“¡Buenos días! Y si no los veo, buenas tardes y buenas noches”, saluda Truman Burbank dando inicio a la icónica The Truman Show. Todavía no percibe que toda su vida es transmitida en vivo las 24 horas a través de miles de cámaras escondidas dentro de una ciudad, su ciudad, que en realidad es un set de grabación, responsable del programa más visto de todos los tiempos.

En la ficción y en la realidad han ocurrido desde 1998 —año de estreno del film— hasta ahora más cambios tecnológicos y culturales que los que podrían mencionarse en un único texto, pero se intentará abordar uno en particular: la evolución de la vigilancia masiva, sus casos más resonantes y la lucha para que la tecnología no sea aliada de malas prácticas que pongan en riesgo los derechos básicos de las personas.

Vigilancia masiva

La vigilancia masiva consiste en el monitoreo, en el seguimiento a gran escala de la población, a través de la recolección de datos con uso de la tecnología; también se puede dar a través del seguimiento de las comunicaciones de las personas.

Hay distintos formatos en los cuales puede incorporarse, pero todos ellos tienen el potencial de atentar contra los derechos humanos, ya sea a partir de algo básico como el desconocimiento de las personas de las tareas realizadas en su entorno, por el uso indiscriminado de datos sin autorización e incluso por errores producto de arbitrariedades o malas interpretaciones de la realidad.

Todos estos puntos contrastan con la premisa de quienes justifican iniciativas de este tipo: el concepto de seguridad nacional y los mecanismos para defenderla deben contemplar, sin atenuantes, el resguardo de los derechos de las personas.

“Nuestra postura es que se desactiven estos sistemas”, respondió a DPL News la abogada y especialista en la materia, Francia Pietrasanta, quien desempeña funciones como oficial jurídica en Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Desde 2014, R3D, como se le conoce a la organización, desarrolla y aplica estrategias de investigación, incidencia y comunicación y litigio estratégico para “asegurar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, la no discriminación, el acceso a las tecnologías de la información, al conocimiento y a la cultura libre”.

Funciona en México y, al mismo tiempo, presenta acuerdos de escala internacional y participa de foros de interés en todo el mundo.

Reconocimiento facial

Una cámara en la vía pública puede ser utilizada por los gobiernos como forma de control, sí, aunque su impacto en los derechos de las personas tiene, en general, un potencial menor que en las alternativas de reconocimiento facial.

Estas otras “ponen en riesgo muchos derechos a la vez”, indicó Pietrasanta, y detalló algunos: “derechos digitales, a la privacidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, incluso al debido proceso por su uso para detenciones arbitrarias resultado de sesgos, tanto en quienes crean los sistemas como por bases de datos entrenadas con cierto tipo de rostros”.

Entonces, ¿qué es el reconocimiento facial? Se trata de una tecnología de identificación biométrica que, a partir de ciertos rasgos característicos del rostro, busca establecer la identidad de una persona.

Es menos precisa que otras, como la lectura de huellas dactilares, pero no requiere contacto físico, lo que permite su despliegue, por ejemplo, en el espacio público con fines de vigilancia a gran escala y sin que quienes están siendo sujetos a su escrutinio sean necesariamente conscientes de ellos, inicia el documento Reconocimiento facial en América Latina, presentado por la organización de derechos digitales AlSur, de la que R3D es parte.

El mecanismo depende de tres sistemas: una forma de capturar imágenes, un software para analizarlas y una base de datos para hacer la comparación. En sus tres componentes hay peligro de arbitrariedad.

El informe mapea 38 iniciativas de uso de reconocimiento facial en nueve países de América Latina. Del total, 22 se encontraban activos al momento de la publicación (2021), cinco fueron desactivados por orden judicial o fallas y el resto estaban en etapas de piloto o proceso de implementación. “El 60 por ciento de ellos no tiene base legal específica que la avale”, expuso Pietrasanta.

