas actividades con economías ilícitas, incluyendo eventuales mecanismos de financiamiento de redes de crimen organizado, lo que eleva el estándar del problema desde una infracción administrativa hacia un fenómeno con implicancias en seguridad pública.

En este contexto, se destacó la importancia de avanzar hacia mecanismos de respuesta más dinámicos y eficaces, incluyendo medidas de bloqueo efectivo de contenidos ilícitos, fortalecimiento de la fiscalización y una mayor coordinación interinstitucional.

Transformación digital: condiciones habilitantes y certeza regulatoria

En paralelo, la conversación abordó los desafíos asociados a la agenda de transformación digital del país, particularmente en lo relativo al despliegue de infraestructura, la adopción tecnológica y la generación de condiciones para la inversión en sectores estratégicos.

Desde IDICAM se planteó la necesidad de consolidar un entorno regulatorio que entregue certezas, reduzca fricciones y permita acelerar procesos clave vinculados a la digitalización de servicios, la conectividad y el desarrollo de nuevas tecnologías.

El presidente de IDICAM, Rodrigo Ramírez, valoró la instancia y destacó la relevancia de fortalecer el trabajo conjunto con el Congreso:

“Esta reunión representa un paso relevante para avanzar en una agenda digital que combine adecuadamente desarrollo tecnológico y resguardo de los mercados formales. La piratería digital ha alcanzado niveles de sofisticación que exigen respuestas más eficaces, y al mismo tiempo, Chile requiere condiciones regulatorias claras para impulsar su proceso de transformación digital. Espacios de coordinación como este son fundamentales para construir soluciones con visión de largo plazo”.

Coordinación público-privada y proyección legislativa

La reunión permitió avanzar en la articulación de una agenda común entre el mundo público y el ecosistema digital, con foco en anticipar escenarios regulatorios y promover iniciativas que respondan de manera efectiva a los desafíos emergentes.

Desde IDICAM subrayaron que el fortalecimiento de instancias de coordinación con el Congreso resulta clave para el diseño de políticas públicas que equilibren la promoción de la innovación con la protección de los derechos y la seguridad en entornos digitales.

En esa línea, la mesa de piratería digital se proyecta como un espacio relevante para el desarrollo de propuestas concretas que permitan abordar un fenómeno en constante evolución, mientras que la agenda de transformación digital representa una oportunidad estratégica para posicionar a Chile en la economía digital global.

Convergência Digital
A aprovação do Projeto de Lei Complementar que amplia a licença paternidade, pelo Senado, até poderia servir de novo alento ao mercado de TICs: ele traz a saída jurídica para a ampliação de um benefício, servindo, portanto, para acomodar o regime tributário especial para os data centers, Redata.
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Tele.síntese

A Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) afirmou que o texto do projeto de lei sobre inteligência artificial (IA) que se encontra, atualmente, no Senado, impõe restrições excessivas ao mercado brasileiro, especialmente no que se refere a direitos autorais, treinamento de modelos e à criação de um regulador residual. A manifestação ocorreu durante debate nesta quarta-feira, 25, na Câmara dos Deputados, em meio às discussões sobre o PL 2338.

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Reporte Indigo

Debido a que en México persiste una brecha de género en áreas de ciencia y tecnología, especialmente en roles de mayor responsabilidad y en ingenierías, las y los senadores del Partido Verde proponen facultar al Gobierno federal y a los gobiernos estatales a promover acciones que incrementen el acceso, formación y participación de niñas y mujeres en estudios, empleos, cargos públicos y todas las actividades relacionadas con humanidades, ciencias, tecnología e innovación.

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Prensa Senado de Argentina

Tras un cuarto intermedio acordado en el día de ayer, hoy a las 9,30 horas en el Salón Azul, volvió a reunirse la plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), respectivamente, para continuar con el tratamiento del proyecto de ley sobre modernización laboral.

