Daniel Lurie, alcalde electo de San Francisco, California, eligió a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, como parte de su equipo de transición.

Dicha decisión es parte de un plan de Lurie para integrar a las empresas tecnológicas en sus decisiones y hacerlas partícipes de diversos proyectos de innovación en la ciudad estadounidense.

Sam Altman, creador de ChatGPT, dijo en una declaración a TechCrunch que se encuentra feliz de poder ayudar al desarrollo tecnológico de San Francisco.

“Estoy entusiasmado por ayudar a la ciudad que amo y donde nació OpenAI, ahora que comienza su próximo capítulo con el alcalde electo Lurie asumiendo su nuevo cargo”, afirmó Altman.

Daniel Lurie asumirá el cargo el 8 de enero del 2025, y una de las principales tareas que tendrá es la de resolver la crisis de seguridad pública de San Francisco, un problema que ha alejado a muchos líderes tecnológicos del Área de la Bahía, de acuerdo con TechCrunch.

De acuerdo con dicho medio, el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, quien ha invertido millones en San Francisco, ha criticado los fallos en materia de seguridad pública.

Además, Elon Musk cerró la oficina de X en el centro de San Francisco en agosto, citando preocupaciones similares en torno al consumo de drogas y la delincuencia. Sin embargo, la startup de Inteligencia Artificial de Musk se mudó a la antigua oficina de OpenAI en el Mission District de la ciudad poco después.

De acuerdo con los reportes, la inseguridad ha hecho que muchos líderes de Silicon Valley abandonen la zona para trasladarse a centros tecnológicos más jóvenes, como Miami o Austin, a menudo con fuertes condenas de los funcionarios de la ciudad que se marchan.

Por ello, una tarea clave para el nuevo alcalde de San Francisco será atraer a jóvenes profesionales a la ciudad y convencer a los actuales empresarios tecnológicos de que se queden y creen sus empresas.

TechCrunch afirmó que el nuevo alcalde quiere que Sam Altman ayude a liderar ese esfuerzo. Lurie anteriormente había llamado al CEO de OpenAI “una de las figuras más importantes del planeta”, en una entrevista reciente con The Information, y dijo que quiere que Altman y otros líderes tecnológicos desempeñen un papel en la revitalización del centro de San Francisco.

Pero no es el único, pues el mismo medio afirmó que Ned Segal, exdirector financiero de Twitter, también se unirá al equipo de transición. Segal dejó Twitter, junto con el exdirector ejecutivo Parag Agrawal, en 2022, luego de que Elon Musk adquiriera la empresa.

En la actualidad, Segal forma parte del directorio de varias empresas respaldadas por capital de riesgo, incluidas Beyond Meat y RingCentral, así como la organización sin fines de lucro de Lurie, Tipping Point.

David Chiu es el fiscal de la ciudad de San Francisco y está dispuesto a hacer todo para erradicar a las empresas que creen imágenes deepfake con desnudos a través de Inteligencia Artificial (IA).

El abogado de la ciudad de San Francisco dijo en un discurso que este tipo de imágenes falsas ha crecido demasiado y afecta a mujeres, niñas y niños que son reales, pero de quienes utilizan su cara para crear pornografía.

David Chiu aseguró que existe una urgencia para que todos hagan parte en acabar con los malos actores que utilizan la IA para explotar y abusar de personas reales, incluidos los niños.

El fiscal publicó en su cuenta de X que esta es una demanda única en su tipo, la cual alega que los propietarios y operadores de sitios web violan las leyes federales y de California que prohíben la pornografía deepfake, la pornografía de venganza y la pornografía infantil.

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“Esta investigación nos ha llevado a los rincones más oscuros de Internet y estoy absolutamente horrorizado por las mujeres y niñas que han tenido que soportar esta explotación. Este es un problema grande y multifacético que nosotros, como sociedad, debemos resolver lo antes posible”, advirtió David Chiu.

De acuerdo con reportes en Estados Unidos, la demanda se produce en medio de una tendencia preocupante en las escuelas, donde los estudiantes han utilizado la tecnología para superponer los rostros de sus compañeros de clase en fotografías de cuerpos desnudos.

A principios de este 2024, ocurrió un incidente que involucró a estudiantes de una escuela secundaria en el sur de California.

Las autoridades de San Francisco hicieron un llamado a la sociedad para que cualquier persona que haya sido víctima de pornografía deepfake no consensuada se comunique con la oficina del Fiscal de la ciudad de San Francisco a través del portal web de quejas de la agencia o llamando al 415-554-3977.