Algo más: la mayoría del porcentaje restante está compuesto por normativas que no refieren específicamente la utilización de reconocimiento facial o datos biométricos, sino que se trata de una “interpretación amplia de normativas referidas al uso de otro tipo de tecnologías que se quieren analogar al reconocimiento facial con argumentos dudosos o facultades específicas que podrían cumplirse mediante la utilización de reconocimiento facial”, analiza el reporte.

Entre las propuestas de reconocimiento facial que han sido incorporadas en América Latina, figuran en el informe un sistema puesto en marcha para el Tigre NeoCenter, en la localidad homónima de Buenos Aires, en Argentina; otro para el metro de São Paulo, en Brasil; un sistema para la televigilancia de la municipalidad de San Joaquín, en Chile; pruebas de implementación de cámaras de reconocimiento facial en Bogotá, Colombia, y la contratación de la china Dahua para la implementación de un sistema de videovigilancia en el estado de Coahuila, en México.

Fuera de la región, en tanto, Pietrasanta consideró que “Estados Unidos es un ejemplo para decir que esto no sirve, porque se produjeron casos de personas afrodescendientes utilizando sistemas arbitrarios”.

También mencionó como caso de análisis el del Reino Unido y, principalmente, China, donde “incluso se condiciona el acceso a servicios públicos a la entrega de datos biométricos”, como reconocimiento facial, huella dactilar y otros.

En ninguno de estos casos, claro, la responsabilidad no es de la tecnología sino de cómo se utiliza: “No estamos en contra de la tecnología. Tiene que servir para eficientizar tareas, no para amplificar y hacer perpetuas las brechas que han existido siempre”, cerró.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe hacer públicos los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en México, exigieron diversas organizaciones civiles en una carta enviada al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Se trata de los Proyectos de Resolución de las acciones de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, y de la Controversia Constitucional 71/2021 promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por diversos senadores integrantes de la LXIV Legislatura y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), respectivamente, exige la carta.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, es urgente transparentar dichos documentos, ya que se trata de un tema con “graves, inminentes y potencialmente irreversibles riesgos” si se crea un padrón celular que contempla la recopilación de datos biométricos.

“Sin perjuicio de que quienes suscribimos esta carta no tenemos ningún elemento para dudar de la integridad y honestidad de los impartidores de justicia que han resuelto y resolverán las demandas relacionadas al Panaut, no se puede soslayar el impacto, real o percibido, de estos actos de intimidación, como los que han emprendido el Presidente de la República y otros funcionarios para minar la independencia y autonomía de la judicatura, lo cual obliga a este PJF (Poder Judicial Federal) a privilegiar la transparencia de sus deliberaciones y decisiones en este asunto.

“Por ello, las organizaciones que suscribimos esta carta reiteramos nuestra solicitud de que los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional mencionadas sean publicadas con suficiente anticipación a su discusión por parte del Pleno, de manera que los argumentos presentados por organizaciones de la sociedad civil por vía de Amicus Curiae sean considerados oportunamente y la SCJN se encuentre en una mejor posición para resolver un asunto de enorme trascendencia para la vigencia de los derechos humanos en México”, dice la misiva.

Las organizaciones recordaron que a raíz de las decisiones del Poder Judicial Federal en este asunto, se emprendió una campaña pública de hostigamiento desde el gobierno federal en contra de jueces encargados de procesar las demandas de amparo, incluyendo campañas de desprestigio en conferencias de prensa y la utilización del aparato del Estado para investigar al personal judicial.

Algunas de las organizaciones firmantes son la Red en Defensa de los Derechos Digitales; Observatel; Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad; Artículo 19, entre otras.

Una investigación del diario español El País reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) de México, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha adquirido software para geolocalizar teléfonos móviles.

De acuerdo con la investigación, la FGR ha firmado al menos cuatro contratos con la firma Neolinx de México por alrededor de 5.6 millones de dólares entre 2019 y 2020.

El País reveló que Neolinx es una empresa vinculada a la italiana Hacking Team que vendió software para espionaje al gobierno pasado de Enrique Peña Nieto.