Al inicio de las exposiciones, Guillermo Crespo, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), fundamentó su postura contraria a la norma: “Entendemos que el proyecto es absolutamente negativo, no solo para los trabajadores, sino para el resto de la población. Significa un retroceso y una pulverización de los derechos de los trabajadores, quienes son considerados un estorbo para el desarrollo de la economía argentina. Nosotros entendemos que esta no es la realidad, sino que este país se ha construido sobre la base del trabajo de la gente”.

Por su parte, y en coincidencia con Crespo, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) calificó el proyecto como “inconstitucional”. Aseguró que la norma no ofrece beneficios a los trabajadores y, por el contrario, “coloca en estado de indefensión a los más vulnerables”.

Posteriormente, Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), consideró “adecuado” tratar una modernización laboral. No obstante, solicitó a los legisladores rechazar el artículo 35, que hace referencia a los tipos de entidades donde los empleadores pueden acreditar los sueldos y los salarios, para evitar “un cisne negro que afecte el bienestar de los usuarios bancarios y el crédito para las empresas”.

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), coincidió en la necesidad de modernizar el sistema laboral, aunque alertó sobre el impacto del artículo 35 respecto a la acreditación de salarios en billeteras virtuales. Al respecto, señaló que el canal de cobro debe ser “seguro, trazable y protegido”, destacando que el sistema bancario es el que garantiza los derechos laborales, la protección jurídica y la transparencia estatal. A su turno, Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), se manifestó a favor de lo expuesto por sus colegas.

Entre los referentes de las áreas de la cultura y la comunicación, expuso Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal que rechazó “de plano la totalidad de la ley porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo”. También, Agustin Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) solicitó no eliminar el Estatuto del Periodista Profesional del proyecto de ley y que los legisladores “defiendan la libertad de expresión”.

Para abordar el capítulo sobre el trabajo en plataformas, fue invitado Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi. Al respecto, señaló: “Este proyecto es una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero, garantizando la libertad de los repartidores para disponer de su tiempo, gestionando la cobertura de seguros necesaria y brindando capacitaciones y soporte humano”. Por su parte, Nicolás Debernardi, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica de Pedidos Ya, coincidió con la medida y expresó: “Celebramos el proyecto; es esencial que avance su sanción porque despeja las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando desde hace 15 años en este país”.

Por el lado de los trabajadores de plataformas, Marcelo Pariente reconoció que, si bien las aplicaciones han generado numerosos puestos de trabajo, “este proyecto legaliza la condición de vulnerabilidad y el fraude laboral que enfrentamos hoy”.

Al cierre del encuentro, Patricia Bullrich informó que el tratamiento del proyecto se daría en una sesión prevista para el 10 de febrero, tras un nuevo llamado a extraordinarias. Esto otorgaría un mes y medio adicional para profundizar el debate. “Nos gustaría dejar el instrumento firmado, lo cual no impide que el dictamen pueda ser modificado posteriormente”, aclaró la senadora.

Además, expusieron: Alejandro Sudera, presidente Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogados Sindicales; Pablo Topet, asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT); Pablo Dono, director de la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC); María Elena López, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM); Pablo Echarri, actor; Diego Boris Macciocco, músico y expresidente del Instituto Nacional de la Música; Pedro Martino, gerente de Asuntos Públicos de UBER; Natalia Videla Peña, representante de la Academia Argentina de Cine y Daniel Pensa, productor de cine.

Metro PR

En la más reciente sesión ordinaria, el Senado de Puerto Rico dio paso a una serie de importantes medidas legislativas.

Entre ellas, destaca la aprobación del Proyecto del Senado 293, impulsado por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que busca enmendar la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”. La medida autoriza la expedición digital de licencias para operar embarcaciones, creando una aplicación móvil para su obtención, lo que representa un avance en la modernización del sistema gubernamental.

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El proyecto para regular la Inteligencia Artificial (IA) en Chile pasó a segundo trámite legislativo tras un intenso debate en Diputados, que lo aprobó en las últimas horas. El documento fue revisado tras cambios en la redacción del primer informe por criterio de la Comisión de Futuro y ahora pasará a revisión del Senado; esto redundó en cambios de fondo y de forma sobre el texto original. El gobierno celebró el avance de la iniciativa.