Comunicado de prensa

La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi), con gran consternación, pone en conocimiento de la opinión pública un nuevo bloqueo por parte de las máximas autoridades del ejecutivo municipal al avance de la fibra óptica en San Francisco, Córdoba. A casi dos años del primer bloqueo que en ese mismo municipio de la provincia de Córdoba frenó las obras de despliegue de fibra óptica de la empresa Internet Services SA, la historia se repite.

Con otro intendente y otras autoridades, utilizando diferentes excusas, dilaciones y trabas administrativas sin asidero jurídico o normativo, nuevamente se impide la llegada de un nuevo tendido aéreo de fibra óptica que permitiría romper con el monopolio que ejerce el único proveedor de internet que desde hace años ofrece conectividad por fibra óptica en más del 70% de los hogares del municipio.

En este sentido, y a contramano del mundo, el Intendente del Municipio de San Francisco, Córdoba y el secretario de Infraestructura demoran y no aprueban un proyecto que significa continuar invirtiendo en fibra óptica para la ciudad y la provincia, algo particularmente llamativo tomando en cuenta que las telecomunicaciones y la conectividad a internet son considerados hoy en todo el mundo una herramienta clave del desarrollo humano, dado que permite a las personas trabajar y estudiar, así como acceder a la información y servicios de salud y al entretenimiento.

La obra de FTTH que busca llevar adelante Internet Services S.A. en la ciudad, con una cuantiosa inversión, contempla llegar con fibra óptica directa a una parte importante de los hogares del municipio donde actualmente los habitantes no tienen la posibilidad de elegir, ya que hay un único proveedor dominante que ofrece conectividad por fibra óptica. El proyecto, que prevé extender la red para alcanzar 570 manzanas con más de 14.250 hogares de 15 barrios del norte, sur y oeste de la periferia de la ciudad, fue presentado al Municipio el 21 Julio del año pasado y desde ese momento ha sufrido todo tipo de trabas, objeciones discrecionales y dilaciones injustificadas por parte de los funcionarios municipales, negando la autorización que requiere el tendido.

Luego de haber hecho público el bloqueo sufrido por parte de la Municipalidad en octubre de 2021, Internet Services S.A. logró a regañadientes una autorización parcial para realizar el tendido en 56 manzanas (apenas el 10% del proyecto presentado a la Municipalidad) a través del cual la compañía cubre hoy con fibra óptica la totalidad de los barrios magdalena y 20 de junio y parte del barrio Independencia.

Agotadas las instancias administrativas y de diálogo en el ámbito municipal, Internet Services S.A. se apresta a presentar una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco, a la vez que está presentando reclamos formales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y otros organismos provinciales y nacionales con el fin de hacer valer sus derechos.

Internet Services S.A., es uno de los proveedores de servicios de Internet de banda ancha líder de la ciudad de San Francisco y la región desde hace 14 años. Como parte de su plan regional de desarrollo de infraestructura, la empresa ha desplegado redes FTTH en ciudades de Santa Fe como Frontera, San Cristóbal, Sauce Viejo y, próximamente, en Josefina, en Concepción del Uruguay y Basavilbaso, en Entre Ríos, así como en Santo Tomé, en Corrientes.

La falta de competencia entre proveedores de conectividad por fibra óptica le quita a los habitantes de San Francisco la posibilidad elegir, y eventualmente cambiar de proveedor de internet, situación que por sí misma tiene un efecto positivo en los precios y la calidad de los servicios. Con decisiones que van a contramano de lo que buscan las ciudades en materia de conectividad e infraestructura, y al más obvio sentido común, las autoridades municipales bloquean el ingreso de otros proveedores, consolidando el monopolio existente y perjudicando a los habitantes de la localidad.

En el municipio de San Francisco, al igual que en muchas otras localidades del país, existe una gran problemática en relación a las demoras y trabas para obtener permisos de obra de quienes tienen el control de ese recurso, en muchos casos actuando como un monopolio de la infraestructura pasiva existente, obstaculizan su uso compartido, algo que se traduciría en un mayor desarrollo de internet en el país. Al favorecer las condiciones para el avance de las obras y permitir que todos los actores puedan utilizar el espacio aéreo público existente, se genera una reducción de costos en el despliegue de nueva y más moderna infraestructura, que beneficia directamente a los usuarios, permitiéndoles acceder a servicios de mayor calidad y a mejores precios.

La Suprema Corte de California, en el estado de San Francisco, certificó el carácter de demanda colectiva en el litigio que un grupo de mujeres promueve contra Google, acusándolo de disparidad salarial.