Organizaciones defensoras de derechos como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han exigido que se aplique una moratoria por parte de gobiernos para adquirir este tipo de software hasta que exista una regulación.

“Frente a los múltiples abusos documentados alrededor del mundo, sobre todo en contra de personas periodistas y defensoras de derechos humanos, hacemos eco del llamado del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, David Kaye, en torno a la necesidad urgente de una moratoria a la adquisición y uso de estas tecnologías de vigilancia hasta que se establezcan marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos.

“Al respecto, recordamos que desde el año 2018, los relatores de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron a México la aprobación de una serie de reformas legislativas, con el fin de garantizar controles judiciales a la vigilancia, la transparencia del uso de estas herramientas y el debido proceso para aquellos que hayan sido objetivos de las mismas. En este sentido, reiteramos nuestra disposición para colaborar en la pronta implementación de la recomendación para emprender una reforma al marco legal que regule la compra y utilización de herramientas de vigilancia gubernamental”, señalaron las organizaciones mencionadas en un comunicado conjunto publicado el 29 de octubre de 2019.

De acuerdo con la publicación de El País, accedieron a varios informes del órgano interno de control de la FGR en donde se menciona la celebración de cuatro contratos que detallan, por ejemplo, que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) firmó uno el 30 de mayo de 2019 por 2.4 millones de dólares.

La investigación del diario español advierte que, aunque no es ilegal adquirir este tipo de software y que las instituciones públicas, en este caso la FGR, argumentan que el uso de estos programas es para combatir a la delincuencia organizada, los programas podrían ser utilizados en casos donde se violen la privacidad y el derecho a la presunción de inocencia.

Detalló que otro de los contratos con Neolinx fue firmado por la Policía Federal Ministerial para adquirir  “Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos”. Dicho contrato en 2019 fue por un pago de 1.7 millones de dólares.

El Universal Carla Martínez

Una juez resolvió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe emitir los lineamientos para la neutralidad de la red como respuesta a un amparo interpuesto por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“La jueza ha concedido a R3D como quejosa con interés legítimo el amparo que obliga al IFT a emitir los lineamientos para proteger la neutralidad de la red en un tiempo breve razonable, previa consulta pública”, dijo Luis Fernando García, director de R3D.

En conferencia de prensa, informó que la jueza segunda de Distrito Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió el 14 de agosto pasado un amparo a favor de la organización que obliga al regulador a emitir estos lineamientos que son indispensables para que las empresas que ofrecen el servicio de internet no lleven a cabo prácticas contrarias a los derechos y libertad de expresión, competencia, innovación y pluralidad.

“Durante el desarrollo del juicio, el IFT afirmó que no está obligado a emitir los lineamientos, pues consideró que se trataba de una facultad discrecional”, destacó García.

El regulador fue contactado, pero no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El director de R3D indicó a EL UNIVERSAL que desconoce las razones por las que no se han emitido los lineamientos, pero cree que puede tratarse de presiones de la industria que prefiere no estar regulada, y ante la cual el IFT no tiene mecanismos para verificar el cumplimiento de los principios de la neutralidad de la red.

“Sobre todo, en un país donde tenemos un actor dominante que además tiene sus propios productos y servicios en internet, es sumamente peligroso que no existan protecciones a la neutralidad de la red, porque se incentiva que el actor dominante en telecomunicaciones también use esa posición para favorecer sus servicios”, dijo García.

A cinco años de que entrara en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT no ha cumplido con el artículo 145 donde se menciona que el regulador expedirá lineamientos para proteger la neutralidad de la red.

El director de la organización comentó que el IFT no ha realizado la consulta pública contemplada en la ley aunque la ha programado en sus planes de trabajo y calendarios de consultas públicas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

García estima que el instituto interpondrá algún recurso, ya que durante el juicio argumentó que no está obligado a emitir estos lineamientos, además de indicar que es un tema complejo y no hay consenso a nivel internacional.