“El proyecto busca promover la creación, desarrollo, innovación e implementación de estas tecnologías, estableciendo un marco normativo que garantice un desarrollo sostenible y ético. A diferencia de otros países que optaron por marcos no vinculantes o fragmentados, el proyecto chileno establece una regulación clara, integral y exigible, que combina la protección de derechos con el fomento de la innovación”, defendió el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en un comunicado.

Desde el Congreso, marcaron los cambios en el proceso: se modificó el objeto de la ley, se reforzaron aspectos relacionados a la privacidad y gobernanza de datos, y se redefinió la clasificación de usos de riesgos (ahora son los siguientes: inaceptable, alto, limitado, y sin riesgo evidente). En el detalle, se especificó que la norma busca regular los usos de sistemas IA, se dejó claro que la idea es proporcionar un marco normativo que vele por su desarrollo sostenible y ético, y se encargó al Estado promover su uso, desarrollo e infraestructura necesaria; también se amplió el rol del Consejo para la Transparencia.

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El debate tuvo dos posturas predominantes: a favor de regular y en contra, por considerar que un exceso de reglas puede ser una asfixia para los productores y, en consecuencia, una barrera para la innovación. También hubo quienes señalaron que se legisló “con prisa y con falta de asesoría técnica”, aunque desde el gobierno sostuvieron que la iniciativa incluyó el trabajo del Comité de Expertos en IA, mesas de diálogo con la industria, la academia y la sociedad civil, así como los principios de organismos internacionales como la Unesco y la OCDE.

Al momento de la votación, gran parte del texto se respaldó por mayoría. Sin embargo, varios artículos de relevancia no lograron aprobarse, entre ellos, la creación del consejo asesor; la denuncia de incidentes por parte de cualquier persona; la fiscalización y cumplimiento de esta ley por parte de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP); los espacios controlados de pruebas para la IA; el procedimiento administrativo sancionador; el procedimiento de reclamación judicial; y la formulación de un reglamento que fije el listado de sistemas de IA de alto riesgo y limitado.

Chile lidera la carrera de IA en la región, según se desprende de los resultados del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que identificó que América Latina debe trabajar en conjunto para encontrar en la unión la fuerza necesaria para ser una voz potente en la discusión sobre el tema en el mundo. Aun con buenas intenciones, hay riesgo en generar un marco normativo para un concepto todavía incipiente en la región o, como se ha dicho en algún debate, poner el carro delante de los caballos.

Fuente: Cámara de Senadores de Paraguay

En relación con este punto, el senador Carlos Núñez, relator de la Comisión de Asuntos Constitucionales, manifestó que en lo que va del año más de 700 personas han desaparecido. Sin embargo, la ausencia de un registro nacional unificado y de un sistema de alerta temprana dificulta el trabajo de los intervinientes. Ante esta situación, se propone la creación del Registro Nacional y la implementación de la alerta MAFE. “Esto permitirá una respuesta más rápida, aumentando la posibilidad de un resultado positivo y previniendo crímenes relacionados con la desaparición de personas”, afirmó el legislador.

Asimismo, detalló que los objetivos del proyecto son: establecer un sistema centralizado y accesible que registre todas las denuncias de personas desaparecidas, facilitando la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas, y poner en funcionamiento el sistema de alerta MAFE.

Por su parte, el senador Silvio Ovelar, en representación de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control, sostuvo que la propuesta busca reglamentar mecanismos fundamentales para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en Paraguay.

Remarcó que el proyecto oficializa y centraliza la información en un registro público y gratuito, pero de acceso restringido, que contendrá datos personales y un historial de todo el trabajo realizado por las fuerzas policiales y de investigación. “Con este sistema se utilizará la alerta MAFE. En lo relativo a los recursos, se establece que se incluirán los fondos presupuestarios necesarios para que el proyecto funcione efectivamente, de manera a obtener resultados positivos ante casos de desaparición”, destacó.