El juez Andrew Y. S. Cheng otorgó una moción a favor de las cuatro demandantes principales para que representen a 10 mil 800 mujeres, quienes sostienen que la empresa tecnológica les paga menos a ellas que sus pares hombres por hacer el mismo trabajo.

Hace casi un año, en julio de 2020, las demandantes presentaron una moción en la corte para que les permitiera proceder de manera colectiva, en nombre de las empleadas que trabajaron en la compañía en California desde el 14 de septiembre de 2013 al presente.

Google y su equipo de abogados intentaron convencer al tribunal de rechazar el estatus de demanda colectiva, e incluso de desestimar el proceso. Sin embargo, el juez determinó que la demanda cumple con las condiciones de numerosidad, comprobabilidad, comunalidad, predominio y suficiencia para considerarla como colectiva.

Las cuatro mujeres ―Kelly Ellis, Holly Pease, Kelli Wisuri y Heidi Lamar― reclaman que Google incurrió en una discriminación sistemática y generalizada de salarios y promociones contra sus trabajadoras en California, pagándoles miles de dólares menos que sus contrapartes masculinos.

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Para las demandantes, su litigio está abriendo nuevos caminos en el sector de tecnología, ya que busca abordar dos prácticas perniciosas: la subestimación de las mujeres en relación con los hombres contratados, y el uso de la información salarial anterior de los candidatos para fijar su tasa de pago, algo que las deja a ellas en desventaja porque históricamente se les retribuye menos.

A Google se le acusa de violar la Ley de Igualdad de Pago y la Ley de Competencia Desleal, al retribuir de manera desigual principalmente a las mujeres que contrató como ingenieras de software en los últimos siete años.

Pero la gigante tecnológica lo niega. En un comunicado, dijo a Bloomberg que ha realizado análisis durante los últimos ocho años para garantizar que los salarios, bonificaciones y recompensas por acciones sean justos para mujeres y hombres.

Se espera que el caso llegue a juicio en 2022, y las demandantes podrían obtener 600 millones de dólares en daños.

Ciudadanos de San Francisco, California, están cansados de que las calles se utilicen como campo de pruebas de las compañías tecnológicas que desarrollan dispositivos de entrega y aplicaciones de transporte; ahora, las compañías tendrán que solicitar un permiso antes de probar sus innovaciones tecnológicas en público.

Siendo la primera de su tipo en Estados Unidos y aprobada por unanimidad, la Oficina de Tecnología Emergente servirá como una ventanilla única para empresarios que quieran probar sus productos en San Francisco.

“Apoyo la innovación y la tecnología, pero nuestros residentes no son conejillos de indias, y nuestra infraestructura pública no es un juego para todos”, dijo Norman Yee, presidente de la Junta de Supervisores que presentó la legislación.

Asimismo, Yee dijo que los aerodeslizadores, drones de entrega y los dispositivos de recolección de paquetes en aceras u otra infraestructura pública estarán sujetos a regulación.

A Yee se le ocurrió la idea de la regulación hace casi dos años, después de que aprobó con éxito la legislación que exige que las empresas obtengan permisos para probar los robots de entrega. La idea ganó más urgencia después de que cientos de scooters sin muelle aparecieron en las aceras de la ciudad en 2018, proporcionando un paseo divertido para algunos, pero irritación para otros obligados a esquivarlos.

San Francisco se convertirá en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir el uso de software de reconocimiento facial por parte de la policía y otros departamentos de la ciudad, así lo decidieron los supervisores después de una votación realizada este martes.

Esta acción coloca a San Francisco a la vanguardia de un gran descontento en Estados Unidos por el uso de esta tecnología por parte de las agencias gubernamentales.

Aaron Peskin, supervisor de la ciudad, dijo que “el objetivo es proteger a los grupos marginados” que pueden ser afectados por esta tecnología y prevenir abusos por parte de las autoridades.

• Reconocimiento facial bajo la lupa de reguladores y grupos de defensa de EE.UU.

Un ejemplo es Amazon, que desde el año pasado comenzó a vender su software a la policía. Una investigación encontró que su sistema detectaba mayormente a personas de piel oscura, lo que provocó temor por arrestos injustificados.

Grupos civiles y empresas como Microsoft han declarado su preocupación por la comercialización de esta tecnología pidiendo su regulación, lo que se tomó como un impulso para su prohibición en San Francisco.

La prohibición será definitiva después de una segunda votación programada para la próxima semana y aún requiere que los departamentos de la ciudad establezcan políticas de uso.

La legislación se aplicará sólo a la policía de San Francisco y otros departamentos municipales. No afecta el uso de esta tecnología por parte del gobierno federal, aeropuertos, puertos, así como al uso personal o comercial.