Agregó que, en concordancia con las demás comisiones, se realizaron ajustes de forma, manteniendo el fondo del proyecto tal como fue remitido por Diputados.

A su turno, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que este proyecto representa un paso trascendental en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente de los grupos más vulnerables: niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas mayores y personas con discapacidad. Recordó que actualmente el país enfrenta un vacío legal que dificulta la acción inmediata y la coordinación en casos de desaparición.

Explicó que el Registro Nacional permitirá centralizar y sistematizar datos bajo principios de confidencialidad, protección de datos personales y acceso a la información pública. Asimismo, el sistema de alerta MAFE —inspirado en modelos exitosos como la Alerta Amber— activará mecanismos de difusión inmediata en todo el territorio nacional, utilizando medios de comunicación, plataformas digitales y servicios de telefonía, con la cooperación de instituciones públicas y privadas.

La senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, sostuvo que, ante un extravío, “toda la sociedad debe involucrarse” y la reacción debe ser inmediata. Señaló que, a nivel internacional, algunos protocolos establecen esperas de hasta seis horas, lo que considera inaceptable. En ese marco, mencionó que su comisión lideró una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a fin de consensuar la propuesta. “Celebro que hoy por fin podamos sacar adelante este proyecto”, concluyó la legisladora.

También aportaron al debate los senadores Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama y Esperanza Martínez, quienes enfatizaron la necesidad de garantizar la operatividad del sistema, asegurar los recursos y cumplir con los objetivos planteados.

En el estudio en particular, el senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, propuso modificaciones al proyecto. Entre ellas, que desde el momento en que exista una denuncia la Policía Nacional y el Ministerio Público deban actuar de inmediato y activar el protocolo de búsqueda. Asimismo, propuso que el artículo 9 establezca capacitación obligatoria a todo el personal policial, moción que fue aprobada por el Pleno.

Además, se incluyó en el artículo 11 que, en caso de denuncias falsas (artículo 289 del Código Penal) o temerarias (artículo 288 del Código Procesal Penal), los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público. También se realizaron modificaciones de estilo en los artículos 14 y 15.

Uno de los puntos debatidos por los senadores fue si la denuncia debía ser “alarmante” o no. Coincidieron en que toda denuncia debe ser atendida con rapidez para dar con el paradero de la persona desaparecida.

Finalmente, el Pleno aprobó el texto dictaminado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la adhesión de los presidentes de las demás comisiones a las que fue girado el proyecto.

El proyecto de Ley aprobado con modificaciones será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.

UTILIDAD PÚBLICA

Otro tema abordado en la sesión de la fecha fue el Mensaje N° 2.892 de la Cámara de Diputados, por el cual se remite el proyecto de Ley “Que amplía la Ley N° 6671/2020 ‘Que declara de utilidad pública y expropia a favor de la Gobernación de Presidente Hayes un inmueble individualizado como Matrícula N° 1486, Padrón N° 65, denominado ‘Reserva Sagrado Corazón de Jesús’, ubicado en el municipio de Villa Hayes, y declara área silvestre protegida bajo dominio público departamental con categoría de manejo de paisaje protegido”, presentado por varios diputados.

Sobre este punto, el senador Basilio Núñez señaló que la propiedad, de aproximadamente 9 hectáreas y media, está ubicada en el distrito de Villa Hayes. Recordó que, en su momento (Cámara Baja), se aprobó la expropiación, pero con un error que dejó fuera una parte del inmueble. Ahora, la modificación de la ley busca subsanar esa omisión.

El legislador mencionó que incluso conversó con el presidente de la República sobre el destino del inmueble, con la intención de que sea útil y beneficie a los exsocios de la COOTRAPAR. Específicamente, se propone que una parte de la propiedad quede a cargo del MOPC, para su utilización como parque, siguiendo el modelo de otras ciudades del país. Asimismo, otra fracción sería destinada al Ministerio del Interior, donde actualmente se forman suboficiales.

Tras un breve debate, el Pleno resolvió aprobar el proyecto con modificaciones, por lo que será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados.

SANCIONADO

Durante la sesión, se trató el Mensaje N° 3.164 de la Cámara de Diputados, por el cual se remite el proyecto de Ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7408, Ministerio de la Defensa Pública”, remitido por el Poder Ejecutivo según Mensaje N° 309/2025.

Al respecto, el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que este proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo y con media sanción de la Cámara Baja, consiste en una transferencia de créditos por un valor de Gs. 13.818.285.394, provenientes de la fuente de financiamiento 10 del Tesoro, que serán asignados al presupuesto 2025 de la Defensa Pública.

Señaló que la modificación permitirá ajustar el presupuesto destinado a gratificaciones por servicios especiales, jornales, honorarios de profesionales y otros gastos del personal; servicios básicos de imprenta y comunicaciones; bienes de consumo e insumos de oficina y transporte; equipos de computación; y otras transferencias corrientes, financiadas mediante créditos presupuestarios de 165 cargos vacantes. Mencionó que el ministro correspondiente indicó que este ajuste es necesario para el correcto funcionamiento de la institución, recomendando la aprobación del proyecto.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión de Cuentas y Control, se sumó a lo manifestado por el senador Ovelar.

Por consiguiente, el proyecto fue sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo.

HOMENAJE A LA SELECCIÓN PARAGUAYA

Se destacó también la aprobación del proyecto de Resolución “Por la cual el Congreso de la Nación rinde homenaje y reconoce a jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por la histórica campaña y desempeño de la Selección Nacional de Fútbol, durante las eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA Canadá – Estados Unidos – México 2026”, presentado por varios senadores.

PEDIDOS DE INFORMES

Asimismo, fueron considerados varios pedidos de informes, todos con dictamen favorable y aprobados por unanimidad del Pleno:

-Proyecto de Resolución que solicita informe al Instituto de Previsión Social (IPS), presentado por la senadora Esperanza Martínez.  

-Proyecto de Resolución por la cual se solicita informe al Poder Ejecutivo – Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y a la Comisión Nacional de telecomunicaciones (CONATEL), presentado por el senador Rafael Filizzola. 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

A continuación, el Pleno aprobó con modificaciones los siguientes proyectos de Declaración:

-Proyecto de Declaración “Que insta a la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) a realizar un estudio de mercado de la cadena cárnica y al Poder Ejecutivo a impulsar la creación del Instituto Nacional de la Carne”, presentado por el senador Ever Vllalba.  

-Proyecto de Declaración “Que declara de interés nacional el II Encuentro de Enfermedades Orales y VII Congreso Internacional de la SPPMB”, presentado por los senadores Noelia Cabrera, Antonio Barrios, Derlis Osorio, Esperanza Martínez y Hermelinda Alvarenga.  

-Proyecto de Declaración “Por el cual la Honorable Cámara de Senadores rinde homenaje al Canal 9 Sistema Nacional de Televisión (SNT) por sus 60 años de trayectoria y contribución a la comunicación nacional”, presentado por los senadores Hermelinda Alvarenga de Ortega, Noelia Cabrera, Dionisio Amarilla y Edgar López.

Los proyectos de Resolución y de Declaración aprobados serán comunicados a quienes correspondan.

En otro momento, durante el estudio del punto 5 del orden del día, el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente segundo del Senado, en ejercicio de la Presidencia, levantó la sesión extraordinaria al constatarse la falta de quórum.

Teletime
A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), juntamente com a senadora Damares Alves (Republicanos/DF) e o senador Izalci Lucas (PL-DF), apresentaram o projeto de lei 2.877/2025, que altera o Marco Civil da Internet (MCI) e a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) para responsabilizar civilmente os provedores de conexão à Internet (empresas de telecom) e os prestadores dos serviços habilitadores de conectividade.
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